El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha confirmado la sentencia, de primera instancia, que condenó a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) por vulnerar los derechos fundamentales de alumnos constitucionalistas integrados en la asociación «Joves SCC-UAB» al negar su inscripción en el directorio de colectivos de dicha universidad.
La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Barcelona, María Isabel López Montañez, había fallado en julio de 2018 que se habían vulnerado los derechos a no ser discriminado por razón de opinión, a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y al derecho a la educación.
El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCat, en funciones de apelación, dice en su sentencia confirmatoria que la exclusión de los estudiantes constitucionalistas del directorio de la UAB “es claramente ilegal” y que los requisitos que se querían imponer al colectivo son “directamente tendentes a excluir dicho colectivo por razón de las opiniones o manifestaciones vertidas en las redes sociales o medios de comunicación”.
Añade, además, que “la denegación de la inscripción basada solo en las opiniones manifestadas por el Colectivo recurrente vulnera su derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica, y que la introducción de requisitos no exigidos por la normativa aplicable supone asimismo una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución Española y más si con tales requisitos se pretende de hecho la rectificación de opiniones manifestadas por dicho colectivo”.
Los estudiantes recurrentes, que en el momento de presentación del recurso estaban integrados en “Joves de SCC”, en la actualidad han constituido la “S’ha Acabat!, Joves per la defensa de la Constitució», (¡Se ha acabado! Jóvenes por defensa de la Constitución).
ACABAR CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Desde esa asociación denuncian los posicionamientos de las instituciones públicas a favor del proceso independentista y su tolerancia y permisividad con las acciones violentas y coactivas de los colectivos independentistas y autodenominados falsamente como ‘antifascistas'».
«Sorprendentemente, la UAB ha intentado acabar con la libertad de expresión de los constitucionalistas y no ha hecho nada para evitar perpetuar las situaciones de exclusión y acoso al constitucionalismo que se viven de forma especialmente hostil en el recinto universitario«, añaden.
También denuncian los intentos del equipo de gobierno de la UAB y de la rectora, la catedrática de Farmacología, Margarita Arboix, «de impedir los pronunciamientos de los Tribunales y que se materializaron en las negociaciones llevadas a cabo con el entonces presidente de Sociedat Civil Catalana, José Rosiñol, para que éste obligará a los estudiantes a retirar el recurso contencioso-administrativo planteado contra la resolución de la UAB».
Dichas presiones, explican el grupo, han llevado a los estudiantes a abandonar SCC y crear “S’ha Acabat!”, «una plataforma que defiende con firmeza y sin complejos los derechos de los jóvenes constitucionalistas en Cataluña. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo».
El grupo, finalmente, exige que «los órganos de gobierno de la UAB condenen las vulneraciones de los derechos fundamentales sufridas por los estudiantes constitucionalistas, adopten las medidas necesarias para garantizar la neutralidad de la Universidad; amparen a todos los miembros de la comunidad universitaria para que puedan expresar con libertad sus opiniones en el campus y dejen de tolerar el matonismo que llevan a cabo determinados colectivos independentistas y falsamente antifascistas».
