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La juez del caso Erial imputa a una hija y al yerno de Zaplana por presunto blanqueo de capitales

Tendría sospechas sobre los pagos del piso de Valencia en el que fue detenido Zaplana en mayo de 2018, y cuya contratación, al parecer, efectuó María ZaplanaZaplana ha reivindicado su inocencia tras quedar en libertad: “Nunca cobre ni un euro en sobornos”, “ni me apropié de fondos públicos”. Foto: EP
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La juez que instruye el caso Erial, en el que está investigado el expresidente valenciano Eduardo Zaplana, ha incluido en la causa como imputados a una de las hijas del exministro, María Zaplana, y a su marido, por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según han informado fuentes conocedoras de la citación, el principal motivo por el que han sido imputados está relacionado con el alquiler de la vivienda en la que Zaplana dormía cuando se trasladaba a Valencia para recibir tratamiento en el Hospital La Fe por la leucemia que padece.

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Indican que la titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez Guerola, tiene sospechas sobre los pagos de este piso, en el que fue detenido Zaplana en mayo del año pasado, y cuya contratación, al parecer, efectuó María Zaplana.

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En el ‘caso Erial’ se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos bajo el mandato de Zaplana en la Generalitat valenciana. 

En la causa también figura como investigada la mujer del exministro, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresidente valenciano, Mitsuko Henríquez. 

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También están procesados, entre otros, el abogado Francisco Grau; el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló; el exdirector general de la Policía y expresidente de Las Cortes Juan Cotino.

La juez Rodríguez Guerola -que instruye este caso a raíz de unos documentos “hoja de ruta” que se intervinieron en el marco de la operación Taula y que tenía en su poder el exgerente de Imelsa y autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent- investiga los presuntos delitos de cohecho continuado, prevaricación, blanqueo de capitales, organización o grupo criminal, asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
Según un auto del 18 de mayo del pasado año, seis días antes de la detención de Zaplana, el origen de los hechos investigados está en la adjudicación de los parques eólicos y de las ITV, con un trato de favor a la empresa Sedesa, de la familia Cotino -Vicente y José-, que acabó con comisiones “pactadas” de más de 10,5 millones de euros a través de Asedes Capital, Pontia Asset Management y Sedesa Inversiones, y que recayeron en las sociedades Imison Internacional, Fenix Investments (luxemburguesas) y Dobles Figuras i Marol.

La juez ha levantado parcialmente el secreto del sumario, con excepción de la parte relativa a las cuentas que atribuye en el extranjero al expresidente de la Generalitat y a dos presuntos testaferros –Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y exalto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM-.

Los tres quedaron en libertad el pasado 7 de febrero, después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora “minimiza” el riesgo de fuga.
El pasado 14 de febrero trascendió que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 10.521.351 euros el montante total de los presuntos sobornos investigados en la ‘Operación Erial’, y que calcula que el grupo Sedesa, vinculado a la familia Cotino, habría obtenido ingresos por más de 86,5 millones de euros con ocasión de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano tras su adjudicación.

En el informe de la UCO y del fiscal anticorrupción al juzgado se detalla que parte de los “sobornos” por las adjudicaciones supuestamente “amañadas” del Plan Eólico Valenciano y de las ITV a Sedesa habrían ido a parar a dos sociedades de Luxemburgo por compraventa de participaciones de sociedades españolas.

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En concreto, 6,4 millones de euros a Imison Internacional (una offshore administrada por Beatriz García Paesa) y 2,18 a Fenix Investiments(sociedad propiedad de Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana y que fue presidente de la mesa de contratación de la adjudicación de las ITV).

Otra parte es el pago de servicios supuestamente prestados abonando entre 2003 y 2011 un total de 1.355.351 euros a la sociedad Dobles Figuras Consultores y 580.000 euros a Imarol SL, sociedad ligada al expresidente de la Generalitat y expresidente de Bancaja.

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Por este pago tanto Olivas como Vicente Cotino fueron condenados a prisión al considerarse que esa factura intentaba documentar una supuesta labor de asesoramiento en la venta por Sedesa a Endesa de su 25% en Proyectos Eólicos.

Asimismo, los investigadores han constatado que parte de ese dinero ha retornado a España de forma “oculta y velada” con la creación de un entramado societario a través de las sociedades Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnos Sylvatica.

En mayo del pasado año, se había acreditado que de los 6,4 millones de Imison Internacional, habían retornado al país 2,9 y quedaban por acreditar el destino de otros 3,5 millones.

