Armas incautadas a internos durante registros aleatorios realizados por funcionarios de prisiones.
Un preso de Soto del Real apuñala a un funcionario de prisiones
La APFP reclama, de nuevo, que "se tomen medidas de manera urgente para frenar las agresiones" que sufren "a diario", antes de que se tenga que lamentar una muerte
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19/3/2019 11:03
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Actualizado: 19/3/2019 11:12
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Un preso de la cárcel de Soto del Real (Madrid) asestó ayer tres puñaladas a un funcionario de prisiones -en el hombro, el brazo y el costado- y también le hizo un corte en el cuello.
El trabajador fue atendido por los servicios sanitarios del centro, y después trasladado al hospital. «Gracias a Dios su vida no corre peligro», según ha señalado a Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
La asociación ha informado en un comunicado que estos hechos ocurrieron en el departamento de aislamiento.
Explica que el interno, M.O.M., clasificado en primer grado, solicitó llamar por teléfono a su familia y que durante el trascurso de la llamada manifestó que se encontraba indispuesto, «simulando un
desvanecimiento y cayendo al suelo».
Al ir a socorrerle los funcionarios de servicio, «se levantó repentinamente, sacó un pincho metálico y le asestó a uno de ellos tres puñaladas, en hombro, brazo y costado, y le hizo también un corte en el cuello».
La APFP señala que, según las manifestaciones de los presentes, «la intención del interno era causar el mayor mal que pudiese».
Destaca que gracias a la rápida intervención de los funcionarios, se pudo contener al interno y no hubo lesiones de mayor gravedad.
La APFP informa que este interno estaba propuesto para una progresión a un régimen de vida más laxo.
«Está claro que el tratamiento sólo funciona con los que realmente tienen voluntad de cambiar», añade.
Los sindicatos alertan que en España se registra una media de “un ataque al día” a funcionarios de prisiones con resultado de alguna lesión. Una situación que el colectivo lleva denunciando desde 2017.
Según los datos que manejan, entre 2011 y 2017 se han producido hasta 2.513 agresiones a funcionarios de prisiones a manos de los reclusos. Estas cifras no incluyen los datos de Cataluña, que tiene las competencias transferidas, donde también “sufren una agresión cada día y medio”.
Tras este último incidente, el presidente de la APFP, Francisco Llamazares, exige, otra vez, que «se tomen medidas de manera urgente para frenar las agresiones» que sufren «a diario», antes de que tenga que lamentar una muerte.
También reclama, por enésima vez, que se les reconozca la condición de agentes de autoridad «para que estos hechos tan graves no queden en una mera sanción disciplinaria y una multa económica por un delito de faltas».
Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
OTRAS MEDIDAS QUE LA APFP PROPONE PARA COMBATIR ESTA SITUACIÓN
Frente a esta problemática, Francisco Llamazares también reclama al Gobierno “más plantilla, más formación, más medios materiales”, y que se revise el actual protocolo de prevención de agresiones (firmado solamente por CSIF y UGT y la administración), “porque no está sirviendo para disminuir los ataques”.
Solicita una normativa que analice y estudie por qué se producen las agresiones, sean verbales o físicas, y que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para erradicar esta lacra.
Según la APFP, los ataques han aumentado desde que en 2017 comenzaron los recortes, y por el perfil de los internos, “algunos muy conflictivos y otros con patologías psiquiátricas”.
Llamazares informa que “casi un 30% de los internos tiene problemas mentales y toma medicación psiquiátrica controlada”. Explica que muchos módulos tienen el Plan Integral de Salud Mental, pero lamenta que en España solo haya dos psiquiátricos de prisiones, en Alicante y Sevilla, porque considera que “hay internos que deberían estar cumpliendo condena en un psiquiátrico penitenciario, en vez de en la cárcel”.
Entre las medidas que piensa que deberían aplicarse para combatir esta situación, la APFP reclama que el agresor “no vuelva al mismo módulo, como ocurre a veces, porque el resto de internos entonces lo ve como una victoria”.
De hecho, considera que ni siquiera debe seguir en la misma cárcel. Cree que lo mejor es el “inmediato” traslado a otra prisión “para dar ejemplo”. “Si me pega y continúa en el mismo centro, el resto de los internos dice “le ha salido gratis” y se hacen más fuertes”, indica Llamazares.
