Inmaculada Alcolea, cabo de los «Mossos d’Esquadra» y denunciante pública del independentismo dentro de la policía autonómica catalana, recibió ayer una magnífica noticia: la magistrada María Isabel López Montañez, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Barcelona, suspendió cautelarmente la sanción de 5 meses de empleo y sueldo que le había impuesto la Dirección General de esa Policía por llamar «Genestapo» (palabra resultado de la fusión de las palabras Generalitat y Gestapo –la policía política de la Alemania nazi–) a la cúpula de la Consejería de Interior.
«La verdad es que estoy muy feliz por la suspensión de la sanción. Es una decisión justa. No es de recibo que a mí me sancionen con 5 meses por llamarles Genestapo y no pase nada cuando compañeros míos del cuerpo, separatistas, se refieren a España como ‘Españistán’ o llaman fascistas a los españoles a través de sus cuentas, en las redes», explica Alcolea.
La decisión de la magistrada López Montañez es el resultado del recurso que presentó la cabo.
«Tengo que decir que he tenido suerte, porque la magistrada no pertenece a la asociación Ágora Judicial, que está en clave de apoyo al independentismo», añade.
De acuerdo con el auto de la magistrada, «de las circunstancias concurrentes en el presente supuesto puede deducirse el ‘periculum in mora’ [peligro por la mora procesal] necesario para estimar que se produciría daño a la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en los autos principales de no proceder a la suspensión de la sanción disciplinaria recurrida, pues se acredita por la actora de forma precisa y suficiente perjuicio económico eventualmente irreversible o de difícil reparación derivado de la ejecución del acto recurrido».
Desde su punto de vista, una suspensión como esta puede producir perjuicios de difícil o imposible reparación, sin entrar en el fondo del asunto, es decir, la validez jurídica de la sanción administrativa recurrida, que le corresponderá a un tribunal cuando llegue el momento.
La cabo Alcolea ha ganado ya tres medidas cautelares, dos de ellas suponían su traslado obligatorio a dos destinos, uno a 120 kilómetros de Gerona, donde vive, y otro a 140 kilómetros.
Alcolea, conocida defensora de la Constitución y del Estado de Derecho –es licenciada en Derecho–, recuerda que uno de los requisitos ineludibles para formar parte de los «Mossos d’Esquadra» era jurar o prometer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cosa que muchos de sus compañeros no cumplen, al abrazar abiertamente el separatismo, como el caso del mozo Albert Donaire, líder del grupo «Mossos per la Independencia», ahora «Mossos per la República», al que la misma Dirección General no ha impuesto ninguna sanción, todavía.
