Josep Lluís Salvadó, el primero por la derecha, junto Josep María Jové, mano derecha de Junqueras en la Consejería de Vicepresidencia y Economía, con el que éste aparece abrazado; junto a ellos, Carme Forcadell. Tanto Junqueras como Forcadell han sido juzgados por el Supremo; la competencia sobre Jové y Salvadó es del TSJCat. Foto: EP.
La Fiscalía pide que el TSJCat investigue a Salvadó, hombre de confianza de Junqueras, por ser aforado
Un documento hallado en su despacho le sitúa a él y a Artadi para la "coordinación" del post 1-O
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26/6/2019 06:10
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Actualizado: 26/6/2019 09:04
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La Fiscalía Superior de Cataluña ha solicitado que el segundo hombre de confianza que tuvo Oriol Junqueras, cuando era vicepresidente del gobierno autónomo, Josep Lluis Salvadó, sea investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), siguiendo los pasos de su jefe, Josep María Jové –el primero–, por ser diputado autonómico por ERC y, por lo tanto, aforado, como el anterior.
Como es preceptivo, el teniente fiscal de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Pedro Javier Ariche Axpe, ha realizado una exposición razonada por medio de un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat, por medio del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, del que es titular la magistrada Alejandra Gil
Salvadó fue secretario de Hacienda del gobierno autonómico catalán que presidió el prófugo Carles Puigdemont.
El diputado autonómico podría tener que responder por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia, descubrimiento y revelación de secretos y organización criminal.
Fue detenido el 20 de septiembre de 2017 y compareció como investigado ante la magistrada Gil, aunque se acogió a su derecho a no declarar.
De acuerdo con el teniente fiscal, Salvadó supuestamente jugó un rol de organización de los «preparativos y elementos indispensables para la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017» y de las estructuras de Estado a poner en marcha, así como la preparación de una Agencia Tributaria catalana.
Entre los indicios recopilados contra él, la Fiscalía cita la localización en el registro de su despacho en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, de unos trozos de papel rotos en la fotocopiadora.
Estos, al ser reconstruidos, se comprobó que, con fecha del 14 de septiembre de 2017, especificaban «los escenarios posteriores al referéndum encomendándose la coordinación de los mismos para el 2 de octubre a Elsa Artadi –actualmente concejal de Barcelona–y Josep Lluís Salvadó«.
El Ministerio Público también resalta varias conversaciones telefónicas intervenidas de las que «se desprende que Josep Lluís Salvadó era conocedor de la estrategia y la hoja de ruta a seguir para conseguir la independencia de Cataluña».
Por ejemplo con el documento intervenido en su casa ‘Hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán’.
Tarjetas censales
Señala otras conversaciones en las que aborda qué información hay que remitir al Ministerio de Hacienda sobre el 1-O, y otra sobre si habrá voto por correo, en la que asegura que lo solucionarán y que enviarán las tarjetas censales a 5,5 millones de ciudadanos.
Según el escrito de la Fiscalía, en las conversaciones también se escucha que Salvadó muestra «su disposición a obedecer leyes emanadas del Gobierno de Cataluña por encima de lo que pueda decir el Gobierno de España o las resoluciones judiciales».
Sobre la documentación intervenida en el registro de su domicilio en Barcelona, el Ministerio Público resalta un informe con 175 medidas para la creación de un nuevo estado, con medidas a adoptar por el ‘Govern’ y el ‘Parlament’.
Y también borradores con las normas que debían aprobarse «para hacer efectiva la desconexión del Estado español».
Entre las medidas a adoptar desde la Consejería de Vicepresidencia y Economía, estaban desplegar la estructura organizativa de la Hacienda catalana, el procedimiento de recaudación ejecutiva.
También estaban la red de oficinas de recaudación, el sistema de gestión tributaria, modelos de autoliquidación y declaraciones tributarias, el catastro, aduanas y la oficina de fiscalidad internacional, según el escrito.
De acuerdo con la investigación, le encontraron un documento con el título ‘En mano. Personal. Confidencial. De Francesc Sutrías a Salvadó’.
Este contiene un informe con la distribución de activos y pasivos en diciembre de 2016, que clasifica los bienes en territorializables, no territorializables y extraterritorializables, y a partir de aquí se acordaría el reparto.
También incautaron a Salvadó el documento ‘Escenario guerra, escenario guerrilla’ con las respuestas a las actuaciones del Estado y las medidas judiciales que se pudieran adoptar.
Y también un documento en el que se especificaban preguntas del Gobierno chino acerca del hipotético banco central catalán y de la declaración unilateral de independencia.
Causa compleja
El teniente fiscal también solicita que se declare causa compleja a la causa contra Jové y se amplíe el plazo de instrucción hasta el 17 de julio de 2020 teniendo en cuenta que está pendiente responder sobre Salvadó –que pide unir a la causa de Jové–y otras diligencias.
Además, solicita que el procedimiento se prosiga como sumario ordinario teniendo en cuenta que presuntamente los fondos destinados por el anterior Gobierno catalán al 1-O fueron 3,2 millones euros.
Jové fue secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda del gobierno autonómico. Número dos de facto. Durante el registro de su domicilio, el 20 de septiembre de 2017, se le incautó el documento «Enfocats», la hoja de ruta secreta hacia la independencia, así como una agenda Moleskine, con todas las reuniones celebradas por los involucrados en la conspiración, y los nombres que participaron en ellas.
El teniente fiscal considera que las órdenes que supuestamente dio sobre el uso del dinero público para apoyar la celebración del referéndum ilegal podría encajar en un delito de malversación de fondos del artículo 432 y siguientes del Código Penal.
Al superar los 250.000 euros la pena de prisión estaría entre los 4 y los ocho años, que podría agravarse hasta los 12 años de cárcel.
Ariche Axpe tiene en cuenta que supuestamente también el Gobierno catalán pudo destinar unos 750.000 euros a módulos informáticos de la futura Agencia Tributaria catalana.
Asimismo, solicita la comparecencia de nueve guardias civiles de la Unidad de Policía Judicial para que declaren como testigos respecto a diferentes informes incorporados a la causa.
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