Firmas
El testimonio de Héctor de Armas hizo añicos el guión preestablecido por las acusaciones contra Alba
Plano general del juicio. A la izquierda, Salvador Alba, en el centro, flanqueado por sus abogados, Pedro Ayala, en primer término, y Nicolás González-Cuéllar en el extremo; a la derecha, el fiscal, y las acusaciones. Foto: TSJC.
13/7/2019 06:15
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Actualizado: 30/7/2020 09:58
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Héctor de Armas, quien fuera mano derecha del empresario Miguel Ángel Ramírez, hizo trizas, con su testimonio, el guión preestablecido de antemano por las acusaciones particulares y populares –con el concurso de la Fiscalía– en el juicio contra el magistrado Salvador Alba, que ayer llegó a su fin en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Por una vez, la máxima del ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels –«una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad»– no pudo materializarse.
Y fue gracias a la confesión pública de De Armas, ex administrador único de Seguridad Integral Canaria, Grupo Ralons y consejero de la Unión Deportiva Las Palmas.
De Armas, que en principio había sido convocado como testigo de la acusación popular –a quien renunciaron–, se convirtió en el testigo clave de la defensa el primer día del juicio, merced a un escrito que envió a Alba relatando lo que, hasta entonces, era una mera sospecha: que todo fue un montaje de Ramírez para forzar a Alba a que archivase los cargos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, valorado en 25,5 millones de euros, por los que el magistrado le había impuesto una fianza de 35 millones de euros al empresario.
Fue en diciembre de 2015. Cuando el magistrado asumió el Juzgado de Instrucción 8 que su compañera, Victoria Rosell, había abandonado para presentarse como diputada de Podemos en las elecciones del 20 de diciembre de 2015.
Alba después le rebajó la fianza a 17 millones, pero el mensaje que envió a la comunidad bancaria, con esa decisión, es que Ramírez no era solvente. Los problemas de liquidez se le multiplicaron.
TODO FUE UN CHANTAJE CUIDADOSAMENTE URDIDO
Ramírez necesitaba una «bala de plata» para acabar con Alba.
Para chantajearlo, una palabra que utiliza Héctor de Armas en su carta-denuncia.
¿Cómo?
Ramírez, se fue a hablar con el magistrado, lo grabó, luego ordenó manipular los audios –no es de recibo que trate de hacer creer que lo hizo él mismo– y los presentó ante la Justicia, como si fueran originales, junto con una transcripción debidamente manipulada que hacía decir cosas a personas que no habían dicho.
Ese fue el comienzo de todo.
Los dos agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (la Policía Científica de la Benemérita), y el perito de parte de la defensa, Jonathan Hellín Rodríguez, vinieron a decir lo mismo durante el interrogatorio al que fueron sometidos el pasado jueves.
Los audios REC001 y REC002, que en su momento se vendieron por determinados medios como auténticos y originales, eran una manipulación, un montaje.
Y el tercer audio, el REC004, el supuestamente «original», encontrado en una carpeta 501 de la grabadora, de «original» no tiene nada.
Porque no fue generado por esa grabadora sino que procede de un sistema operativo Apple, que no era el del aparato con el que supuestamente se hizo la grabación.
Además también quedó probado que Ramírez se reunió con el magistrado Alba durante 65 minutos el 16 de marzo de 2016. Sin embargo, la grabación tiene una longitud de 59 minutos.
Faltan 6 minutos. Referencias a cosas y personas que el propio Ramírez admitió que trató en esa conversación.
¿Donde están esos 6 minutos?
«Alguien» manipuló el audio REC004. Verde y con asas. O blanco y en botella, que, para el caso, es lo mismo.
El propio encausado, Alba, en su derecho a la última palabra ayer, hizo buena la conocida frase de que «lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad» cuando se preguntó: ¿Por qué los audios REC001 y REC002 se escuchan tan bien y el REC004 se escucha tan mal y es casi ininteligible?
El abogado del magistrado, Nicolás González-Cuéllar, durante su informe final, definió, en modo técnico, de forma muy precisa lo que son las grabaciones aportadas por Ramírez: fruto del árbol envenenado.
No son pruebas válidas.
Héctor de Armas contó, además, en el juicio quién había manipulado los audios: el técnico de Las Palmas, Javier Angulo, a quien le encargó el trabajito –y le llevó el material– Orlando Hernández Ramírez, por orden del empresario.
También reveló que Ramírez le entregó una copia de esa grabación a Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell, según le contó el empresario.
Y refirió una reunión, previa a la presentación de la grabación y su transcripción ante la Justicia, en el despacho de uno de los abogados de Ramírez, en Las Palmas, en la que participaron la entonces diputada de Podemos, la magistrada Victoria Rosell, su compañero sentimental, Sosa, el letrado José María Aranda, y el propio Ramírez.
