El magistrado del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha acordado la puesta en libertad condicional de los presos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno, que son pareja y fueron trasladados el pasado verano desde la prisión de Asturias a la de Basauri (Vizcaya) con la autorización del Ministerio del Interior.
El acercamiento se justificó en agosto de 2018 por arraigo familiar, en la que fue la primera decisión en política penitenciaria de Fernando Grande-Marlaska tras su llegada en junio al Ministerio del Interior.
El tercer grado de Olga Sanz fue aprobado cuando gobernaba el Partido Popular.
Según ha adelantado ‘El Correo’, el juez autorizó hace un mes la libertad de ambos teniendo en cuenta que han renunciado a la violencia, han pedido perdón a las víctimas y han mostrado su voluntad de colaborar con la Justicia.
El juez justifica que ambos presos de ETA tienen «buena conducta y un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social», según informan a Europa Press fuentes jurídicas.
A ambos les había sido concedido el tercer grado tras cumplir tres cuartas partes de sus penas y rechazar el uso de la violencia.
La decisión ha sido respaldada por la Fiscalía y la Junta de Tratamiento.
Covite vigilará que no haya ‘trato de favor’ a los presos de ETA al aplicárseles el ‘protocolo Marlaska’
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ya avisó que vigilaría que no haya «trato de favor» a los presos de ETA al aplicárseles el denominado ‘protocolo Marlaska’ que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha para facilitar la excarcelación de reclusos “con enfermedades muy graves con pronóstico incurable”.
La población reclusa actual en España es de más de 58.000 presos, de los cuales aproximadamente 225 son de ETA.
Explicaba Covite que no tiene nada en contra de este protocolo, pero que «el Gobierno debe demostrar a las víctimas del terrorismo que no lo ha puesto en marcha para beneficiar exclusivamente a los presos de ETA».
Afirma que «la única forma» que tiene el Ejecutivo de probar que este protocolo se ha puesto en vigor «por razones de estricta humanidad» es aplicándolo primero a los miles de presos comunes que puedan acogerse a él, siendo los etarras los últimos en beneficiarse».
Condenados por participar en un ‘talde’
Sanz y Moreno son pareja y padres de una niña pequeña.
Aunque no tienen delitos de sangre, la Audiencia Nacional les condenó en 2002 a 71 y 74 años, respectivamente, por participar en un ‘talde’ que planeó, entre otros atentados, el intento de asesinato del exconsejero del Interior del Gobierno vasco, Juan Mari Atutxa, y del entonces presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz.
El pasado 19 de febrero el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria concedió el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad a otro histórico preso de ETA, Kepa Pikabea Ugalde, uno de los beneficiados por la conocida ‘vía Nanclares’ de reinserción.
La decisión se adoptó en contra de sendos acuerdos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior de enero y marzo de 2018, cuando aún gobernaba el PP.
