Carles Mundó era consejero de Justicia cuando se produjo el seudoreferéndum del 1 de octubre de 2017. Señal Pool.
Mundó incide en que cuando se convocó el referéndum del 1 de octubre de 2017 el Constitucional no lo había suspendido
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21/2/2019 06:15
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Actualizado: 22/2/2019 14:56
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El exconsejero de Justicia, Carles Mundó, incidió ayer, durante su declaración ante el tribunal del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, que cuando el 6 de septiembre de 2017 él firmó el decreto de convocatoria del referéndum, junto con el resto del Govern de Carles Puigdemont, la ley que lo sustentaba «formaba parte del ordenamiento jurídico» de Cataluña porque aún no había sido suspendida.
El tribunal de garantías, que ya había dejado actuado contra resoluciones anteriores del Parlament se reunió de urgencia al día siguiente y dejó en suspenso la convocatoria.
Mundó, el segundo acusado en libertad en declarar en este juicio, se enfrenta a una pena de 7 años de cárcel por los delitos de desobediencia y de malversación de fondos públicos.
Al igual que antes la exconsejera Dolors Bassa, rompió con la estrategia de mandatarios de ERC como Oriol Junqueras y Raül Romeva y sí contestó al representante de la Fiscalía, que en este caso fue Javier Zaragoza.
Lo importante, según Mundó, es lo que el Govern realizó tras la suspensión de la convocatoria.
Aseguró que él respetó todos los requerimientos del Tribunal Constitucional y no realizó ninguna acción relacionada con el referéndum desde el momento en el que fue suspendido.
«No me haga responsable de interpelar a mis compañeros, solo soy responsable de mis actuaciones», respondió a Zaragoza.
El exmandatario catalán también dijo desconocer la existencia del documento «Enfocats» -la hoja de ruta secreta del independentismo incautada al que fuera número dos del exvicepresident Oriol Junqueras, Josep María Jové-, cuyo contenido, una vez tuvo acceso a él en la causa, ha calificado de «absolutamente estrambótico».
NO HA CONTESTADO A ALGUNAS PREGUNTAS
A lo largo de su interrogatorio, el exconsejero de Justicia eludió responder a varias de las preguntas del fiscal, referidas al contenido de la ley de Transitoriedad para la república catalana, alegando que dichas preguntas no tenían ninguna relación con los delitos concretos de los que se acusa.
Otras preguntas rechazadas se refirieron al contenido de varios ‘tuits’ que Mundó publicó sobre las concentraciones frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y la consulta del 1 de octubre.
En relación con la malversación, Mundó aseguró que el Govern como tal no es un «organismo de contratación», ya que éstas las realiza cada Departamento (Consejerías) mediante un proceso que dura como mínimo unos 45 días y bajo la supervisión de un grupo de al menos veinte funcionarios, a los que se sumaban en dicho momento controles adicionales desde el Gobierno central.
En este punto, Mundó manifestó que el referéndum «no se sufragó con dinero público» y que «está acreditado sin ninguna duda» que las facturas intervenidas en la empresa Unipost -encargada supuestamente del reparto de material para la consulta- «nunca se pagaron».
MARATÓN DE 9 HORAS
La extensión de la sesión del juicio de este miércoles, en el momento en el que se superaban las nueve horas, motivó la intervención del abogado del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, que pidió su interrupción dado que la declaración de su cliente está prevista para mañana jueves y debe despertarse en prisión a las 6.00 horas.
Marchena respondió que el tribunal quiere garantizar el derecho de los acusados a un proceso sin dilaciones para que el juicio no se alargue durante muchos meses y, seguidamente, dio la palabra a la abogada del Estado para que comenzara a interrogar a Mundó.
En ese momento pasaban las nueve y cuarto de la noche.
En respuesta a los Servicios Jurídicos del Estado, representados por la jefa de lo Penal de la Abogacía, Rosa María Seoane, Mundó reconoció que votó el 1-O y que su preocupación en ese momento era que no se gastara dinero público en la consulta, extremo que no tuvo lugar. E
sta era la interpretación que Mundó señaló que hizo de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional.
EXCONSEJERA DE GOBERNACIÓN
La exconsejera de Gobernación de Cataluña, Meritxell Borrás, que depuso antes que Mundó, admitió, por su parte, que suscribió el decreto de convocatoria de referéndum de independencia del 1-O a pesar de que su firma no era necesaria por considerar que la rúbrica de todo el Govern era «un gesto o símbolo» de que iban a responder a la voluntad popular.
«Era más una imagen de compromiso que una voluntad de gastar dinero público», puntualizó.
Borrás es la séptima encausada en responder ante el Tribunal, pero la primera que lo hace en situación de libertad. La Fiscalía solicita para ella un total de 7 años de cárcel y a diferencia del resto de exlíderes independentistas que han declarado hasta este miércoles no se le acusa de rebelión, sino de desobediencia y malversación de fondos públicos.
En un momento de la declaración, el fiscal ha recordado a la exconsejera la lectura en el Parlament, durante el acto de Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017, del «preámbulo» de las propuestas de resolución que se votaron ese día.
«Era lo que se había firmado por parte de los diputados, pero también es verdad que un preámbulo no obliga a nada ni establece a nada»; ha respondido Borrás, que momentos después ha afirmado que la DUI fue «una expresión política que no tenía consecuencias jurídicas».
La exconsejera de Gobernación, Meritxell Borrás. Pool.
GASTOS CERO EN EL 1-O
Ante las numerosas preguntas del fiscal Jaime Moreno, Borrás reiteró en varias ocasiones que la firma del decreto de convocatoria del referéndum no implicaba que se fuese a gastar «ni un euro» del departamento que dirigía para esa consulta, y ha añadido que está convencida de que «tampoco se usó en otros departamentos».
