El exjuez del TEDH, Javier Borrego, quiso materializar en un rollo de papel higiénico lo que de verdad piensa sobre la Ley de Amnistía, a la que ha criticado desde su entrada en vigor. La mesa redonda dejó claro que la Ley de Amnistía ha generado un intenso debate jurídico y ha polarizado a la sociedad. Foto: Confilegal.
Javier Borrego, exjuez del TEDH, «traspone» la Ley de Amnistía a un rollo de papel higiénico
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26/1/2025 05:35
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Actualizado: 26/1/2025 10:10
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El exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, magistrado jubilado del Tribunal Supremo y exabogado del Estado Jefe del Tribunal de Cuentas, Javier Borrego Borrego, sorprendió a un auditorio formado por jueces, juristas, abogados y periodistas al sacar de una bolsa un rollo de papel higiénico al que había «traspuesto» –literalmente– el texto de la Ley de Amnistía.
Con ese gesto simbólico, Borrego subrayó lo que considera un grave ataque al ordenamiento constitucional, al Estado de Derecho.
«Es un atentado a la coherencia jurídica. Es una ley tan mal redactada y técnicamente tan deficiente que, sinceramente, ni siquiera merece el tiempo de un análisis serio. Por eso he traído este rollo de papel higiénico, que simboliza mejor su utilidad real», declaró durante su intervención en la mesa redonda titulada «La Ley de Amnistía y el impacto del derecho europeo en la Justicia española», de las I Jornadas Jurídicas de Okdiario.
El exjuez del TEDH criticó con dureza el procedimiento utilizado para tramitar la ley: “Se puede calificar con una sola palabra: bodrio. Se presentó como una proposición de ley, de una forma opaca, para evitar informes esenciales del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Esto no es solo un fraude de ley, es un ataque directo a nuestra democracia y a la separación de poderes”, añadió.
Juan Chapapría Gracía de Otazo, socio director de la firma Chapapría-Navarro Asociados, representante legal de Societat Civil Catalana en la causa que se sigue ante el Tribunal de Cuentas contra los líderes del separatismo catalán por malversación, recordó la cifra malversada: 12 millones de euros. Los codemandados son 16, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la plana mayor del «procés».
UNA LEY CON NOMBRES Y APELLIDOS
Chapapría señaló que la Ley de Amnistía ha sido aprobada «con nombres y apellidos porque está diseñada específicamente para beneficiar a un grupo concreto de personas que participaron en el ‘procés’ independentista catalán. No se trata de una medida general destinada a todos los ciudadanos que pudieran estar en situaciones similares, sino de una ley dirigida exclusivamente a quienes ya habían sido condenados o estaban siendo procesados por su implicación en el movimiento independentista».
El abogado recordó que la única cuestión prejudicial interpuesta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a día de hoy, procede de la consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, a instancia de Societat Civil Catalana. A Chapapría no le cupió la menor duda de la inconstitucionalidad de la Ley.
Lo mismo que a Marta Castro, vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, máxima responsable de las acciones judiciales de este partido ante tribunales, juntas electorales y la Administración pública, además de coordinara de los equipos jurídicos territoriales e institucionales.
«Esta norma es parte de un proceso constituyente absolutamente ilegal. Su objetivo es vulnerar profundamente los valores fundamentales de la Constitución Española, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Una ley destinada a favorecer a los líderes y participantes en el ‘procés’ independentista catalán. Y a asegurar la continuidad de Pedro Sánchez en el poder«, afirmó.
Castro también hizo hincapié en el impacto de la ley sobre el principio de igualdad: «¿Cómo puede ser que unos sean amnistiados por cometer delitos graves, mientras que otros, en situaciones similares, no reciban el mismo trato? Esto destruye cualquier vestigio de garantía legal”.
Y añadió: «Lo que está haciendo el gobierno socialista es ocupar y colonizar las instituciones, destruyendo el Estado de Derecho y con ello a España
Por último, destacó el papel de la acusación popular como un mecanismo clave de control: «La acusación popular es extraordinaria para garantizar la transparencia y luchar contra la corrupción. Si el fiscal no acusa y no hay acusación popular, muchos delitos quedarían impunes porque el magistrado no puede actuar por sí solo».
El evento contó también con la participación de José María Pernas, profesor de Derecho y experto en políticas públicas, autor del libro «La Ley de Amnistía y la derogación de la Constitución. Propuestas para su reinstauración«, ofreció un análisis técnico de los riesgos que implica la norma.
“Estamos ante un texto que vulnera el artículo 117 de la Constitución, que establece que las sentencias judiciales solo pueden ser ejecutadas por jueces y tribunales. Este Parlamento está declarando ilegal todo lo que hicieron los jueces, e incluso lo que el Rey respaldó en su discurso tras el 1 de octubre de 2017. Es un caos institucional sin precedentes«, declaró.
Pernas también hizo una comparación con casos europeos: “En Polonia, por reformas judiciales mucho menos graves, la Comisión Europea actuó con rapidez para proteger el Estado de Derecho. Aquí, por razones políticas, esa misma Comisión guarda silencio, lo que nos deja en una situación de desprotección jurídica alarmante”, concluyó.
La mesa redonda dejó claro que la Ley de Amnistía no solo ha generado un intenso debate jurídico, sino que también ha polarizado a la sociedad. Los participantes coincidieron en que esta norma representa un desafío mayúsculo para el sistema democrático español y un precedente peligroso para futuras legislaciones.
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