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PSOE, PP y Ciudadanos coinciden en que la modernización de la Administración de la Justicia no puede esperar más

Debate organizado en Madrid en las XXXIII Jornadas de la Fe Publica Judicial por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración  que cumple 75 añosDe izquierda a derecha: Juan Carlos Campo (PSOE), Antonio San José, periodista, María Jesús Moro (PP) y José Ignacio Prendes de Ciudadanos.
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El análisis de la justicia española ante la próxima legislatura fue  el colofón de las XXIII jornadas de Fe Publica Judicial que concluyeron ayer viernes, organizado por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia con objeto de celebrar su 75 aniversario como institución.

Fue en el marco de la mesa de debate que giró sobre «La Justicia en la nueva legislatura».

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Los intervinientes fueron los principales protagonistas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, los portavoces, y diputados –por el PSOE– Juan Carlos Campo; –por el PP– María Jesús Moro; y –por Ciudadanos– José Ignacio Prendes. 

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Todos ellos moderados por el periodista Antonio San José.

Los tres coincidieron en la necesidad de abordar, de forma urgente, los cambios que necesita la justicia española.

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Abrió el debate María Jesús Moro señalando que “todos conocemos cuál es el diagnóstico de nuestra justicia. No podemos ser catastrofistas porque contamos con profesionales cualificados que hacen un gran trabajo pese a los escasos medios que tienen”.

A su juicio, es muy importante “contar con una justicia próxima, cercana al ciudadano en este siglo XXI”.

Por eso, es fundamental la reforma del proceso penal, sin parches y ahondar en las reformas civiles y mercantiles que mejoren sus procedimientos.

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“Será muy importante contar con el consenso parlamentario para poder avanzar en esta dirección. No se puede seguir gobernando en base a Reales Decretos Leyes”, afirmó.

Por su parte, Juan Carlos Campo destacó que “sabemos lo que hay que hacer. Lo peor es que no hay modelo definido de la justicia que queremos. La modernización de la justicia es ineludible pero no hemos sabido arrancarla».

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«El ciudadano tiene derecho a una tutela judicial efectiva real, sin tantas demoras temporales”, apuntó.

A su juicio, en esta legislatura hay que trabajar para mejorar la situación actual “donde se ha visto que el modelo tradicional de juzgado es insuficiente. Tenemos que buscar de forma progresiva la administración sin papeles de forma gradual como síntoma de modernidad”.

En opinión de José Ignacio Prendes “hay que darse cuenta que ceder competencias en justicia a las Comunidades Autónomas ha generado muchos problemas».

Además, «el modelo de partido judicial se ha quedado antiguo y junto con reformas procesales en el ámbito penal es necesario abordarla digitalización de la administración de justicia para ser más eficientes”.

Y apuntó a invertir en los próximos cinco años 150 millones de euros anuales para trabajar la modernización de la justicia.

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“Hay partidos políticos que desean el progreso de nuestro país y pueden ayudar también a mejorar la situación de la justicia española», indicó.

«En este escenario el papel de los Letrados de la Administración de Justicia, claves en la gestión de los juzgados debe ser vital para que nuestra justicia progrese”.

Prendes confesó que al final de la legislatura pasada se había mostrado frustrado porque en el último momento se frenó la renovación de los vocales del CGPJ.

“Tenemos un CGPJ paralizado, con una reforma pendiente que hay que abordar”, recordó.

Renovación del CGPJ

Precisamente la renovación del CGPJ fue otro de los temas que se abordó en este debate.

Los tres parlamentarios destacaron que no debe demorarse más y que no debe confundirse con la modernización de la justicia.

“Es fundamental que el ciudadano vea que las instituciones se renuevan, como elemento que sustenta la independencia del poder judicial”, comentaron.

En opinión de Moro “es un asunto que debe abordarse lo antes posible, pero no resuelve el problema de la justicia en nuestro país».

«Nuestra intención es que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial los elijan los propios jueces. Sería bueno que se lograse un consenso político notable para eliminar la situación de provisionalidad del CGPJ”, djo.

Por su parte, Campo, coincidió en que esta cuestión debe solventarse sin demoras.

“En el 2018 se logró la modificación del CGPJ en ciertas funciones, pero el tema de su renovación sigue pendiente”, recordó.

También apunto que el Tribunal Constitucional había avalado la elección de los veinte jueces por el Parlamento. “Este jurista es consciente que esta situación genera comentarios crecientes sobre la politización de la justicia”, declaró.

Prendes, por su parte, comento que “es urgente asumir dicha renovación para que la confianza de los ciudadanos en las instituciones no se pierda. Además parece claro que si no se aborda la reforma del CGPJ no se abordarán el resto de reformas de calado que necesita nuestra administración de justicia”.

Y subrayó diciendo “tenemos que saber qué sucedió realmente para que se parase dicha reforma cuando había acuerdo claro entre los partidos mayoritarios”.

Hay que implantar la nueva oficina judicial, con los tribunales de instancia 

Los ponentes también comentaron la necesidad de implantar la nueva Oficina Judicial con los tribunales de instancia como elemento a desarrollar para optimizar mejor los recursos tanto humanos como técnicos.

“Eso hará que se modifique la planta judicial y trabajar para impulsar la digitalización de nuestra administración judicial”, aclaró Moro quien reclamó que las Comunidades Autónomas con competencias en justicia tengan “un único sistema procesal interconectado y único”.

En este sentido, Prendes recordó que la nueva Oficina Judicial, concebida en el 2003, aún no se había desarrollado plenamente.

“Los tribunales de instancia y su especialización por materias pueden ser la solución a los atascos judiciales que hoy tenemos”, declaró.

Para Campo es el momento de implantar “reformas normativas, organizativas y tecnológicas e impulsar el derecho a comprender “es importante que el ciudadano entienda las resoluciones judiciales”.

Mención aparte en este debate fue el Registro Civil y su desarrollo.

Esta reforma que se puso en marcha en el 2011 para su digitalización total aún no ha concluido.

“Es muy importante que se impulse ya en este último año de ‘vacatio legis’ que queda y que al frente los Letrados de la Administración de Justicia tengan los medios adecuados para su llevanza”, cuestión en la que coincidieron los participantes al debate.

Sobre este colectivo jurídico, los intervinientes  señalaron la necesidad de que se mejoren sus retribuciones y que tengan un complemento retributivo similar al que van a tener jueces y fiscales en Cataluña.

También destacaron que no eran partidarios que este cuerpo de funcionarios se transfiriera a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, cuestión que generó una fuerte ovación por los propios letrados de la administración de justicia asistentes a este debate.