Matas admite haber cometido prevaricación y fraude al adjudicar Son Espases

Matas admite haber cometido prevaricación y fraude al adjudicar Son Espases

Pero niega el tráfico de influencias en el concurso para construir el hospital

10 / 06 / 2019 14:32

Actualizado el 10 / 06 / 2019 14:37

El expresidente del gobierno balear y exministro Jaume Matas ha admitido hoy ante la Audiencia Provincial de Baleares haber cometido un delito de prevaricación continuada y fraude a la administración en el marco del ‘caso Son Espases’.

A preguntas de la presidenta del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Baleares, Rocío Martín, Matas ha reconocido los hechos, según los ha presentado su abogado defensor, pero no ha aceptado que los mismos representen un delito de tráfico de influencias, como defiende la Fiscalía.

«Reconozco los hechos del escrito de mi abogado», ha dicho Matas en su breve declaración.

Al admitir estos dos delitos, Matas será condenado a cuatro meses de cárcel de cumplimiento efectivo y a 7 años y 2 meses de inhabilitación, por el intento de manipulación del concurso para la adjudicación del hospital de Son Espases con el objetivo de beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL.

El juicio, que estaba previsto que se prolongara hasta el próximo 30 de junio, se resolverá el próximo jueves.

Sesión en la que se tendrá que discernir si también cometió el presunto delito de tráfico de influencias por el que el Ministerio Público reclama para él un año de cárcel y una multa de 31,6 millones de euros.

LOS OTROS TRES ACUSADOS HAN ALCANZADO ACUERDOS CON LA FISCALÍA

En este juicio, también se sientan en el banquillo la exconsejera de Salud, Aina Castillo, el exdirector general del Servicio Balear de Salud Joaquín Sergio Beltrán, y el empresario Jesús Peinado.

Estos tres acusados han admitido haber cometido prevaricación y fraude, y han llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal por distintas penas menores de cárcel que serán sustituidas por multa.

Castillo deberá pagar 4.800 euros, mientras que Beltrán y Peinado, 5.760 euros cada uno.

Además, los cuatro tendrán que abonar 2.950 euros en concepto de responsabilidad civil.

Según las acusaciones, la manipulación del concurso la ordenó Matas y la ejecutaron Castillo y Bertrán para beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL.

A la hora de negociar las penas, la Fiscalía ha tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño por parte de Matas y dilaciones indebidas para todos.

Jaume Matas ha llegado a la Audiencia en un furgón policial desde el centro penitenciario de Palma, al que ha sido trasladado para el juicio desde la cárcel de Aranjuez, donde desde el pasado junio cumple condena por el ‘caso Nóos’.

Por Nóos fue sentenciado a tres años y ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación especial, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos.

Anteriormente ya había cumplido otros nueve meses en la prisión de Segovia por un delito de tráfico de influencias por una pieza del caso ‘Palma Arena’ sobre la contratación irregular de un articulista para la redacción de sus discursos.

A principios de octubre de 2018 Matas también se sentó en el banquillo por el caso Over, que investiga el presunto uso de fondos públicos para “beneficiar” a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP en los años 2003 y 2007, por el que se enfrenta a 9 años.

Este pasado abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, dictó apertura de juicio oral de la pieza separada 16 del ‘caso Palma Arena’ en el que Matas está acusado de los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración.

Este caso gira entorno al presunto fraccionamiento irregular de contratos y al cobro de comisiones en la construcción del velódromo.

La magistrada pidió una fianza solidaria para el exministro de 93.289 euros.

En abril Matas también fue absuelto por la Audiencia Provincial de Baleares por una pieza separada del ‘caso Turisme Jove’ en la que se le acusaba de haber desviado más de 100.000 euros públicos en su última legislatura (2003-2007).

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