Jorge Pérez Ramírez, exjefe contable del BdE, dice que alertó de las consecuencias reputacionales para la institución de dar 'luz verde' a la solicitud de las siete cajas constituidas en el Sistema Institucional de Protección, que posteriormente darían lugar a Bankia, de cargar pérdidas contra reservas en los resultados correspondientes al ejercicio 2010. Foto: EP
El exjefe contable del Banco de España denuncia que Bankia parecía ‘oro’ pero se vendió ‘a precio de cobre’
EL BANCO DE ESPAÑA ADVIRTIÓ A BANCAJA QUE SI NO SE INTEGRABA EN EL Sistema Institucional de Protección DE CAJA MADRID ESTARÍA EN PELIGRO, ASEGURA EL exsubgobernador de la entidad Javier Aríztegui
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06/5/2019 15:21
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Actualizado: 06/5/2019 15:21
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El exjefe de la División de Normativa Contable del Banco de España Jorge Pérez Ramírez ha asegurado que el folleto de la salida a Bolsa de Bankia no recogía la imagen fiel, ya que parecía que se estaba ante una entidad que valía «oro» y finalmente se vendió «a precio de cobre».
Así lo ha indicado durante su declaración en calidad de testigo en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares desde el pasado 26 de noviembre, tras más de cinco años de instrucción. Hay 31 acusados, entre ellos el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, que se enfrenta a peticiones de hasta 12 años y medio de cárcel.
«No puede ser que se muestre una compañía que parece oro y se venda a precio de cobre. Esto no se sostenía. Según la información financiera del folleto, se estaba regalando a la entidad«, ha manifestado el exjefe de la División de Normativa Contable del Banco de España ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la AN, que preside la magistrada Ángela Murillo.
Según ha relatado, el folleto ofrecía un rango de precios que presentaba una «contradicción absoluta con los estados financieros».
«Fue aquí cuando empezamos a preocuparnos y preparé una nota urgente alertando», ha agregado.
Pérez Ramírez ha señalado que el descuento era una exageración que les hacía «cuestionar incluso que las cuentas de 2010 estuvieran bien», y ha añadido que se suponía que era una entidad de nueva creación «limpia de polvo y paja, que estaba fetén».
El rango de precio que se ofrecía en el folleto para el debut bursátil de Bankia era de entre 4 y 5 euros -finalmente salió a 3,75 euros-, mientras que el valor en libros era de 15 euros.
«Por explicarlo de algún modo, normalmente cuando una compañía sale a Bolsa tiene un pequeño descuento para tratar que nuevos inversores tengan cierto incentivo y porque el que vende cree que ese descuento lo recuperará si la compañía es buena», ha dicho.
Ha expresado que se hubiera entendido que el descuento hubiera sido de entre un 10% y un 12%, que es «lo ordinario», pero no del 80%.
«Esto era una bestialidad. Está claro que la imagen fiel no es la del folleto, sino el precio al que el accionista único está ofreciendo al mercado», ha denunciado este exdirectivo del Banco de España.
Pérez Ramírez también ha aseverado que en este momento el deterioro de la entidad «era una evidencia, no un indicio».
Además, ha asegurado que alertó de las consecuencias reputacionales para la institución de dar ‘luz verde’ a la solicitud de las siete cajas constituidas en el Sistema Institucional de Protección (SIP), que posteriormente darían lugar a Bankia, de cargar pérdidas contra reservas en los resultados correspondientes al ejercicio 2010.
Ha subrayado que su departamento determinó que no era posible realizar este ajuste, aunque finalmente la comisión ejecutiva del Banco de España lo aprobó aludiendo a que había «razones supervisoras que cumplir».
«No era indiferente cargar pérdidas contra reservas. Había un riesgo reputacional porque el Banco de España tenía la obligación de proteger la solvencia, si se hacía el ajuste no se protegía. El efecto patrimonial era muy grave», ha precisado, añadiendo que alertó a la dirección del banco y a la comisión ejecutiva de la institución. «Alerté de que esto tenía unas consecuencias y aquí estoy», ha apostillado.
Según ha relatado, el 27 de diciembre de 2010 se le planteó la posibilidad de hacer determinados cargos contra reservas en las cajas. «Lo estudiamos en profundidad y en un escasísimo tiempo, por supuesto dije que no, ya que lo impedía el código de comercio, los reglamentos europeos y la propia circular», ha dicho, a la vez que ha indicado que los argumentos que se le dieron «carecían de fundamento».
«Todos los días se compran empresas y no cambian su contabilidad», ha criticado. «Mi departamento dijo que no, pero pidieron que nos quedáramos para ver qué opinaba la comisión ejecutiva», ha lamentado.
La comisión ejecutiva determinó que era cierto que cargar pérdidas contra reservas no encajaba con las cuestiones legales, pero concluyeron que «había razones supervisoras que cumplir». «Las razones supervisoras son un concepto jurídico indeterminado que no sé qué significa. Yo solo sabía que eso no se podía hacer», ha añadido.
En este sentido, ha remarcado que dejó por escrito que si el ajuste finalmente se tenía que hacer por alguna razón, los efectos «perniciosos debían de ser mitigados». «Al menos debía exigirse que se paralizaran todos los pagos que no se habrían producido si se hubieran dado las pérdidas de cargarlas contra resultados y no contra reservas», ha subrayado.
En su opinión, solamente se puede realizar este ajuste bien porque haya un cambio contable o bien fruto de detectar un error de ejercicios anteriores. No obstante, estos argumentos no fueron utilizados.
