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El fiduciario de Zaplana en Uruguay declaró haberle entregado 2,3 millones en siete años, principalmente en 2016 y 2017

Fernando Belhot admitió haber administrado unos ocho millones de euros ingresados en distintas etapasZaplana ha atendido a los periodistas tras acudir por segundo lunes consecutivo a firmar en el juzgado de guardia de Valencia, desde su puesta en libertad provisional el 7 de febrero. Foto: EP
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Fernando Belhot, asesor financiero o fiduciario en Uruguay del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, declaró este pasado mes de enero como testigo a través de videoconferencia desde su país, dentro de la investigación por el caso Erial.

Admitió haber administrado unos ocho millones de euros ingresados en distintas etapas y haber entregado al exjefe del Consell unos 2,3 millones a largo de los siete años de «colaboración» mantenida con él, la mayoría de ellos entre 2016 y 2017.

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Así consta en el sumario del caso Erial, al que ha tenido acceso Europa Press, que incluye un escrito de Fiscalía Anticorrupción sobre esta declaración en la que se indica que Belhot mostró su interés en colaborar para esclarecer los hechos y firmó un documento en el que manifestó que gestionó como abogado parte del patrimonio de Zaplana en el extranjero a través de los investigados Joaquín Miguel Barceló (considerado su presunto testaferro) y Francisco Grau (asesor).

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La juez del caso Erial imputa a una hija y al yerno de Zaplana por presunto blanqueo de capitales

La juez que instruye el caso Erial, en el que está investigado el expresidente valenciano Eduardo Zaplana, ha incluido en la causa como imputados a una de las hijas del exministro, María Zaplana, y a su marido, por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según han informado fuentes conocedoras de la citación, el principal motivo por el que han sido imputados está relacionado con el alquiler de la vivienda en la que Zaplana dormía cuando se trasladaba a Valencia para recibir tratamiento en el Hospital La Fe por la leucemia que padece.

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Indican que la titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez Guerola, tiene sospechas sobre los pagos de este piso, en el que fue detenido Zaplana en mayo del año pasado, y cuya contratación, al parecer, efectuó María Zaplana.

El fiduciario se mostró dispuesto a poner a disposición de las autoridades españolas 6,7 millones de euros ocultos en el extranjero y señalar los 3,3 millones distribuidos en diferentes propiedades.

La magistrada instructora del caso Erial dejó en libertad a Zaplana y a sus dos presuntos testaferros una vez aseguró esa cantidad de dinero que tenían en el extranjero –con su bloqueo, lo que minimizaba el riesgo de fuga–.

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ZAPLANA, FIGURA «PROTAGÓNICA»

En su declaración, Belhot explicó que conoció a Zaplana en 2009 y que le pareció una persona interesante con «contactos a nivel internacional» y que le habló tanto de Barceló como de Grau.

Comentaron que este último había montado una estructura societaria en España y Luxemburgo llamada Imison Internacional, de la que hubo posteriormente un traspaso a dos sociedades uruguayas, Disfey y Misfey. Ese traspaso lo decidió Zaplana, sobre quien Belhot dijo que llegó a darse cuenta con el tiempo de que era la figura «protagónica».

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De hecho, le acabó preguntando directamente si tenía algo que ver con las empresas y él le reconoció que tenía «la mayoría», mientras que los otros dos solo «una pequeña cantidad» y que no había querido aparecer como titular de los activos financieros.

Esto último fue porque «había sido una persona con actividad pública muy importante, presidente de la Comunidad Valenciana, miembro del PP, era empresario de éxito, con un patrimonio personal y familiar importante y que no quería exponerlo públicamente y por eso no quería comparecer».

Belhot cree que Barceló era el testaferro de Zaplana y que tenía una sociedad panameña llamada Adua con activos en la Banca Privada de Andorra (BPA), en los que le habían hecho «una gestión espantosa» y había invertido un 60% en un banco griego que quebró.

Además le pidió que certificara el origen del dinero que tenía en esa entidad y que había traspasado a la sociedad Vasley, del despacho del testigo.

Fue Zaplana también quien le instó a que hablara con el abogado Saturnino Suanzes, con quien se reunió en Barcelona, y que le pidió que si esa sociedad podía emitir un documento que aclarara que Barceló no tenía relación con esa empresa, aunque él lo vio muy difícil por la «histeria colectiva» que había en ese momento por los conocidos como papeles de Panamá.

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TODOS LOS ACUERDOS FUERON VERBALES

El testigo explicó que comenzó a administrar 7.955.000 euros ingresados en distintas etapas, parte en una cuenta en Suiza y con inversiones en distintos activos financieros.

Asimismo, daba «puntual» noticia a Zaplana –con quien todos los acuerdos fueron verbales– y hablaba con él unas tres o cuatro veces al año. La rendición de cuentas era «verbal» porque el exministro «nunca quiso tener constancia por escrito».

Según su declaración, el 90% del dinero que le envió a Zaplana lo recibió en Madrid su secretaria (investigada en la causa), a quien se lo entregaba «algún contacto con el exterior, o incluso algún amigo o chofer».

A lo largo de los siete años de colaboración calcula que le hizo llegar 2,3 millones de euros, principalmente entre 2016 y 2017 y recibiendo con posterioridad de Zaplana una llamada diciendo que «todo había sido conforme».

«PREOCUPACIÓN POR EL ASUNTO DE IGNACIO GONZÁLEZ»

Asimismo, declaró que el expresidente valenciano buscaba «la inmediatez del dinero, para poder utilizarlo sin que estuviera invertido» y aseguró que el exministro tenía «preocupación y nerviosismo» por «el asunto de Ignacio González –expresidente de la Comunidad de Madrid–«.

Según su testificación, no tuvo contacto con ningún miembro de la familia Cotino ni con la exdiputada del PP Elvira Suanzes, ni tuvo relación comercial con el yerno del exjefe del Consell.

De igual modo, y aunque él no participó en este caso, recuerda que Zaplana compró acciones de «National Geografic» y unas tierras en Panamá hacia el año 2008. Aunque en el primer negocio afirmó que los que invirtieron allí perdieron dinero, unos 500.000 euros.