Cs propone en el Congreso prohibir por ley los homenajes a terroristas
“Ante la ausencia de la acción del Gobierno de Sánchez presentamos una Ley para proteger a las víctimas del terrorismo y ampliar sus derechos”, ha señalado el diputado Joan Mesquida tras presentarla junto a los parlamentarios Marta Rivera, María Luisa Alonso, y Edmundo Bal.

Cs propone en el Congreso prohibir por ley los homenajes a terroristas

Presenta una proposición de Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo
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27/6/2019 10:21
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Actualizado: 27/6/2019 10:45
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Ciudadanos registró ayer en el Congreso una proposición de Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo que prohíbe los homenajes a terroristas,  promueve la concienciación y sensibilización en el ámbito de la educación, y reconoce a las víctimas una serie de derechos «imprescriptibles».

Fue presentada por los diputados Joan Mesquida, Marta Rivera, María Luisa Alonso, y Edmundo Bal.

“Ante la ausencia de la acción del Gobierno de Sánchez presentamos una Ley para proteger a las víctimas del terrorismo y ampliar sus derechos”, señaló Mesquida tras registrarla.

Ha desgranado que entre los aspectos fundamentales de esta proposición de Ley está “la garantía de derechos y reconocimiento de las víctimas que tuvieron que abandonar su hogar por el acoso terrorista”, así como, “la equiparación de indemnizaciones de víctimas cuyos casos no tienen sentencias condenatorias”.

Asimismo, recoge la prohibición de actos de homenaje a terroristas y actos de ofensas a las víctimas del terrorismo, “actos que durante estos dos años y medio hemos visto, y que ni el PP antes, ni el PSOE ahora, con la complicidad del PNV, han hecho nada para evitarlos”.

«Las víctimas del terrorismo son una referencia ética y moral para nuestro país y como tal, son los poderes públicos quienes tienen la obligación de proteger su memoria y dignidad, profundizar en la mejora de sus derechos, y combatir ética y socialmente el fenómeno terrorista en todas sus vertientes», subraya Ciudadanos.

Indica que «la memoria de las víctimas del terrorismo debe ser garantizada tanto por la sociedad española como por sus instituciones representativas y los poderes públicos, para así no olvidar a quienes perdieron la vida, fueron heridos o vieron arrebatada su libertad de una u otra forma, como consecuencia de la barbarie terrorista».

Hace hincapié en la importancia de «reconocer los derechos de las víctimas del terrorismo como Derechos Humanos», pues «todas ellas son víctimas de los crímenes y violaciones de Derechos Humanos perpetrados por el terrorismo en España, y en consecuencia, sus derechos son inalienables, irrenunciables e imprescriptiblescomo Derechos Humanos que son».

Asimismo, apunta que cabe «recordar además muy especialmente a aquellos que, perseguidos y amenazados por la barbarie terrorista, se vieron obligados a abandonar forzosamente sus hogares para poder vivir más libremente sin que sus vidas corrieran peligro».

«Todos ellos, vivieron un miedo impuesto por los terroristas, que debe ser reconocido», añade.

En este ejercicio de reconocimiento de las víctimas, agrega que debemos recordar, además, las recomendaciones del anterior Defensor del Pueblo, quien animaba a impulsar todas aquellas iniciativas necesarias para que en el marco de una eventual reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del Terrorismo, se equiparasen las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo cuyo caso no dispusiese de condena condenatoria del autor, con las de aquellos casos que sí dispusiesen de sentencia condenatoria.

Así, la proposición de ley de Cs recoge el derecho a la memoria, el honor y la dignidad, a conocer la verdad y al esclarecimiento de todos los crímenes, al reconocimiento como víctimas de terrorismo a los perseguidos y desplazados forzosos internos por el terrorismo, a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal en favor de las víctimas de terrorismo y a la reparación de las víctimas del terrorismo por persecución o desplazamiento forzoso interno.

Dice que las víctimas tendrán derecho a la información sobre la investigación de los asesinatos terroristas todavía sin resolver y de cualesquiera otros crímenes aún impunes, a la reparación en casos de secuestro y/o asesinato perpetrados por terroristas, al resarcimiento de los daños personales y materiales ocasionados por delitos de terrorismo y a obtener las ayudas extraordinarias en determinados casos de orfandad.

Ciudadanos también propone una serie de deberes: de preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo, de recuerdo y conmemoración de las víctimas mortales en los propios lugares de perpetración de los crímenes, y de identificación, catalogación, publicación y difusión de los lugares de la memoria de la persecución y la violencia terroristas.

Además, recoge el deber de homenaje y reconocimiento de las víctimas del terrorismo; de conservación, protección, catalogación e integridad de todos los fondos documentales relacionados con ellas; de concienciación y sensibilización sobre la memoria de las víctimas y los delitos terroristas en el ámbito de la educación; y de prohibir los homenajes a los terroristas y los actos de ofensa a las víctimas.