La APFP también aboga por la aplicación de “un régimen más severo que el actual, en el que al agresor se le manda entre 10 y 15 días a aislamiento, donde está solo y continúa saliendo al patio”.
Propone que además del aislamiento, se le quiten durante un tiempo las visitas o se les restrinjan los permisos. “Si se les privara durante seis meses de la comunicación vis a vis o en locutorio, seguro que se lo pensaban”, apostilla Francisco Llamazares.
Demanda, además, que haya una estadística de todas las agresiones, también de las verbales. “A mí me llaman perro, hijo de puta, se cagan en mi madre, me dicen que conocen a mi familia, que me van a asesinar, que aquí manda yo, pero cuando salga, en la calle ya nos veremos y a ver quién es el que puede… y todo eso no se contabiliza ni se estaba llevando a los juzgados”, relata.
19 AÑOS DE CÁRCEL, LA CONDENA MÁS ALTA POR AGRESIÓN A UN FUNCIONARIO
La condena más alta impuesta en nuestro país por agresión a un funcionario de prisiones es de 19 años de cárcel. Es la sentencia de Fabrizio João Silva, un guineano de 36 años, 1,80 de estatura y más de 100 kilos de peso, por el ataque que protagonizó en 2016 en la prisión Puerto III, en el Puerto de Santa María (Cádiz).
Este preso, con dos muertos en su historial, atacó con un estilete metálico a varios funcionarios cuando lo estaban cacheando. A uno de ellos estuvo a punto de cortarle la yugular, a otro le perforó la mejilla y le arrancó varios dientes, y a un tercero le asestó una puñalada en el antebrazo. Recientemente ha sido trasladado desde la prisión de Teixeiro, en A Coruña, hasta la de A Lama, en Pontevedra.
Los sindicatos informan que en 2017 -último año del que tienen contabilizadas las agresiones- en las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) se registraron 305 (de las cuales ocho fueron graves; 176, leves y 121 acabaron sin lesiones). Según indica Llamazares, en 2018 “estarán en el mismo ratio, tal vez un poco por encima”.
El presidente de la APFP lleva una treintena en la profesión; los últimos 9, en la prisión madrileña de Navalcarnero, donde se encarga del módulo 5, que alberga a los internos más peligrosos de la cárcel.
Informa que en 2018 hubo hasta 11 incidentes en este centro penitenciario y que en Madrid “donde más agresiones se registraron fueron Estremera (24) y Soto del Real (18), seguidas por la de Navalcarnero, y Aranjuez (7)”.
Entre los ataques registrados el año pasado en la prisión de Navalcarnero destaca uno ocurrido el 22 de julio, en el que un interno del módulo 6 le arrancó de un mordisco parte de la oreja a un trabajador en prácticas, que tuvo que ser intervenido para su reconstrucción; a otro funcionario le rompió un dedo; a un tercero, la ceja y le dejó un ojo hinchado; y al jefe el jefe de servicios le dio un golpe en la frente.
El agresor es un preso de nacionalidad dominicana, apodado “el grapa”, “con un perfil muy violento y conflictivo”, que está en prisión por delitos de homicidio, estafa, lesiones y robo, entre otros, relata Llamazares.
El grapa pasó después a la cárcel de Villena (Alicante). En enero volvió a dejar a cuatro funcionarios heridos, dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados, y tras este incidente fue trasladado a una cárcel de Galicia.
El pasado 22 de febrero, también se produjo una agresión a manos de un preso reincidente en esta conducta. Ésta tuvo lugar en la cárcel de Puerto III, en el Puerto de Santa María (Cádiz).
El 17 de febrero, tras un vis-vis, comenzó a agredir a los funcionarios y dejó a varios con contusiones. Cinco días después, en el departamento de ingresos, cuando este interno, S.S.H., calificado en primer grado de tratamiento 91.3, el más restrictivo, iba a ser entregado a la Guardia Civil para su traslado a otro centro penitenciario, comenzó a exigir todas sus pertenencias.
El jefe de servicios que se encontraba en ese momento supervisando la actuación le indicó que ya tenía el petate con la ropa que legalmente hay establecida y que el resto se le enviarían posteriormente al centro de destino.
Entonces, aprovechando que los funcionarios le quitaban las esposas para su entrega a la fuerza conductora, el interno empezó a propinar puñetazos en la cara al jefe de servicios «sin que este pudiese hacer nada para repeler la agresión», y fue necesaria la intervención de varios funcionarios para poder reducirlo.
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