Alfredo Prada declara el miércoles en la Audiencia Nacional por el Campus de la Justicia de Madrid
Prada fue presidente del consejo de administración de esta sociedad entre 2005 y 2008; De la Mata lo interrogará y a tres técnicos vinculados a proyecto tras descubrir un "verdadero caos" en la documentación económica de la sociedad. Foto: EP

Alfredo Prada declara el miércoles en la Audiencia Nacional por el Campus de la Justicia de Madrid

Tras la denuncia de Anticorrupción, el juez De la Mata comienza a llamar a los responsables de este proyecto que costó más de 355,5 milllones
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25/3/2019 10:42
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Actualizado: 25/3/2021 13:30
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El exconsejero madrileño de Justicia e Interior Alfredo Prada (PP) está citado a declarar el miércoles en la Audiencia Nacional en calidad de investigado como «responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad» Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

También están citados tres técnicos de la Comunidad de Madrid: el director general técnico del Campus de la Justicia, Isabelino Baños; el subdirector técnico José Sanz Piñar, y el director del área financiera, Alicio de las Heras.

El pasado 3 de agosto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN, José de la Mata, admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre un presunto desfalco del Campus de la Justicia, un proyecto urbanístico desarrollado por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Anticorrupción inició una investigación a raíz de una denuncia de la Comunidad.

Este proyecto, inacabado, tuvo un coste superior a los 355,5 milllones de euros, de los que 324,7 millones correspondían a contratos para las diferentes construcciones del campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid.

Se llegaron a pagar 91,7 millones, aunque de todo el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que iba a levantarse en Valdebebas, cerca del aeropuerto, sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, pero inacabadas y en situación de abandono.

El Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia, conocido como el ‘donuts’ de Valdebebas por su arquitectura circular.

De la Mata investiga presuntas irregularidades acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA, que podrían ser constitutivas de los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.

Era una empresa de titularidad cien por cien pública, que nació con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Justicia. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 su creación.

Prada fue presidente del consejo de administración de esta sociedad entre 2005 y 2008.

Sus «facultades de gestión se materializaron de manera efectiva en la suscripción de contratos», entre otros al policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y que está imputado en el ‘caso Villarejo’.

De la Mata señala que también fue quien comunicó en 2005 a la Consejería de Economía la propuesta de aumento de capital social de CJM y participó en el otorgamiento de contratos a determinadas empresas sin que se constituyera la mesa de contratación.

Además, tuvo firma autorizada en las cuentas de CJM en Liberbank y Caixabank, teniendo con cargo a esta última una tarjeta visa que estuvo operativa de 2005 a 2008.

De la mata distingue dos etapas en la actividad de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid, una hasta 2008 y otra a partir de ese año. En la primera, De Prada y los tres técnicos formaron parte de una Mesa de Contratación permanente constituida por orden del exconsejero de Justicia el 1 de julio de 2006.

En el auto con el que les cita a declarar, el juez De la Mata explica el «caos» que era esta empresa pública ya desde su propia organización.

Señala que «no seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo, y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil».

De la Mata indica que «todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados».

Además, dice que «no se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores» y que tampoco aparecen los expedientes completos de despidos que llegaron a acabar judicializados.

El juez pone el foco sobre el contrato de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia en 2007.

Informa que «no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad», en algún caso no hay pliegos y «prácticamente todas las licitaciones» se han basado en criterios imprecisos que después completaban los licitadores.

VALORABA OFERTAS UN EXTRABAJADOR DE LA ADJUDICATARIA

CJM encomendó la elaboración del Informe de valoración de las ofertas a Isabelino Baños, que había trabajado para la empresa que resultó adjudicataria, al menos hasta el año 2004. Asimismo, esta persona formó parte de la Mesa de contratación y fue el encargado de supervisar la correcta ejecución del contrato.

El magistrado destaca que lo «razonable» hubiera sido que con esos antecedentes, se le hubiese apartado de la adjudicación.

También apunta otras irregularidades por «defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados».

De la Mata explica que en algunos expedientes, ni siquiera se constituyó la Mesa y en contratos como los firmados por más de 5,4 millones de euros en publicidad, lo que no consta es que hubiese un expediente.

Ha aparecido, asimismo, un pago mensual a un fotógrafo de 3.500 euros durante 2008 y 2009, sin que aparezcan ni el contrato ni la factura que lo justifique, pero sí la que acredita los pagos.

UNA VISA PARA PRADA

Respecto a los gastos, De la Mata hace referencia a las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum que habría tenido el propio Alfredo Prada a su disposición, según la denuncia de Anticorrupción, y de la que falta información y documentación básica de cobertura de los movimientos.

Informa que la cuantía de los desembolsos asciende, al menos, a 15.647,20 euros.

También hace alusión a que CJM pagó un Máster de 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar; y a numerosas retiradas de efectivo en la caja de bancos, muchas retiradas en efectivo por cantidades que van desde los 1.300 hasta los 5.300 euros.

Prada, conforme explicaba la denuncia de Fiscalía, tenía firma autorizada en tanto que presidente del consejo de Administración.

Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1, adjudicado en 2007 y por el que se pagaron 2,1 millones; la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid, de la que constan abonados 220.375 euros; la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.

También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia (234.000 euros); el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de la calle Goya 66 (172.399 euros); la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia; el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel; la edición y distribución del libro Foster+Partners; el servicio de asesoramiento jurídico (252.829 euros) o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (63.000 euros).

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