Javier Borrego, magistrado del Tribunal Supremo y exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, compareció hoy ante el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, e hizo uso de su derecho a no declarar, tal como ya adelantó a la Comisión Permanente que haría hace una semana.
La cita con el pAD, prevista para el 3 de julio pasado, se pospuso hasta hoy a petición del abogado de Borrego, Santiago Milans del Bosch, magistrado en excedencia de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por tener fijadas otras obligaciones profesionales con anterioridad.
El letrado presentó la pasada semana ante la mencionada Comisión Permanente un recurso de alzada argumentando que el pAD actual no es competente para incoar un expediente disciplinario como este, abierto a instancia del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo.
De acuerdo con dicho recurso el pAD actual no cumple con la condición sine qua non, establecida en el artículo 423.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: ser magistrado del Tribunal Supremo.
«El actual Promotor de la Acción Disciplinaria, elegido por el Pleno del CGPJ, es un magistrado cuyo último destino según la web institucional está en la Audiencia Provincial de Cuenca, no ostentando categoría de magistrado del Tribunal Supremo, sin perjuicio de su consideración honorifica como tal (al igual que ocurre con los excelentísimos vocales de este Consejo). El magistrado contra el que se dirige el procedimiento es un Magistrado del Tribunal Supremo en activo, ejerciendo funciones jurisdiccionales », se puede leer en el recurso.
No ocurría así con el anterior pAD, Antonio Jesús Fonseca Herrero, quien es, precisamente, compañero de Borrego en la Sala Tercera del Alto Tribunal.
La situación actual introduce este factor inesperado que ahora tendrá que dilucidar el máximo órgano entre plenos mensuales, la mencionada Comisión Permanente.
La pelota queda en su tejado.
Esta es la segunda vez en la historia de este periodo democrático que se abre un expediente disciplinario a un magistrado del Tribunal Supremo por iniciativa de su Sala de Gobierno, a instancia del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La primera se produjo en febrero de 2017, cuando el ya exmagistrado de la Sala de lo Civil, Javier Orduña Moreno, cometió el error de haber enviado una sentencia que no había sido comunicada a los litigantes en la creencia que ya se había producido.
Fonseca-Herrero optó finalmente por una falta de desconsideración –y no una falta grave o muy grave de revelación– hacia los propios magistrados de la Sala de lo Civil, y no hacia los afectados por el pleito.
