La candidata de Unidas Podemos al Parlamento, Gloria Elizo, declaró ayer que su formación consideraba esencial la «dignificación de lo que reciben los miembros del turno de oficio», en referencia a los emolumentos, que deberían seguir siendo dependientes de los «Colegios de Abogados» o «de otras instancias», apuntando, sin nombrarlo a la posible creación de una Defensoría Pública al estilo de las que existen en los países iberoamericanos.
Fue en el marco del primer debate sobre la Administración de Justicia, que organizó el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y que moderó su presidenta, Victoria Ortega.
En el mismo, además de Elizo, tomaron parte Rafael Catalá, abogado, exministro de Justicia y diputado del PP en las dos últimas legislaturas y vocal de la Diputación Permanente del Congreso; Juan Carlos Campo, magistrado, diputado del PSOE en las dos últimas Legislaturas y portavoz en la Comisión de Justicia de la última legislatura; y José Ignacio Prendes, abogado y diputado de Ciudadanos en las dos últimas legislaturas siendo portavoz de la Comisión de Justicia en el Congreso y actualmente vicepresidente primero de la Diputación Permanente del Congreso.
EL SISTEMA DE DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBEROAMÉRICA
En Argentina, Brasil, El Salvador y Guatemala tiene total y absoluta autonomía funcional; en Bolivia, Colombia, Chile y Perú se encuentra dentro del Ministerio de Justicia; en Uruguay, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Honduras, Costa Rica y Venezuela es parte del Poder Judicial.
España y Portugal son, en este sentido, una «anomalía» porque organizan su sistema de justicia gratuita sobre el sistema de turno de oficio que administran los Colegios de Abogados.
En algunos países, como Panamá, los méritos acumulados por los defensores públicos en el curso de su oficio se valoran de forma muy especial cuando estos optan a puestos de jueces.
En general las legislaciones de los países de Iberoamérica se hacen cargo de los casos penales en los que la persona imputada carece de recursos para contratar su defensa privada o que, pudiéndolo hacer, no la hubiese contratado. Lo mismo que hace el turno de oficio.
El abandono del sistema de turno de oficio español por este nuevo sistema de Defensoría Pública podría dar una mayor estabilidad de sus integrantes, muy alterados –en especial los del territorio Ministerio– por los retrasos en los pagos.
MEJORAR LOS BAREMOS
Sobre este tema, Catalá, aún reconociendo que los haremos que se paga al turno de oficio pueden mejorarse, recordó, en referencia a los pagos retrasados que «no hay por qué no pagar mensualmente las indemnizaciones de justicia gratuita». Y recordó que durante su mandato se llegaron a pagar mensualmente.
Prendes, por su parte, apostó por mejorar los haremos de las retribuciones. «Porque el derecho de defensa es un derecho fundamental», afirmó, señalando, a continuación, la necesidad de que exista una Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Campo, por su parte, abogó por la aprobación de una ley de acceso para que la excelencia sea lo que prime entre los abogados.
VISIÓN DE LA JUSTICIA: ENTRE APOCALÍPTICOS Y MODERADOS
Porque apocalíptica fue la visión de la diputada de Unidas Podemos: «Ha habido en justicia una sobreinversión sin pies ni cabeza durante los últimos diez años».
«La oficina judicial no ha funcionado y el acceso a la carrera judicial es obsoleto», añadió.
A lo que le contestó Juan Carlos Campo, exsecretario de Estado de Justicia, que no era cierto. «Allí donde se implanto la nueva oficina judicial funciona perfectamente».
Y apunto: «La verdadera democratización de la Administración de Justicia tiene que venir por el lenguaje jurídico, para que los ciudadanos lo entiendan. Identificó tres problemas fundamentales de la Justicia: Tiempos excesivos, falta de adecuación a la realidad social y organización».
Prendes, por su parte, llamó la atención sobre «la dispersión competencial, con la existencia de 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas y 5 sin haber sido transferidas, que hacen 13 Administraciones de Justicia, un Consejo General del Poder Judicial y una Fiscalía. Esto es un obstáculo, porque hay una incapacidad de unificar los sistemas de gestión o el expediente digital».
«Lo que nos vamos a jugar el 28 de abril es un país de proyecto unido que garantice la libertad y la igualdad en todo el territorio», añadió.
Catalá, por su parte, afirmó que «España dispone de una justicia de alta calidad y de profesionales con una gran categoría. Nosotros hemos dicho cosas y las hemos cumplido, como la transposición de la Directiva sobre el derecho a la información en los procesos penales».
Y defendió la vigencia del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que califica los procedimientos en simples y complejos, lo que criticaron el resto.
«El artículo 324 supuso sacar a la luz y revisar 350.000 causas que estaban dormidas», indicó.
