Victoria Rosell en una foto tomada el pasado mes de abril en el Colegio de Abogados de Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Victoria Rosell afirmó desconocer si su pareja tenía relaciones económicas con el empresario Ramírez
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02/7/2019 23:00
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Actualizado: 30/7/2020 10:03
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La diputada de Unidas Podemos –y magistrada en servicios especiales–, Victoria Rosell, aseguró a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desconoce si su pareja, el periodista Carlos Sosa, director del periódico digital Canarias Ahora, tenía relaciones comerciales con el empresario Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria, Grupo Ralons y la U.D. Las Palmas.
Porque ese ha sido el meollo de la cuestión desde el minuto uno del caso: Si Victoria Rosell sabía que Sosa tenía esas relaciones comerciales con Ramírez cuando, siendo la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, asumió la querella interpuesta por el sindicato USO contra el empresario por un supuesto fraude a la Seguridad Social y a Hacienda de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, que ascendía a 23,5 millones de euros.
Lo que dio pie a las diligencias previas 644/2014 que se abrieron recién nacido ese año.
Lo lógico es que la magistrada, de haberlo sabido –o de haber sido avisada– se hubiera abstenido de instruir la causa, amparándose en el artículo 217 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Lo tenía fácil.
Pero no lo hizo.
Rosell estuvo instruyendo la causa durante casi dos años a paso tortuga, aunque ella lo negó, durante su deposición de hoy, al afirmar que había dictado 12 resoluciones sobre el procedimiento –»en 2014 del 28 de enero al 30 de julio de 2015″– que a día de hoy, 5 años después, sigue todavía abierto.
Sin resolverse.
«Yo tengo más vinculación con El Corte Inglés que Carlos con Seguridad Integral Canaria», aseguró al tribunal que juzga a su compañero, el magistrado Salvador Alba, con el que admitió llevarse «notoriamente mal».
Rosell no explicó tampoco por qué rechazó el recurso de reforma que le presentó la fiscal de delitos económicos, Evangelina Ríos –con la que también se lleva mal– en abril de 2014, solicitándole incorporar la contabilidad de Seguridad Integral Canaria de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
Recurso al que se opuso el representante legal de Ramírez.
Victoria Rosell durante su deposición ante el tribunal.
Dicha contabilidad, sin embargo, sí se incorporó a las diligencias previas 644/2014 en febrero de 2016, una vez que cambió el titular del Juzgado de Instrucción 8, Salvador Alba.
Del análisis de aquella documentación se pudo constatar la existencia de contratos entre las empresas de Sosa y las de Ramírez que se remontaban desde, al menos, 2008, hasta 2016.
En uno de los documentos aflorado durante el juicio aparecía una tarjeta VISA a nombre de Canarias Ahora Radio, S.L., por unos gastos de 2.829,33 euros, sociedad de Sosa.
Por otra parte, otra de las empresas del periodista, Clan de Medios, suscribió un contrato de cesión de explotación de una frecuencia de radio con Productora Audiovisual UD Las Palmas, propiedad de Miguel Ángel Ramírez, tres días después de que Rosell dejara el Juzgado para convertirse en candidata a diputada por Podemos en las elecciones del 20 de noviembre de 2015.
El periodista Francisco Chavanel, en su programa de radio «El Espejo Canario», anunció, un mes antes de la firma (está documentado y difundido por las ondas), el precio del contrato y los extremos del mismo, casi 300.000 euros.
Aquellas dudas no han sido jamás conjuradas. Al contrario, durante la declaración que realizó Ramírez el 23 de marzo de 2016 ante el magistrado Alba, la fiscal Ríos y el resto de las partes, éste facilitó información y documentación que evidenciaba sus relaciones con el periodista desde hacía años.
Todo este enfoque quedó desenfocado por la grabación de la conversación que mantuvieron Ramírez y Alba en su despacho el 16 de marzo de 2016, sobre lo que seguro que arrojará luz el miércoles por la tarde Héctor de Armas, el exadministrador único de las empresas de Ramírez y expersona de confianza del empresario.
«MIEDO A ALBA»
La diputada de Unidas Podemos depuso durante dos horas y media ante el tribunal que juzga a Alba. Cada pregunta tuvo una respuesta de más de 15 minutos en la que articuló un relato más cercano a una película de Freddy Krueger que de una persona a la que nada aprecia.
Porque considera que Alba es un hombre que infunde «mucho dolor y temor», que le ha hecho vivir «una pesadilla», dentro de un «miedo continuo».
Ante el tribunal, casi comiéndose las palabras, relató que a su regreso a la judicatura, después de renunciar a volver a presentarse por Podemos en las elecciones de junio de 2016, sintió «angustia», «estrés» y «amargura» y se vio pasando por episodios de «perdida de memoria» y «ausencias» que le condujeron a pedir la baja repetidas veces.
En su opinión, y es su relato desde 2015, todo fue poco menos que una conspiración contra su persona urdida por el exministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, con la connivencia del magistrado Alba. Lo que le supuso abandonar su carrera política de manera anticipada.
Rosell reivindicó que quedó exonerada por el Consejo General del Poder Judicial, por vía disciplinaria, y por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por vía penal, que archivó la querella.
Adelantó, durante su explicación, que está sopesando pedir a Google que borre de su buscador las referencias a aquellas informaciones si se condena a Alba.
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