“Nuestros compañeros pasados ejercieron exactamente las mismas funciones que ahora desempeñamos nosotros: asesorar en Derecho y representar en juicio al Estado, a la Administración General del Estado, tanto si se trata de un Estado monárquico, republicano, dictatorial o democrático”.
No ha estado acertado el/la editorialista del último número de diciembre de la revista de la Asociación Abogados del Estado.
En un breve párrafo, y con la excusa de un “in memoriam” de un extraordinario Director que algunos, los veteranos, tuvimos ocasión de tratar y aprender de su gran profesionalidad, clase y amabilidad, se repite hasta en seis ocasiones “lealtad”, “leal”.
Mencionar a José Luis Gómez-Dégano y a una experiencia suya, para justificar las actuaciones públicas recientes de la Abogacía del Estado, me produce perplejidad y tristeza.
Fui abogado del Estado durante décadas, Presidente de la Asociación algunos años, y siento tener que decirlo, pero me duelen algunas actuaciones públicas recientes de la Abogacía del Estado.
Siempre nos hemos caracterizado los Abogados del Estado por hacer lo mejor posible nuestros deberes, y con tres notas definitorias: elegancia, respeto y sinceridad.
Hace tiempo tuve que lamentar la presencia, en relación al escrito de la Abogacía del Estado ante la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de afirmaciones absolutamente inapropiadas, atribuyendo la razón del planteamiento de la cuestión a motivaciones de “indudable carácter político” o por “discrepancia ideológica con la ley”, etcétera.
Hasta en siete ocasiones.
«Fui abogado del Estado durante décadas, Presidente de la Asociación algunos años, y siento tener que decirlo, pero me duelen algunas actuaciones públicas recientes de la Abogacía del Estado».
Así no, por favor. El Abogado del Estado no puede atribuir ni más ni menos que a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que actúa por discrepancia ideológica, por motivos políticos. Porque no es cierto, ni respetuoso, ni elegante.
La Abogacía del Estado siempre, desde hace más de un siglo, ha ejercido con señorío sus funciones, elegante, respetuosa y sinceramente.
Es un abogado del Estado, no un lacayo servil de ningún político nervioso o histérico.
En la defensa, en la harto discutible asunción de la defensa de “Álvaro García Ortiz”, la actuación de la Abogacía del Estado falla, y estrepitosamente, en las formas.
El Fiscal General del Estado, en la causa especial número 20557/2024 se convierte en el investigado “Álvaro García Ortiz”, y punto.
Me resulta llamativo e hiriente para la normal conducta procesal penal que la Abogacía, cuando intenta evitar el volcado de un móvil de, repito, “Álvaro García Ortiz”, le nombre como “Excelentísimo” y “Señor D.».
ADJETIVOS DESCALIFICATIVOS, CASI INSULTANTES, AL INSTRUCTOR DE LA CAUSA ESPECIAL
Pero la reiteración de “leal/lealtad” en el editorial de la revista, choca, y estrepitosamente, con la profusión de adjetivos descalificativos, casi insultantes, en la Abogacía del Estado al Instructor de la Causa Especial.
Frente a resoluciones absolutamente impecables del Instructor, la Abogacía del Estado, olvidando el respeto, la elegancia y sobre todo la verdad, afirma “Imputaciones fundadas en meras opiniones, carentes de base probatoria”, etc.
Que los políticos encargantes de la defensa estén nerviosos/histéricos, no puede contaminar la actuación profesional de la Abogacía del Estado, y convertirlos en toscos lacayos servibles.
Algunos políticos atribuyen actuaciones no judiciales/no constitucionales a jueces y magistrados.
Como si hicieron lucha política utilizando el derecho. Acusar de «lawfare» a los tribunales, es, primero, mentira como una catedral.
Y segundo, y muy peligroso: Tras imputar «lawfare» a los tribunales, se criticará cualquier condena, porque los jueces no son independientes, desde el sector denunciante del inexistente «lawfare».
Y metidos en un ambiente de «lawfare», si hay absolución, se criticará a los jueces “porque no son independientes”, desde el otro sector.
Espero y deseo que vuelva inmediatamente el señorío a la Abogacía del Estado en estos puntuales casos, que tanto daño hacen a la Institución. Por la credibilidad de la justicia, y por el prestigio de la Abogacía del Estado.
“Pero…, ¿de quién depende la Abogacía del Estado?”.
De la verdad, y siempre con elegancia y respeto. Por ello, ante lo que está ocurriendo humildemente pido y grito: ASI NO, POR FAVOR, SEÑOR ABOGADO DEL ESTADO.