En otro informe posterior, la UCO apunta a la posibilidad de que este capital hubiera sido transferido de Luxemburgo a dos sociedades de Uruguay, relacionadas con tres supuestos testaferros. Y asimismo, se presume de la existencia de dinero en Andorra.

PAGO EN ESPECIE Y TRANSFERENCIAS

Además, era socio de Costera del Glorio, partícipe del regreso a España del dinero, y a la que se ingresó en 2007 por Urbanizadora Somosaguas más de 4,3 millones de euros, que se transfirieron a una cuenta de Barceló, que adquirió un piso en Madrid que se considera de propiedad encubierta de Zaplana.

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Es desde esta sociedad -Costera del Glorio- desde la que se realizan transferencias al expresidente que, según la juez, ha ido percibiendo dinero de las presuntas comisiones ilegales mediante el uso de facturas falsas o con cantidades –la última de 50.000 euros– o pagos en especie como coches o un yate.

La magistrada señala que de todos estos hechos era conocedora la secretaria de Zaplana, Mitsouko Flerida Henríquez; la mujer de Barceló, Felisa López, y la de Zaplana, Rosa Barceló.

De otro lado, apunta la relación entre otros investigados como Francisco Grau, quien constituye Turnis Syvatica que, a su vez, crea Gesdesarrollos Integrales, una de las principales sociedades usadas para el blanqueo de capital pese a no tener cifra de negocio ni trabajadores y que entre 2006-2008 recibió de Medlevante 2,2 millones de euros que se habría usado para comprar bienes inmuebles, principalmente en la Vila Joiosa.

De Grau, la juez destaca la relación con Zaplana y Washington Fernández Belhot, considerado un presunto testaferro, que se ha comprobado que hicieron viajes juntos al extranjero.

Para la juez, esta asociación de personas -en la que participan mujeres, presuntos testaferros o aquellos que intervienen junto con sociedades para dar “apariencia de legalidad a los fondos retornados, dando apariencia de titularidad de los bienes, encubriendo a los verdaderos propietarios”- tiene como “cabeza” a Zaplana, que presuntamente se prevalió del cargo que ostentó “haciendo partícipes al resto de los investigados pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles”.

En este entramado, el fiscal, en un informe apunto como indicios “relevantes” de que las operaciones realizadas encierran “sobornos” el hecho, por ejemplo, de que Imison Internacional y Fenix se constituyeran el mismo día en Luxemburgo con los mismos administradores fiduciarios; que la compraventa de participaciones con intervención de los Cotino se realiza el mismo día o que ninguna de ellas se inscribe en el registro mercantil, tal y como se establece en la hoja de ruta.

ZAPLANA REIVINDICA SU INOCENCIA

El expresidente valenciano estuvo en prisión provisional desde el 24 de mayo de 2018 hasta el pasado 7 de febrerotras ser detenido en la ‘Operación Erial’, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Desde el 18 de diciembre permanecía ingresado en el Hospital La Fe de Valencia, después de que en una de las revisiones por la leucemia que padece el médico detectara un empeoramiento de su salud debido a una bajada de defensas. 

Su abogado había solicitado cinco veces su libertad alegando, entre otras cuestiones, el “inexistente” riesgo de fuga dado su estado de salud.

A lo largo de los ocho meses que ha estado en prisión se han sucedido las voces que reclamaban su libertad por su delicado estado de salud. Ha recibido el apoyo de políticos del PP, PSOE, Podemos y VOX.

Tras conocerse la decisión de su excarcelación, Zaplana lanzó un comunicado en el que negó tener cuentas en el extranjero, ni en Suiza “ni en ningún otro país fuera de España ni a mi nombre, ni al de terceros”, y afirmó que tampoco ha cobrado “un euro en sobornos o comisiones ilegales” ni se “apropió” o “distrajo” fondos o activos relacionados con la administración pública. 

En su comunicado, dio las gracias a cuantas personas le han manifestado su apoyo en momentos tan complicados y a aquellos que preocupados por su estado de salud se manifestaron públicamente defendiendo su excarcelación.

“Jamás olvidaré estas manifestaciones privadas y públicas que se han producido en estos meses”, ha expresado.

“En virtud de esta deuda de gratitud y porque también se lo debo a los valencianos que en algún momento confiaron en mí, dedicaré todos mis esfuerzos a demostrar mi inocencia y a restaurar la honorabilidad de mi nombre y que mis hijas y nietos puedan llevarlo con orgullo”, ha prometido.

“Sólo espero que la enfermedad que padezco me conceda al menos el tiempo suficiente para cumplir con este postrer cometido”, ha expresado.