EL EXPRESIDENTE DE BANCAJA ESTABA ‘EMPERRADO DE MANERA EXTRAÑA’ EN QUE NO SE QUERÍA INTEGRAR
Hoy también ha declarado el exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui, quien ha asegurado que el supervisor advirtió al expresidente de Bancaja José Luis Olivas de que si la entidad no se integraba en el SIP de Caja Madrid, que posteriormente daría lugar a Bankia, podría estar «en peligro» si la crisis se agudizaba, dada su estructura.
Javier Aríztegui, exsubgobernador del Banco de España. Foto: EP
Según ha relatado, Olivas estaba «emperrado de manera extraña» en que no se quería integrar, a pesar de que era un «claro candidato a necesitar ayudas públicas en el futuro».
«Bancaja no respondía a lo que era sensato, por lo que el gobernador procedió a llamar a Olivas para pedirle que recapacitara y trasladarle que Supervisión lo veía problemático», ha dicho, añadiendo que el presidente de la entidad valenciana reiteraba que «quería ir sólo».
Por otro lado, Aríztegui ha explicado que Caja Madrid necesitaba un socio importante, ya que con las cinco cajas pequeñas con las que Rato había mantenido conversaciones no lograba cumplir con el parámetro que establecía que la unión debía dar lugar a un grupo superior en al menos un 25% a la entidad mayor.
En caso contrario, no se podía proceder y, por tanto, no recibirían apoyos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El exsubgobernador del Banco de España ha señalado que los candidatos ideales para recibir apoyo del FROB eran entidades como Bancaja, «que estaban sanas, pero que por su estructura tenían mucha exposición al sector inmobiliario y, resultado del proceso de crecimiento, contaban con una financiación exterior muy potente».
Ha señalado que debido a la crisis económica, los mercados habían «desaparecido», la financiación se tendía a «estrangular» y el sector promotor «estaba paralizado».
«Nos parecía que Bancaja era el candidato para unirse con Caja Madrid. Le dijimos que se sentara, recapacitara y pensara en el futuro», ha explicado.
«La entidad, en aquel momento, tenía liquidez, solvencia y era sana, superaba todos los requisitos. Olivas siempre decía que tenía recursos propios de sobra», ha indicado, si bien el supervisor le pidió que pensara en que eso le iba a durar «dos o tres años, por lo que debía tener en cuenta los riesgos y pensar en función de esto».
A su juicio, tenía una probabilidad «seria» por su estructura de requerir ayudas públicas, aunque ha negado que se le presionara a Olivas con la idea de que si no se integraba en el SIP iba a tener que ser intervenida. «Solo le dijimos que el tiempo empezaba a quedarse corto y esto urgía», ha afirmado.
Finalmente, Bancaja accedió a integrarse en el SIP, al tiempo que el Banco de España pidió que las entidades hicieran una ‘due diligence’ y que se miraran «a fondo». «Se elaboró un plan y los servicios de Supervisión lo estudiaron a fondo», ha indicado Aríztegui.
LA FISCALÍA ACUSA EXCLUSIVAMENTE A 4 DE LOS 31 IMPUTADOS
En el juicio por la salida a Bolsa de Bankia hay 31 de exdirectivos de Bankia acusados por presuntas irregularidades.
Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, el día que se sacó a bolsa la institución, el 20 de julio de 2011. Foto: EP
También están acusados el auditor de Deloitte Francisco Celma, la propia consultora, Bankia y la matriz de ésta, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), como personas jurídicas.
Otros de los exdirectivos imputados son el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons, el exministro del Interior Ángel Acebes, y el empresario Javier López Madrid.
Completan la lista Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Antonio Moral Santín, José Manuel Serra, Antonio Tirado, Francisco Baquero, Pedro Bedía, Rafael Fernando Giner, José Rafael García Fuster, Jorge Gómez Moreno, Agustín González González, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez Ponga, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez, Ángel Villanueva, Sergio Durá, Miguel Ángel Soria e Ildefonso Sánchez Barcoj.
La Fiscalía acusa exclusivamente a cuatro de los imputados, la antigua cúpula de la entidad: el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas; y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons, quienes se enfrentan a una petición fiscal que va de los 2 años y siete meses, a los cinco años.
Por su parte, las acusaciones populares y particulares personadas reclaman 12 años de prisión para los 31 exdirectivos, y multas millonarias para Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros, y la firma auditora, Deloitte.
Catorce de los acusados ya han sido condenados por las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid. Un caso por el que también fueron juzgados por la magistrada Ángela Murillo.
De ellos, seis están en prisión, en la cárcel madrileña de Soto del Real: Rodrigo Rato (sentenciado cuatro años y medio); José Antonio Moral Santín (4 años); Estanislao Rodríguez-Ponga, Francisco Baquero, Jorge Gómez (tres años y dos meses cada uno) y José María de la Riva (tres años).
Los otro ocho fueron sentenciados a penas inferiores a dos años, por lo que al no tener antecedentes no requirieron su ingreso en la cárcel. Se trata de José Manuel Fernández Noriella; Ildefonso Sánchez-Barcoj y Ricardo Romero de Tejada (condenados a 364 días cada uno), Pedro Bedía (8 meses); Arturo Fernández y Javier López Madrid (seis meses menos un día); Jesús Pedroche Nieto y Mercedes Rojo Izquierdo (10 meses cada uno).
Rato ingresó en Soto del Real el pasado 25 de octubre pidiendo “perdón a la sociedad” por las conductas que le han llevado hasta allí: un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las ‘tarjetas black’.
Rato, a su entrada a Soto del Real. Foto: EP
“Acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, y pido perdón a la sociedad y personas que se hayan podido sentir afectadas y decepcionadas”, manifestó a los periodistas congregados el que fuera vicepresidente del Gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional.
Agradeció, en su nombre y el de su familia, el apoyo recibido desde que el Tribunal Supremo confirmó su pena el pasado 3 de octubre, y acto seguido continuó su camino hacia la cárcel.
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