Estos derechos y obligaciones deberán informar la actuación de todos los poderes públicos. Las Administraciones Públicas los integrarán en sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo de todas sus actividades.

Aunque la ley se aplicaría a todas las víctimas de acciones de terrorismo perpetradas en España y en el extranjero por cualquier terrorista o grupo terrorista, se señala que las Administraciones Públicas deberán atenderá con singular relevancia a las víctimas de ETA.

MULTAS PARA EVITAR LOS HOMENAJES A ETARRAS

Ciudadanos enumera una serie de conductas que se considerarían infracciones, como el incumplimiento del deber de colocar una placa conmemorativa y explicativa sobre las víctimas de actos terroristas en el lugar de perpetración o la denominación de calles con referencias directas o indirectas a terroristas, grupos terroristas o personas condenadas por cooperación o colaboración con aquéllos o por homenajes a los terroristas.

Las multas previstas van desde los 2.000 a los 150.000 euros.

Otra conducta que podría constituir una infracción es «la realización, organización y exhibición públicas de monumentos, escudos, insignias, placas u otros objetos, así como las menciones conmemorativas, exaltación u homenajes individuales o colectivos al terrorismo, a los terroristas o a las organizaciones terroristas».

También «la organización, realización y participación en espacios, lugares o establecimientos públicos o abiertos al público de actos que entrañen descrédito, menosprecio, ofensa o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje a los terroristas, o concesión pública de distinciones a los terroristas».

En estos dos casos, las sanciones oscilarían entre los 50.000 y los 250.000 euros.

El diputado de Cs denunció ayer que TVE anunciara “a bombo y platillo que va a poner alfombra roja para que un criminal condenado por terrorismo como Arnaldo Otegui, difunda la voz de Batasuna en todos los hogares de España”.

Mesquida ha señalado que en los últimos dos años y medio se han llevado a cabo 153 actos de bienvenida y homenaje a etarras tras salir de prisión.

Entre los últimos está el celebrado el pasado abril al etarra Germán Urizar un día antes del aniversario de la conmemoración del asesinato del policía José Manuel Cruz Martín, al que Urizar asesinó en 1991 en Barakaldo (Vizcaya).

El acto celebrado en Bilbao por Germán Urizar el pasado 7 de abril.

Mesquida hace hincapié en que estos homenajes suponen «un ataque frontal a la memoria de las víctimas del terrorismo», y no se puede permitir que «se tergiverse» la idea de «lo que fue realmente ETA», que no estaba compuesta por «luchadores por la libertad del pueblo vasco», sino por «asesinos de la peor calaña».

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa y la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), Consuelo Ordóñez, llevan tiempo denunciando por qué se permiten en España los homenajes a terroristas y que queden impunes.

El pasado 8 de febrero hicieron un acto en San Sebastián para denunciar la “violencia moral y humillación” que suponen para las víctimas los homenajes a terroristas de ETA y la “falta de luz y justicia” en torno a sus crímenes.

Recordaron que el 12 de diciembre de 2018 el Parlamento europeo aprobó por mayoría el informe de conclusiones de la Comisión Especial de Terrorismo y se instó a los países miembros de la UE a prohibir este tipo de actos.

DERECHO A VOTAR EN EL MUNICIPIO DEL QUE SE MARCHARON

En cuanto a «los perseguidos y desplazados forzosos internos por el terrorismo», la proposición de ley de Ciudadanos dice que se reconocerá a todas las personas que hayan sufrido esta situación y también sus cónyuges, sus ascendientes y descendientes la plena condición de víctimas del terrorismo y el estatuto de desplazados internos, así como el derecho a una reparación plena y efectiva y a un «regreso voluntario digno y seguro».

Se podrá considerar perseguidos a aquellos que hayan sufrido «cualquier amenaza, coacción, acoso u otras violaciones de sus derechos y libertades» por parte de terroristas o grupos terroristas y de organizaciones que se hayan dedicado a justificar, exaltar o colaborar con el terrorismo o a hacer homenajes.

Y se consideraría desplazados a quienes, a causa de la persecución, se vieran compelidos a mudarse a otro municipio, provincia o comunidad autónoma buscando el cese de la persecución, vivir en un entorno seguro y salvaguardar la propia integridad o la de sus familiares.

Entre las medidas de restitución contempladas están el regreso voluntario al lugar de residencia y, en el caso de que tuvieran que trasladarse a otra comunidad, el derecho a poder votar en el municipio del que se marcharon sin necesidad de empadronarse.

Asimismo, la iniciativa prevé que los perseguidos y desplazados sean indemnizados y que tengan derecho a atención médica y psicológica y a servicios jurídicos y sociales por los perjuicios y daños personales sufridos.

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