En este caso la devolución ha sido por cuenta de la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Oviedo, María Simonet Quelle Coto. Es la pieza separada 341/2014, procedente de la «Pokemon», en la que Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, investigaba supuestas irregularidades de Aquagest y GRS en varios ayuntamientos asturianos.
La magistrada Quelle le dice a su compañera De Lara, en un auto fechado el 2 de mayo, que la investigación de la que procede este caso se inició hace 8 años, que se desgajó hace 5 y que ella no lo envió a los juzgados asturianos hasta principios del año pasado, 3 años después.
«Y durante este tiempo han sido innumerables las medidas de investigación llevadas a cabo» desde Lugo «sin que pese a ello se exprese el motivo para persistir» y no remitirla a Asturias.
De Lara ya envió la causa antes a un juzgado de Avilés, que lo rechazó por las mismas circunstancias.
«Y tras el rechazo de inhibición de los Juzgados de Avilés, siguió practicando diligencias de instrucción sin llegar ni siquiera a promover cuestión de competencia alguna».
«Y lo más sorprendente es que después de que se inhibiera y remitiera la causa, siguió practicando por su cuenta diligencias de instrucción», señala la magistrada en su auto, del que se hace eco el periódico ABC.
Finalmente, la magistrada Quelle remacha: «Resulta más que dudosa [la argumentación] en relación con unas actuaciones que se iniciaron hace ocho años y que se llevan tramitando durante este tiempo, y que incluso pudiéramos encontrarnos con una instrucción que pudiera ya estar terminada».
No es la primera vez que esto le sucede a la magistrada de Lara.
Son numerosos los casos en los que, tras inhibirse a otro juzgado, ha seguido instruyéndolos durante años.
La magistrada ha sido sancionada por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial con siete meses de suspensión de empleo y de sueldo, lo que conlleva la pérdida de destino, por dilaciones indebidas.
El abogado de De Lara, Agustín Azparren, ha recurrido ante el Pleno de CGPJ, que ha designado a la vocal, y magistrada, Mar Cabrejas, como ponente, órgano que tiene la última palabra.
En caso de que dicho Pleno ratificara la sanción impuesta, tomada por unanimidad de los 7 miembros de la Comisión Disciplinaria, De Lara podría recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
