La familia Franco ha informado al Gobierno que va a recurrir ante el Tribunal Supremo la orden para exhumar a Franco que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, y que va a pedir su suspensión cautelar hasta que el tribunal se pronuncie.
Los nietos de Franco han enviado un escrito al Ejecutivo, a través de su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, en el que le explican que pedirán la «suspensión cautelar» del acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza la ejecución de la exhumación, al considerarlo «nulo de pleno derecho».
Por ese motivo, la familia advierte de que no atenderá la petición que el Gobierno hace en ese acuerdo para que los nietos de Franco elijan un lugar de enterramiento para los restos de su abuelo alternativo a la cripta de la catedral de La Almudena, donde poseen una sepultura a perpetuidad.
La familia se ratifica en que, si el Supremo avala la exhumación, los restos deben ser llevados a La Almudena, una ubicación que el Gobierno rechaza alegando riesgos para la seguridad y el orden público.
«Sólo en el hipotético caso» de que el Supremo, además de avalar la exhumación, también reconociera el derecho del Gobierno de vetar la elección del nuevo lugar de enterramiento por parte de la familia si no la considera idónea, los nietos accederán a elegir un lugar distinto a la cripta de La Almudena, pero después de que el Gobierno les conceda «un plazo razonable» para tomar esa decisión.
En cualquier caso, la familia recuerda al Ejecutivo que el Alto Tribunal advirtió el pasado 17 de diciembre al Gobierno que en ningún caso podría ejecutar la exhumación «sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta sala se haya pronunciado al respecto».
Los nietos de Franco destacan que no hay precedentes en la historia de España de «ningún cadáver español respecto del cual el Gobierno imponga o condicione un lugar de inhumación a sus familiares».
Además, señalan que son «absolutamente gratuitas y carentes de rigor alguno» las razones con las que pretende justificar esa «insólita e ilegal» privación del derecho de los nietos a «disponer de los restos mortales de su abuelo».
También dicen al Ejecutivo que los restos de Franco «no son de su propiedad, ni constituyen un bien de dominio público del que el Gobierno pueda disponer a su antojo» puesto que «la única facultad de disposición de los mismos recae en sus familiares directos».
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, manifestó el pasado 30 de octubre que los restos de Franco, una vez sea exhumado del Valle, “no pueden enterrarse en la cripta de la Catedral de la Almudena porque podría convertirse en un nuevo lugar de enaltecimiento del dictador”.
Hasta entonces, el Gobierno había mantenido que si la voluntad de su familia era enterrarle en el nicho que tiene en la cripta de La Almudena, el Ejecutivo no se podía oponer pero, tras la entrevista que mantuvo Calvo el 29 de octubre con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, esta postura varió.
Calvo dijo que la colaboración de la Iglesia en este tema estaba siendo “absoluta e incuestionable” e incidió en que el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Memoria Histórica, que impide que Franco acabe en un lugar donde pueda ser enaltecido.
Poco después, el portavoz del Vaticano, Greg Burke, precisó en un comunicado que durante la reunión entre el secretario de Estado del Vaticano y la vicepresidenta del Gobierno, Parolin “en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la exhumación”, aunque vio “oportuna” la solución de explorar otras alternativas al entierro en La Almudena a través del diálogo con la familia.
El Gobierno aboga porque sea enterrado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), donde la familia tiene un panteón y descansan los restos de su mujer, Carmen Polo. Sin embargo, Francis Franco, nieto de Francisco Franco, ya dijo el pasado verano que la familia no contempla enterrarlo allí por motivos de seguridad.
Noticias relacionadas:
Tramitan hasta 17 causas sobre la suspensión cautelar de la licencia para exhumar a Franco
La Fundación Francisco Franco alega que no se le puede exhumar con una ‘Ley de caso único’