Moreno dijo no entender el razonamiento, por lo que preguntó a la acusada «cómo iban a correr con los gastos del referéndum» que estaban convocando si el Tribunal Constitucional había anulado las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a consultas y ella misma asegura que la intención del Govern era cumplir ese mandato.
«La firma del decreto era la muestra de una voluntad política»; «Dinero público no. No se usó para el referéndum y esta era una clara voluntad del Gobierno»; «El decreto era más por dar esa imagen de compromiso del conjunto del Gobierno que no la voluntad de gastar dinero público», han sido algunas de las respuestas que ha dado Borrás ante las numerosas preguntas del fiscal sobre este asunto.
Sobre la advertencia del Constitucional de impedir y paralizar cualquier acción relacionada con el 1-O, Borràs hizo una extensa explicación sobre la situación en la que se encontraba su Departamento, el cual estaba ultimando un acuerdo marco para tener empresas seleccionadas para el encargo de material electoral.
En este sentido, rechazó que tuviese alguna relación con el referéndum, pese al «ruido de fondo» que había al respecto.
En esta línea, afirmó con rotundidad que no se «compró las urnas», pues este contrato marco finalmente quedó «desierto» porque ninguna de las empresas que se presentaron cumplía los requisitos.
Aún así, Borràs contó que coincidiendo con ese proceso tuvo conocimiento de que se presentó una querella contra ella, por lo que decidió consultar al preguntar al tribunal de garantías si su gestión era correcta, quien le contestó que este tipo de acuerdos se podía hacer en el marco de proceso electoral.
Posteriormente, a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, apuntó que con la remodelación del equipo de Carles Puigdemont en julio de 2017, su departamento «perdió» la gestión de los procesos electorales y se ha desvinculado de la organización de la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional.
VOLUNTAD DE ACUERDO CON EL GOBIERNO
Borras explicó que ella siempre entendió que había un «conflicto político» y que el Govern siempre tuvo «voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno español».
«Teníamos además un mandato del Parlament, con mayoría absoluta, y ahí había una voluntad de solucionar una cuestión política a través de la política. Pero como dijo el vicepresidente Junqueras, sin nadie en la otra silla», remarcó.
A preguntas de su abogada, Judit Gené, Borrás se emocionó y llegó a verter algunas lágrimas frente al tribunal al recordar que la razón por la que estuvo unos días ilocalizable para recibir los primeros requerimientos en los que el Tribunal Constitucional advertía de posibles incumplimientos de sus suspensiones por parte del Govern.
Manifestó que ello se debió a la muerte de su padre y que nunca puso ningún reparo a recibirlos.
En ese momento intervino el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para decirle a la acusada que la sesión podría pararse si ella lo necesitaba, si bien la exconsejera rechazó el ofrecimiento y siguió declarando.
DOLORS BASSA: LA LEY DEL REFERÉNDUM FUE UNA COPIA DEL ACUERDO ENTRE REINO UNIDO Y ESCOCIA
La exconsejera catalana de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa, que declaró antes que los anteriores, dijo, durante su declaración en el juicio por el proceso independentista, que impulsaron la ley de transitoriedad, una de las denominadas normas de desconexión, con el objetivo de «tener algo preparado» en caso de que la Generalitat lograse llegar a un acuerdo con el Estado.
Incluso llegó a decir que el expresident Carles Puigdemont afirmó públicamente que la fecha y la pregunta del referéndum podrían ser modificadas «porque hasta el último momento» el Govern consideró la posibilidad de abrir un diálogo y alcanzar un acuerdo.
La ley de transitoriedad fue aprobada por el Parlament junto con la ley de referéndum los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y, según explicó Bassa, se hizo inspirada en el programa electoral de Junts pel Sí, que a su vez estaba «copiado» del acuerdo entre Reino Unido y Escocia para la celebración de un referéndum de independencia.
La acusada, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación, dijo que nadie en el Govern consideró que esta ley incumplía los mandatos que ya había dado el Tribunal Constitucional con resoluciones anteriores.
De hecho, subrayó que ni siquiera hablaron sobre el tema y que no sabían que el tribunal de garantías también «suspendería» esta norma.
Así lo afirmó Bassa en respuesta a las preguntas del fiscal Fidel Cadena, desmarcándose así de la estrategia de defensa que hasta ahora han seguido los acusados de ERC, Oriol Junqueras y Raül Romeva, quienes en sesiones anteriores del juicio han optado por no contestar a ninguna de las acusaciones.
La exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, durante su declaración. Pool.
NI ENFOCATS NI HOJA DE RUTA
Como los cinco acusados que declararon anteriormente, la exconsejera aseguró que no conocía el documento Enfocats, que marcaba el proceso independentista.
En lo que sí se ha diferenciado del resto es en que tampoco sabía de la hoja de ruta marcada antes de las elecciones de 2015, ya que entonces no estaba en política y sólo conoció el proyecto de Junts pel Sí cuando se unió a las listas, al estar de acuerdo con el programa electoral.
Lassa reconoció que recibió cinco o seis requerimientos del Tribunal Constitucional y que a partir del que suspendía la ley de transitoriedad «no hizo nada para no cumplir» esas resoluciones.
Sin embargo, justo a continuación defendió que el Govern continuó organizando el referéndum del 1 de octubre porque todos entendían que «no era delito».
Para la acusada, lo que tuvo la Generalitat esos días de 2017 fue un «conflicto de competencias» con el Constitucional y, aunque no ha cuestionado la «utilidad» del tribunal de garantías, mencionó que la Carta Magna tiene «miradas más amplias» y puede ser interpretable en muchos aspectos.
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