9 hombres y mujeres juzgarán a Abuín Gey por la muerte de Diana Quer a partir del 29 de octubre

9 hombres y mujeres juzgarán a Abuín Gey por la muerte de Diana Quer a partir del 29 de octubre

7 / 06 / 2019 06:15

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El juicio por la muerte de Diana Quer comenzará el próximo 29 de octubre. Así lo ha decretado el magistrado Ángel Pantín Reigada, magistrado presidente del tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, en un auto en el que establece los hechos sobre los que deberán pronunciarse los 9 hombres y mujeres que juzgarán a José Enrique Abuín Gey, alias ‘El Chicle’, único acusado de este crimen.

Éste se enfrenta a los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, por el que tanto Fiscalía como acusación particular piden para él la prisión permanente revisable.

Pantín Reigada relata los hechos sobre los que va a versar el juicio: si el acusado abordó a la joven la madrugada del 22 de agosto de 2016, cuando se dirigía a su casa por el Paseo Areal, en A Pobra do Caramiñal; si la introdujo «por la fuerza» en el maletero de su vehículo, atada con bridas y amordazada con cinta adhesiva; si, una vez trasladada a la nave industrial de Asados, en Rianxo, violó a Diana Quer y luego la mató estrangulándola; y, por último, si arrojó el cadáver a un pozo lleno de agua, donde regresó, al cabo de unos días, para lastrarlo con unos bloques para que no emergiera.

Durante el traslado, el «Chicle» supuestamente arrojó el móvil a la ría, a la altura de Taragoña, cuando lo cruzaba con el coche.

El presidente del tribunal del jurado también contempla, como hecho a juzgar, que Abuín Gey reconociese voluntariamente, cuando había sido detenido como sospechoso del crimen, lo que fue «indispensable para recuperar el cuerpo». 

En el auto se destaca que «en relación a las pruebas relativas a otros hechos distintos del enjuiciado que sean objeto de un proceso penal» no se permitirá la práctica de prueba en el juicio que pretendida «demostrar o refutar tales hechos».

En el auto, el magistrado recuerda la «irregularidad» que supondría dentro el juicio el «sometimiento a enjuiciamiento» de «otros hechos que, a su vez, son el objeto de otros procesos penales», en referencia tanto al caso de la agresión de Boiro como al asunto pendiente que Abuín Gey aún tiene pendiente por la supuesta agresión sexual a su cuñada.

«Someter a quienes tienen la condición de víctima de otros actos supuestamente realizados por el acusado a una comparecencia en otro proceso judicial sería por entero innecesario y vulneraría el Estatuto de la Víctima», apunta el auto.

Esta será la segunda ocasión en la que ‘El Chicle’ se siente en el banquillo de los acusados este año.

En abril, la Audiencia Provincial juzgó ya a Abuín Gey por la agresión ocurrida en Boiro en el día de Navidad de 2017, que precipitó la resolución de la desaparición de Diana Quer.

En aquel momento, ‘El Chicle’ fue condenado a cinco años de cárcel por una detención ilegal consumada y una agresión sexual en grado de tentativa.

LO QUE SOLICITAN LAS PARTES

Por los delitos de detención ilegal y agresión sexual, el Ministerio Fiscal pide para ‘El Chicle’ penas de 20 y 12 años de prisión, mientras que, por el asesinato con «alevosía» y «ensañamiento» de la joven, añadido a los anteriores delitos, reclama la prisión permanente revisable.

Al mismo tiempo, solicita una indemnización para los padres de Diana de 254.000 euros, a los que se suman otros 36.000 euros para su hermana menor.

Entre otras cuestiones, en el caso de ser excarcelado, pide que se mantenga una orden de alejamiento de la familia de la joven por un periodo de 10 años, así como la prohibición de que resida o visite A Pobra y la obligación de que participe en un programa de educación sexual.

Por su parte, la acusación particular, que ejercen los padres de Diana, ha solicitado que José Enrique Abuín Gey sea condenado a prisión permanente revisable por el secuestro, violación y asesinato de la joven.

En su escrito, considera a ‘El Chicle’ culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato.

Asimismo, reclama una indemnización para los familiares de la joven madrileña de 300.000 euros, el establecimiento de medidas de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos por un periodo superior en 10 años a la condena.

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