El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, expresó ayer el apoyo de España a la futura Directiva europea de protección a los denunciantes de corrupción («Whistleblowers», en inglés), que en estos momentos está en fase de negociación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea.
Dolz hizo público la adhesión española en el marco del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), celebrado en Bruselas.
«Nuestro país apuesta por un sistema de protección simple y eficaz para que su aplicación genere confianza en el denunciante. Asimismo, es partidario de que sea el propio interesado el que elija utilizar los canales internos de su organización para hacer llegar la denuncia o acudir a canales externos a la misma», dice un comunicado del Ministerio de Justicia.
Un estudio llevado a cabo por la Comisión ese mismo año de 2017, estimó que la falta de protección de los “whistleblowers” solo en el campo de la contratación pública está provocando unas pérdidas, en la Unión Europea en su conjunto, de entre 5.800 y 9.600 millones de euros.