Es decir, que, de creer a De Armas –y De Armas no gana nada con su declaración, al contrario–, la magistrada y su pareja estuvieron al tanto de la gestación de lo que parece ser una prueba que no reúne los requisitos de veracidad y su posterior presentación ante la Justicia, haciéndola pasar por buena.
Se da la circunstancia, además, de que durante los casi dos años que Rosell instruyó la causa contra Ramírez.
La causa por fraude a la Seguridad Social y Hacienda, avanzó a paso de tortuga.
A día de hoy, cinco años después, todavía no se ha cerrado.
¿Por qué Victoria Rosell no se apartó del caso?
¿Por qué no se abstuvo? Es lo que mandaban los cánones judiciales.
¿Conocía el tipo de relaciones económicas de su pareja, Sosa, con Ramírez?
González-Cuéllar, en su informe final, recordó que en 2015, tres días después de que Rosell se marchara a la política, Ramírez cerró un contrato de alquiler de licencia de radio con opción de compra, por una importante suma, que habían suscrito la emisora Unión Deportiva Las Palmas, participada mayoritariamente por Ramírez Alonso, y la entidad Clan de Medios de Comunicación y Marketing.
Un contrato sobre el que el periodista Francisco Chavanel, en su programa de radio El Espejo Canario, informó un mes antes de ser firmado (está documentado y difundido por las ondas), el precio del contrato y los extremos del mismo: casi 300.000. Entonces Rosell era todavía titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas.
De Armas vino a certificar también que las relaciones que Sosa, mantenía con el empresario Miguel Ángel Ramírez, eran mucho más estrechas de lo que jamás se hubiera podido sospechar.
Y aportó unos pantallazos de conversaciones a través de WhatsApp con el periodista –protocolizadas previamente ante notario–, realizadas en 2018, en las que se demostraba que De Armas envió a Sosa un escrito jurídico elaborado por José Antonio Choclán con el fin de que el periodista lo leyera y le diera el visto bueno.
De Armas hizo eso por orden de Ramírez.
Lo que no encaja es que Choclán admitiera que se le enviara su escrito a un periodista sin formación jurídica ninguna para que le diera el visto bueno o le propusiera alguna modificación.
A no ser que el periodista fuera un mero intermediario…
ROSELL, ¿CANDIDATA A MINISTRA DE JUSTICIA?
Para Rosell este juicio es vital. Porque un desenlace diferente a una condena a Alba haría muy difícil su progresión en su recuperada «carrera política».
Arrojaría, otra vez, duras sombras sobre su nombre, que en estos días, se maneja en las filas del PSOE como posible «ministra independiente» por Podemos.
¿En sustitución de Dolores Delgado, en el Ministerio de Justicia?
Lo que ha quedado evidenciado en el juicio, desde mi punto de vista, es que las acusaciones estaban cosidas con hilos, contrariamente a lo que se hubiera podido pensar por la fuerte campaña mediática contra Alba, que se quejó ante el tribunal de 142 informaciones publicadas por Sosa contra él en el periódico digital que dirige.
El magistrado subrayó el daño deliberado contra su persona.
En especial cuatro noticias específicas: Una, en la que se publicó el nombre y los apellidos de su hija menor y el colegio en el que estudia, que puso en conocimiento de la Fiscalía, la cual abrió diligencias de investigación; tres noticias en las que reveló que había pedido partes de baja médica, información que tenía el TSJC; y una quinta, de un viaje que estaba haciendo a las Islas Maldivas, lo que podía suponer una invitación a los cacos a robar su casa.
Alba pidió licencia al tribunal –como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal–, durante el ejercicio mencionado al derecho a la última palabra, para interponer una querella contra la acusación popular por haberle injuriado y calumniado, contra Miguel Ángel Ramírez, por haberle llamado Al Capone y por los manejos revelados por Héctor de Armas.
González-Cuéllar se pasó una hora y cuarenta y nueve minutos desmontando de un modo minucioso, ante el tribunal, todas y cada una de las acusaciones interpuestas contra su defendido: prevaricación judicial, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Fue una intervención brillante, propia de un gran jurista.
El fiscal, Vicente Garrido, que mantuvo la acusación, afirmando que Alba había mercadeado con su «poder como juez» y que afirmó que cometió una «prevaricación clamorosa» (sic), tras acabar el juicio, se levantó y fue a darle la mano al magistrado enjuiciado.
Pero no sólo le dio la mano.
Le dio un «caluroso y cariñoso abrazo».
Nadie comprendió a que vino, pero Garrido se fue tan feliz. Como un niño con zapatos nuevos.
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