Insta a la Organización de Estados Americanos a abordar lo que considera un ataque a la independencia judicial por parte del Gobierno de Evo Morales. Foto: EP
Human Rights Watch denuncia el cese ‘arbitrario’ de casi cien jueces en Bolivia desde 2017
Informa que el Consejo de la Magistratura ha enviado notificaciones a decenas de jueces dándoles las gracias por los servicios y comunicándoles que ya no son necesarios, "sin explicar el por qué ni darles la oportunidad de impugnar su cese"
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30/4/2019 09:44
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Actualizado: 21/2/2023 12:59
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Cerca de cien jueces han sido cesados de forma arbitraria en Bolivia desde 2017, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW), y ha instado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a abordar lo que considera un ataque a la independencia judicial por parte del Gobierno de Evo Morales.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG con sede en Nueva York, lanzó ayer un comunicado en el que informó que el Consejo de la Magistratura ha enviado notificaciones a decenas de jueces en las que les da las gracias por los servicios prestados y comunicándoles que ya no son necesarios, sin explicar el por qué ni darles la oportunidad de impugnar su cese.
President @evoespueblo‘s allies have arbitrarily dismissed dozens of judges as he dismisses the importance of judicial independence. That should be a wake-up call for OAS member states. @hrw press release: https://t.co/hP62wSOlYp pic.twitter.com/ARPJC1M7mG
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 29 de abril de 2019
Los ceses más recientes se han producido este pasado marzo.
Vivanco recuerda que «oara preservar la independencia del poder judicial, el derecho internacional sólo permite destituir a un juez por causa debidamente justificada en casos graves de incompetencia o mala conducta, no como si se tratara de un funcionario público cualquiera».
Cuenta que HRW se ha reunido con ocho jueces destituidos y un abogado que representa a otros 20 que han denunciado su cese ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ha tenido acceso a nueve notificaciones y a una resolución de 2017 con la que se despidió a 88 jueces.
Informa que la única explicación aparece en dicha resolución, donde se explica que el Poder Judicial «necesita nuevos jueces» y que los jueces cesados ejercían de forma interina, por lo que, según argumenta el Consejo de la Magistratura, pueden ser expulsados en cualquier momento.
Una ley de 2010 establece de forma retrospectiva que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 tienen carácter interino.
Un año después, otra ley permitió al Consejo de la Magistratura nombrar jueces «provisionales» hasta que se creara una especie de escuela de jueces.
Como consecuencia de todo ello, funcionarios bolivianos indicaron en una audiencia ante la CIDH celebrada en septiembre de 2018 sobre esta cuestión que, en ese momento, solo 163 de los 1.200 jueces que tiene la nación andina, lo que supone un 13%, son permanentes.
HRW también se ha reunido con un juez que accedió al cargo con carácter permanente en 2003, primero como juez de familia y después como juez civil. «Pero llegaron con la idea de que todos los puestos eran transitorios» y fue cesado el pasado febrero, explica.
«Tener una posición transitoria es una forma de extorsión» para un juez, ha denunciado.
«Si no te comportas adecuadamente, puedes recibir una carta de despido mañana porque eres solo un interino. Cada vez que decides en un caso tienes que pensar cómo afectará» al Gobierno, explica.
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, recalca que «hay una razón por la que el Derecho Internacional establece que los jueces no pueden ser despedidos como cualquier funcionario», y apunta que la garantía contra la remoción arbitraria de los jueces «es un componente clave de cualquier democracia que respete los Derechos Humanos».
Quote of the Day, by @JMVivancoHRW, on the arbitrary dismissal of judges in Bolivia https://t.co/NDHeg8c7YW pic.twitter.com/SOtkgFYDKi
— Human Rights Watch (@hrw) 29 de abril de 2019
HRW CUESTIONA LA INDEPENDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Human Rights Watch denuncia que Evo Morales ha rechazado en numerosas ocasiones que la independencia judicial sea un elemento fundamental de la democracia, esgrimiendo que es tan solo «una doctrina norteamericana».
HRW señala al Consejo de la Magistratura, un órgano creado por la Constitución de 2009 que tiene el poder de nombrar y cesar jueces.
Explica que desde 2016 sus tres miembros son elegidos por voto popular de entre una lista de candidatos elaborada por la Asamblea Plurinacional de Bolivia.
Informa que los tres miembros actuales, incluido el presidente, Gonzalo Alcón Aliaga, son antiguos integrantes de la Administración de Morales, mientras que el tercero ha sido asesor de varios ayuntamientos gestionados por el partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
HRW alerta de que «los ceses son parte de una reforma de la Justicia más amplia iniciada en 2016 y dirigida por una comisión de nueve miembros que tiene amplios poderes, incluidos los de «controlar» los nombramientos y adoptar «otras acciones necesarias».
Cinco de sus miembros son también aliados de Morales, según HRW.
PIDE A LA OEA QUE INTERVENGA
«Que los aliados de Morales hayan cesado arbitrariamente a decenas de jueces de la misma forma caprichosa en que él ha socavado la importancia de la independencia judicial debería ser un aviso para (…) la OEA», señala el director de HRW para las Américas.
Destaca que «la OEA debería pronunciarse frente a esta arremetida contra el poder judicial boliviano».
HRW recuerda que la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos establece que la «separación e independencia de los poderes públicos» son «elementos esenciales» de la «democracia representativa» y que Bolivia es parte de tratados internacionales que exigen la protección de la independencia e imparcialidad de los jueces.
La Carta Democrática Interamericana fue gestada el 11 de septiembre de 2001, en Lima, a raíz de los atentados contra Estados Unidos aquel día.
Los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio encargaron a los ministros de relaciones exteriores a preparar una carta que reforzase “los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa».
«Si la gente de Bolivia ya no puede tener independencia judicial, todos sus derechos están en peligro», advierte Vivanco.
Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, fundada en 1978. La integran unos 400 miembros de todo el mundo, profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que operan, abogados, periodistas y académicos de diversos orígenes y nacionalidades.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de unirse a esta ONG.
En 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos.
Ha sido profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins.
De nacionalidad chilena, Vivanco estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España, y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.
Cada año, Human Rights Watch publica más de 100 informes e información periódica sobre las condiciones de derechos humanos en 90 países.
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