El ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa, y el considerado su 'número dos', Pablo Crespo. Foto: EP.
Arranca el juicio a la rama Gürtel en Jerez por presuntamente amañar contratos para Fitur
La Fiscalía pide 7 años y 9 meses para Francisco Correa, Pablo Crespo y otros dos presuntos integrantes de la trama, Isabel Jordán y Javier Nombela
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03/6/2019 10:18
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Actualizado: 03/6/2019 10:18
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La Audiencia Nacional (AN) juzga desde hoy al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y a otras 7 personas por las adjudicaciones presuntamente irregulares concedidas por el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004.
El procedimiento versa sobre la contratación de tres empresas vinculadas a Correa (Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio) para el montaje del expositor de la ciudad gaditana en Fitur por 355.391 euros mediante adjudicaciones «sin concurso público» que incurrieron en «groseras ilegalidades», según señaló el juez instructor, el magistrado José de La Mata, en un auto, de enero de 2016, con el que enviaba el caso a juicio.
De la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, concluyó las sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad los concediese formalmente, pese a que no era el órgano competente para ello.
Además, los contratos y expedientes administrativos -que en ocasiones se trataron como si fuesen «menores sin publicidad»- se elaboraron una vez finalizada la feria, lo que demostraría que «se construyeron» ad hoc y que «las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas».
En este juicio también se sentarán en el banquillo de los acusados el número dos de Correa, Pablo Crespo; la que fuera administradora de sus empresas Isabel Jordán, y el empleado Javier Nombela.
Pablo Crespo, presunto número dos de la trama Gürtel.
También serán juzgadas las interventoras municipales del Ayuntamiento de Jerez María del Milagro Pérez y Milagros Abascal; el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad José Agüera; la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del Consistorio Manuel Bárez.
Anticorrupción pide para los dos líderes de la trama Gürtel y los dos empleados de las empresas de Correa, 7 años y 9 meses de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil.
Para los trabajadores municipales, excepto Abascal, solicita 7 años de cárcel por los mismos delitos, salvo el de falsedad en documento mercantil.
Respecto a la interventora del Ayuntamiento Milagros Abascal, el Ministerio Público reclama 2 años de cárcel por los supuestos delitos de prevaricación y fraude en las administraciones.
El juicio, que celebrará el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se prolongará en 19 sesiones hasta el próximo septiembre.
Alguno de los acusados ya han sido juzgados por la Gürtel.
Para Correa es el quinto juicio por esta trama. Acumula ya condenas que suman 76 años y 11 meses por cuatro sentencias.
Justo hace una semana fue sentenciado por el tribunal de la Sección Segunda de la AN a 6 años y 9 meses de cárcel por los sobornos a directivos de Aena.
Correa está preso en la cárcel de Valdemoro (Madrid) desde el 14 de febrero de 2018, cuando comenzó a cumplir la condena por Fitur.
El pasado marzo fue sorprendido con un teléfono móvil en su celda.
LAS CUATRO CONDENAS QUE TIENE
La primera condena que recibió fue de 13 años de cárcel impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por participar en los amaños de los contratos públicos para el montaje del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en Fitur en las ediciones entre 2005 y 2009. Esta es la única de sus condenas que es firme por el Tribunal Supremo.
Después, en mayo de 2018, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN le condenó a 51 años y 11 meses por los primeros años de actividades de la trama Gürtel en connivencia con altos cargos del PP, sentencia en la que se dio por acreditada una ‘caja B’ de los ‘populares’.
El tribunal considera que entre 1999 y 2005 -en los que se enmarca la primera época de actividades de la trama Gürtel- su entramado empresarial y el PP tejieron en Estepona (Málaga), Majadahonda, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Castilla y León y la Comunidad de Madrid, más en la propia capital, una «estructura de colaboración estable» que llevó a un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local».
En junio del año pasado fue condenado por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional a 5 años y tres meses de cárcel por su participación en la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, liderado entonces por Francisco Camps, en las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008, cuyos actos fueron organizados por su empresa Orange Market.
La última sentencia fue la conocida el lunes pasado, de casi 7 años de prisión, por beneficiarse de adjudicaciones irregulares de Aena entre los años 2000 y 2002.
El exsecretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo, también suma ya 55 años y 9 meses: por las piezas relativas a los primeros años de la trama 37 años y medio; al montaje del expositor de la Comunidad Valenciana 13 años y tres meses; y a la financiación en negro del PP valenciano 5 años.
También han sido condenados por otras piezas Isabel Jordán, que acumula 20 años y 10 meses de cárcel; y Javier Nombela, tres años y medio.
EL AUTO DE DE LA MATA
El juez De la Mata considera que hay indicios suficientes de que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para «dar apariencia de legalidad» a las actuaciones; mientras que el entonces director del Instituto de Promoción y Desarrollo José Agüera justificó «indebidamente» las memorias del organismo para acudir a un «procedimiento de urgencia» y Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.
El magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
La adjudicación del ‘stand’ de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda llevaron aparejados sendos presupuestos de 162.806 y 141.367 euros, el espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor de Madrid costó 39.366 euros y la muestra de flamenco en los jardines del Retiro, 11.855.
De la Mata atribuyó a la exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo la «consciente adopción» de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento en Fitur 2004, como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.
María José García-Pelayo, excalcaldesa del Ayuntamiento de Jerez. Foto: EP
Al estar entonces aforada, fue el Tribunal Supremo quien investigó a García Pelayo y acordó en abril de 2018, cuatro meses después de que De la Mata decidiese sentar en el banquillo a Correa y a los otros 8 investigados, archivar la causa contra ella.
El magistrado instructor del Alto Tribunal Antonio del Moral reconoció en su auto que existen «datos abrumadores» de irregularidades en la adjudicación de contratos del Consistorio, pero entendió que la entonces regidora no tenía por qué saber lo que firmaba.
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