Las acusaciones populares en el juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, ejercidas por Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade, afirman que el PP destruyó los ordenadores para evitar que sus documentos sirviesen de prueba de la presunta caja b del partido.
Este juicio, que ha sentado en el banquillo al PP y a tres de sus empleados, la extesorera Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno, llega hoy a su fin con las conclusiones de las partes, tras cuatro sesiones.
Izquierda Unida y Adade han anunciado que mantienen su petición de pena para los cuatro acusados.
IU solicita que el PP sea condenado con una multa de casi 11 millones de euros por dos presuntos delitos de daños informáticos.
Para Navarro, Durán y Moreno pide cuatro años y seis meses de prisión por esos dos supuestos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.
Por su parte, Adade reclama una multa de 109.500 euros para el PP por el delito de daño informático, dos años de prisión para la extesorera y el abogado por ese delito y el de encubrimiento, mientras que para el informático pide un año de cárcel.
El ‘Observatori Desc’ ha endurecido su pena al añadir otro delito de daños informáticos.
En su escrito de acusación provisional atribuyó a los acusados un solo delito de daños informáticos. Tras la celebración del juicio, considera que hay que atribuir este delito por cada uno de los dos ordenadores que Bárcenas no recuperó.
Para la extesorera del PP pide cuatro años de cárcel por dos presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado reclama tres años y diez meses, y para el informático, tres años y ochos meses.
Para el PP multiplica por dos su petición inicial. Ahora pide la suspensión de sus actividades por un plazo de un año, la prohibición de recibir donaciones durante 10 años, y una multa de un millón de euros.
‘TENEMOS CLARO EL INTERÉS DEL PP EN APRESAR ESOS ORDENADORES’
IU ha sido la primera de las partes en exponer sus informes de conclusiones definitivas, dado que la intervención de la Fiscalía se ha pospuesto una vez concluya el turno de las acusaciones.
El Ministerio Público no presentó ninguna acusación; mantiene que el PP debe ser absuelto.
El letrado Juan Moreno, que representa a IU junto a Justicia y Sociedad y Los Verdes, ha recalcado que el partido tenía un interés concreto en no devolver los dos ordenadores Apple y Toshiba reclamados por Bárcenas y su destrucción, que sus archivos «no llegaran a la Justicia».
Moreno ha señalado que el extesorero estaba usando la Sala Andalucía de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, una vez que ya había dejado la Tesorería del partido, para defenderse de las causas en las que se encontraba investigado, como Gürtel.
Ha apuntado que es posible que entre esos documentos hubiese datos relacionados con los conocidos como caso Púnica o caso Lezo, en los que también se investigan una presunta financiación irregular del partido.
«Tenemos claro el interés del PP en apresar esos ordenadores», ha expresado.
El letrado, que ha sobrepasado los 45 minutos que el juez Eduardo Muñoz de Baena ha concedido a cada una de las partes para expresar sus conclusiones, ha manifestado que el PP y los otros tres acusados se «coordinaron» para «hacer desaparecer esos ordenadores con plena conciencia criminal».
«Era el centro de la actividad judicial en la capital y el PP con todo lo que tenía encima de la mesa ¿cómo no pone en marcha mecanismos para que toda la documentación fuese puesta a disposición del poder judicial?», se ha preguntado.
Para IU, lo que hizo el PP fue «poner en marcha protocolos para que esas pruebas desaparezcan».
También ha aludido a lo manifestado por la Fiscalía y las defensas sobre la manipulación de la documentación aportada por Bárcenas a la Audiencia Nacional en un pendrive con la supuesta contabilidad b del PP extraída de sus ordenadores, y les ha reprochado que la falta de comprobación sea por la destrucción de los discos duros.
«Si hubiésemos tenido los dos discos duros, hubiese sido más fácil comprobar lo traspasado al usb», ha señalado.
LEGITIMACIÓN DE LAS ACUSACIONES POPULARES
Moreno también ha aprovechado su intervención para defender la legitimación de las acusaciones populares en los procedimientos judiciales, pues según ha dicho, este caso ha sido un ejemplo de que las acusaciones no van al «rebujo del Ministerio Fiscal».
Y ha celebrado que esta vista oral, que arrancó el 14 de junio, «tan mediático y tan interesante para esta acusación y para esta sociedad», se haya celebrado aunque sólo hayan ejercido una acción penal contra el partido y tres de sus responsables departamentales las acusaciones populares.
«Era un juicio democrático y necesario», ha afirmado.
Asimismo, ha dicho que el «perjudicado», Luis Bárcenas, tiene «interés acusatorio», pese a que se retirase de este procedimiento, otro de los motivos alegados por las defensas para evitar que el procedimiento continuase.
Moreno ha recordado que el extesorero manifestó en su declaración como testigo, el pasado 20 de junio, que de conocer anteriormente la ‘operación Kitchen’ -dispositivo policial vinculado al excomisario José Manuel Villarejo para hacerse con información del extrabajador del PP y que se investiga en la Audiencia Nacional- «no hubiese retirado la acusación».
PROTOCOLO DE BORRADO
La acusación popular ejercida por ‘Observatori Desc’ ha modificado su solicitud de pena, incrementándolas.
La abogada Isabel Elbal se ha adherido a lo manifestado por IU.
Además, ha tratado de restar credibilidad a las declaraciones de los acusados, como la del informático José Manuel Moreno, que aseguró que no conocía el caso Gürtel, que «estaba en todos los medios de comunicación» y salpicaba al partido en el que trabajaba.
Asimismo, la letrada también ha afeado que este acusado y a los peritos contratados por el PP que han comparecido en la vista oral que afirmasen que se siguió un protocolo de borrado seguro acorde con estándares internacionales tratando que «se interprete la ley de otra forma».
La abogada ha indicado que lo que dicen esas normas es aplicar ese sistema de eliminación de archivos con 35 pasadas «cuando falle o se vaya a desechar» el equipo.
«Justo lo contrario» a lo que se ha defendido, ha resaltado.
Además, ha señalado que la actuación de los acusados se enmarca en un «ambiente enrarecido» porque «presuntamente estaban despareciendo pruebas».
También ha acusado a las defensas de haber usado «trucos» periodísticos para originar un «ataque mediático», «desproporcionado y salvaje» contra la magistrada instructora Rosa María Freire, cuando procesó al PP y sus responsables por la presunta destrucción de los ordenadores y así poder recusarla.
Por su parte, Juan de Justo, abogado de Adade, se ha adherido a todo lo manifestado por las otras dos acusaciones, y ha subrayado que el PP «sabía el contenido» almacenado en los dos discos duros y que por ello se «ordena la destrucción».
«La lógica y el sentido común me llevan a pensar que esos ordenadores contenían información sensible», ha concluido.
