Los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos son coincidentes en lo que a la modificación de oposición actual para el acceso a la judicatura y a la fiscalía.
Lo dicen con palabras diferentes, pero expresan lo mismo: Transformar el sistema actual, que consiste en tres exámenes sobre los 350 temas que conforman la oposición –uno primero de test y dos de exposición de temas–, por otro en el que la memoria no sea el eje sobre el que gire todo.
Propuestas que están inspiradas directamente en los planteamientos que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) realizó en 2008, a través de su fundación, la Antonio Carretero –de la que es presidenta la alcaldesa y magistrada jubilada, Manuela Carmena– y que tituló «Nuevo modelo de acceso a la carrera judicial, de formación inicial y continuada».
NUEVO-MODELO-DE-ACCESO-2008
Sin citarlo, tanto PSOE como Unidas Podemos, plantean ideas en coincidencia directa con este texto.
«Reformar el sistema de acceso a la judicatura, con la participación de todos los sectores sociales, asociaciones, usuarios, sindicatos, estudiantes y personal al servicio de la Justicia, con el objetivo de introducir en la oposición nuevas formas de evaluación de técnicas y de habilidades jurídicas y psicotécnicas no estrictamente memorísticas y mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia de la situación socioeconómica de los aspirantes», propuso el PSOE en su programa electoral en las recientes elecciones generales del pasado 28 de abril.
Y Unidas Podemos, por su parte, prometió modernizar «también el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y scal, con el fin de superar el sistema de oposición memorística y de preparación privada, que perpetúan el sesgo económico y los vicios de formación del Poder Judicial.
«El proceso selectivo estará compuesto por una fase de formación universitaria pública de posgrado, avalada por la Escuela Judicial; unas pruebas de acceso a la Escuela Judicial, con preparación integrada en centros públicos de estudios jurídicos, que incluya test psicológicos; una prueba escrita anonimizada y corregida por el sistema de doble ciego y una prueba oral de argumentación jurídica; y una última fase de formación inicial que incluya conocimientos jurídicos y habilidades y capacidades específicas para un ejercicio acorde a sus fines constitucionales».
LO QUE DICE LA PROPUESTA DE JJpD
Para JJpD, «la oposición es un sistema de ingreso en la carrera judicial propio de los países de derecho continental, introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la Constitución de 1869 como un elemento de progreso y que, sin embargo, no ha ido cambiando acompasadamente a la recuperación de la democracia, la masificación ya la generalización de las tecnologías de la información y la comunicación».
La oposición «continúa anclada en su configuración decimonónica, enciclopédica y memorística».
Y añade que ha sido posible «gracias a la fuerte implantación de que la oposición es el mejor (o el menos malo) de los sistemas posibles».
Pero combaten esa idea afirmando que «al centrarse la oposición, exclusivamente en el conocimiento memorístico del derecho, se fomenta el desinterés en una formación más amplia que permita entender la realidad social».
«En definitiva, transmitir la idea de que lo que legitima al juez es, de facto, haber aprobado una oposición muy difícil, conduce a no tener que buscar dicha legitimación en el ejercicio ordinario de la jurisdicción».
¿UN NUEVO SISTEMA?
Lo que propone JJpD es que el nuevo sistema se articule, en su primer paso, en la consecución, por parte de los aspirantes de un master de especialista en profesiones jurídicas.
Un máster similar a los «estudios de especialización para las profesiones jurídicas», introducidos en Italia en 1997 como requisito para presentarse a la oposición de acceso a la judicatura.
La nueva prueba de acceso se compondría, primero, de un test psicológico –similar a la que existe en Holanda o Portugal–, cuya función sería «excluir a personas inidóneas para ejercer la jurisdicción».
Segundo, de un ejercicio escrito, que consistiría en el análisis de uno o varios casos prácticos, en una exposición escrita sobre una o varias cuestiones jurídicas de carácter transversal o en el comentario de una sentencia de un alto tribunal nacional o internacional.
Tercero, de ejercicios orales, similares a los de la actual oposición, pero que no responda a esquemas clásicos de temario.
«El programa de contenidos no debe traducirse en epígrafes aislados sino en fórmulas de interpelación que permitan su estudio con rendimientos formativos en clave de profundización y análisis crítico», dice el estudio de JJpD.
Los ejercicios, por otra parte, no consistirán solo en la exposición de un tema: «Tras la intervención del candidato, cada miembro del tribunal calificador podrá hacerle una pregunta relativa a las materias tratadas».
La cuarta prueba sería un examen de idioma extranjero, realizado de forma escrita y oral, que no sería eliminatoria pero que contabilizaría en la nota final.
