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El jefe del gabinete jurídico de la Generalitat niega malversación el 1-O: «No hay ningún perjuicio al erario público»

La directora general de Contratación Pública también afirma que no encontró "absolutamente nada" relacionado con el referéndumFrancesc Esteve, el director del Gabinete jurídico de la Generalitat, durante el juicio.
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El director del Gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, ha negado este lunes en el juicio por el ‘procés‘ independentista en el Tribunal Supremo cualquier gasto realizado por el Gobierno de Carles Puigdemont para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

De hecho, ha afirmado que tras revisar y analizar las actuaciones de los distintos departamentos se ha observado que no existe «ningún perjuicio al erario público».

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Así lo ha dicho Esteve, que ha comparecido ante el tribunal a petición del abogado Jordi Pina, que ejerce la defensa del exconsejero de Presidencia Jordi Turull.

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El testigo, investigado en el Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona por la licitación de urnas para el 1-O, ha asegurado en varios momentos que las consejerías de la Generalitat dirigidas por los acusados en este juicio no utilizaron sus presupuestos para organizar el 1-O.

En este sentido, ha asegurado que el Gabinete jurídico «ha comprobado» que la Generalitat no hizo «ningún encargo formal específico» con Unipost.

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Unipost es la empresa en cuya nave se incautaron 45.000 tarjetas censales para el referéndum, pues, según ha dicho, no se ha encontrado «ninguna aceptación presupuestaria», ni «ninguna factura pendiente».

«Por tanto ninguna afectación en el presupuesto de la Generalitat», ha añadido Esteve.

El testigo ha apuntado que tras recibir una notificación el pasado mes de enero del Tribunal de Cuentas informando de una denuncia interpuesta por la Fiscalía contra los miembros del «Govern» y la interventora general por la presunta malversación de fondos públicos en relación al 1-O, se hizo un «análisis de las partidas por las que se reclamaban responsabilidad» y que no «apareció ninguna responsabilidad contable ni perjuicio al erario público».

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DESVINCULA EL ANUNCIO DE LAS ‘VÍAS DEL TREN’ CON EL 1-O

El letrado Jordi Pina ha abordado en su interrogatorio la campaña de publicidad conocida como la de las ‘vías del tren’ –en la que aparece unas vías ferroviarias con el lema «Naciste con la capacidad de decidir, ¿vas a renunciar?»— para seguir intentado desmontar la acusación por malversación.

Esteve, anteriormente secretario general de Gobernación, ha desvinculado su relación con el 1-O y ha explicando que el anuncio se emitió a través de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales porque «tiene que hacer publicidad de las actuaciones que el gobierno le confiera».

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Por ello, ha añadido, que se devolvieron las facturas que la corporación remitió reclamando el pago de este servicio y que debido a esta «discrepancia» con la CCMA se solicitó al órgano consultivo de la Generalitat un informe «preceptivo y vinculante» sobre la revisión de encargo realizado.

Pina ha solicitado al tribunal poder aportar a la causa este documento, ya que se emitió después de la solicitud de prueba para la vista oral, aunque el presidente de la Sala, Manuel Marchena, le ha emplazado a hacerlo durante la prueba documental.

Asimismo, ha añadido que esta publicidad no tiene nada que ver con la campaña ‘Civisme’, que, según ha indicado, su presupuesto y desarrollo en el tiempo eran «superiores», el público al que se dirigía era «diferente» y porque finalmente quedó «desierta».

«NOTA JURÍDICA INTERPRETATIVA» DE LA RESOLUCIÓN DEL TC

La fiscal Consuelo Madrigal ha querido saber si en su función de jefe del Gabinete Jurídico advirtió en alguna ocasión a los exconsejeros de que mantener la convocatoria del referéndum tras ser declarado ilegal podría generar responsabilidades penales.

El testigo ha reiterado que su labor es «consultiva» y que ni él como jefe ni ningún abogado de la Generalitat le «compete» ese trámite.

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La representante ha insistido preguntando si el gabinete emitió algún informe a los departamentos de la Generalitat y tras quejarse al tribunal que el testigo no respondía, el magistrado Manuel Marchena ha tomado la palabra para realizar la pregunta de la fiscal.

Finalmente, Esteve ha indicado que cuando se recibe una notificación del tribunal de garantías, ésta se da traslado a las consejerías junto a «una nota jurídica interpretativa» sobre el contenido del «fallo o el auto».

Por otro lado, el exsecretario de Gobernación ha sido preguntado por las distintas entradas y registros en sedes de la Generalitat de Cataluña el 20 de septiembre de 2017 y recalcado que el exconsejero Turull le dio la instrucción «muy clara» de que se «facilitara la actuación judicial» durante aquella jornada.

También ha recordado que hasta el mismo momento que comenzaron los registros no se tuvo conocimiento de los mismos, lo que provocó «un escrito de queja» al Consejo General del Poder Judicial para «pedir explicaciones de por qué no se había avisado» con antelación.