Dice que los supuestos seguimientos "posiblemente se siguen produciendo". Foto: Youtube
La delegada de la Generalitat en Berlín denuncia ante la Fiscalía alemana ‘seguimientos’ por parte de Interior
Marie Kapretz denuncia una supuesta infracción contra sus libertades personales
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31/7/2019 14:03
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Actualizado: 31/7/2019 14:21
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La delegada de la Generalitat de Cataluña en Berlín, Marie Kapretz, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Federal alemana por «seguimientos» de los que responsabiliza al Ministerio del Interior.
Lo ha anunciado Kapretz en su cuenta de Twitter.
Denuncia una infracción contra sus libertades personales, y afirma que los supuestos seguimientos «posiblemente se siguen produciendo».
Interposo una denúncia a la Fiscalia General Federal d’Alemanya pel seguiment que em va fer (i possiblement segueix fent) el Ministerio de Interiores. Hi veig una infracció contra el § 99 StGB i contra les meves llibertats personals. pic.twitter.com/rl6MyrxHv9
— Marie Kapretz (@marie_kapretz) July 31, 2019
Kapretz ha sido aplaudida por el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia.
«Muy bien hecho», «es una vergüenza que estas actitudes ilícitas queden impunes. Todo mi apoyo», le ha traslado.
Molt ben fet @marie_kapretz! És una vergonya que aquestes actituds il·lícites quedin impunes. Tot el meu suport! https://t.co/osUaBikaAq
— Carles Puigdemont (@KRLS) July 31, 2019
El origen de las sospechas de la delegada de la Generalitat de Cataluña en Berlín está en la documentación que la Abogacía del Estado aportó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en la petición de paralizar cautelarmente la actividad de las delegaciones catalanas de Alemania (Berlín), Reino Unido e Irlanda (Londres) y Suiza (Ginebra), y que, según ‘eldiario.es’ y TV3, incluía información reservada y comunicaciones entre la Generalitat sus delegaciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores considera que estas delegaciones están vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y actúan «con singular intensidad» para un proceso secesionista que ha sido declarado inconstitucional.
Y exteriores solicitó a la Abogacía del Estado que reclamara la paralización de su actividad. Todas ellas habían sido cerradas en noviembre de 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La petición de la Abogacía del Estado se registró como medida cautelar en el marco del recurso contencioso administrativo interpuesto en 2018 contra el decreto de la Generalitat que restablecía estas tres delegaciones y las de Estados Unidos, Francia e Italia.
BORRELL NO DEBERÁ COMPARECER ANTE UN PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONGRESO
JxC y ERC reclamaron ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados una comparecencia extraordinaria en pleno del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.
No obstante, la comparecencia de Borrel fue rechazada ayer con 55 votos en contra de la misma, de PSOE, PP, Ciudadanos, VOX y Coalición Canaria.
Bildu y el PNV votaron a favor, mientras que hubo ocho abstenciones, las del Grupo Confederal de Unidas Podemos, que se abstuvo, porque cree que el ministro «debe tener la oportunidad de explicarse», pero en su Comisión, no en un pleno extraordinario.
PSOE, PP, Ciudadanos y VOX cargaron ayer en el debate en la Diputación Permanente contra la actividad de las delegaciones catalanas, por considerar que están dedicadas a dañar la imagen de España y a promover el secesionismo.
Desde Ciudadanos, Edmundo Bal –el abogado del Estado que fue cesado por mantener la acusación de rebelión contra los acusados en el juicio por el ‘procés‘- manifestó que la Generalitat no habría podido reabrir sus delegaciones si se hubiera aplicado el artículo de la Constitución 155 o se hubieran mantenido los controles financieros a la Generalitat, que este Ejecutivo levantó.
También emplazó a Borrell a denunciar por lo penal si cree que la Generalitat ha cometido delito de malversación en sus ‘embajadas’ en vez de contentarse con un recurso contencioso-administrativo.
«Frente a la inacción o la acción tardía del Gobierno, solicitamos una acción contundente para defender los intereses de España por medios legítimos», manifestó, por su parte, el ‘popular’ José Ignacio Echániz.
Además, PP y Ciudadanos creen que quien espía es la Generalitat.
Echániz señaló que lo que debe explicarse son «los graves informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» según los cuales ha habido acceso indebidos a ordenadores en los juzgados y el «espionaje a SCC».
«Espionaje es lo que hacen ustedes a los niños en los colegios», añadió también Edmundo Bal.
Una imagen del debate sobre la petición presentada por JxCat y ERC ante la Diputación Permanente. Foto: EP
La diputada de JxCat Laura Borràs quería que Borrell explicase si las comunicaciones se intervinieron con orden judicial o si Exteriores «actuó por su cuenta desde la ilegalidad», por qué motivo, cuánto tiempo y con qué coste.
También si en ese «espionaje» hay información de llamadas a ciudadanos extranjeros, en particular a cargos electos, y si los servicios de inteligencia de los países donde están situadas esas oficinas estaban al tanto de lo que se hacía y habían dado su autorización.
Mertxe Aizpurua, de Bildu, acusó al Estado de haber usado las mismas prácticas contra el «independentismo vasco», y Carolina Telechea, de ERC, dijo que el Gobierno está dañando la imagen exterior de España.
Aitor Esteban, del PNV, denunció que las únicas explicaciones del Ejecutivo al respecto han sido «salirse por la tangente».
Javier Ortega Smith, de VOX, -que ejerce la acusación popular en el juicio del ‘procés’- señaló que los independentistas pretendían convencerles «del buen hacer de las embajadas catalanas» cuando, en realidad, las pruebas del juicio del ‘procés’ demostraron que «en el mejor de los casos» se dedican «al desprestigio exterior de España, con mentiras y falsedades» y en otros «directamente con acciones delictivas».
«No estamos a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo por haber votado», dijo, sino por una presunta comisión de delitos graves.
«Dejen el rollo ya de que no pudieron votar», añadió.
Para Ortega Smith, es «lógico» que los independentistas no quieran ser investigados, porque en esas investigaciones se basan las pruebas del juicio.
La diputada de JxCat Laura Borràs cree que el rechazo del TSJCat a paralizar esas delegaciones «demuestra que hay intencionalidad política en esa petición» y que las oficinas «son legítimas, necesarias e imprescindibles para la proyección exterior de Cataluña».
Por su parte, desde el PSOE, Ana Belén Fernández le replicó que el rechazo ha sido por un motivo de procedimiento.
«El Ministerio de Exteriores no tiene espías, tiene personal diplomático, funcionario y laboral, lo que ha hecho es ejercer su cometido de vigilancia y seguimiento de cualquier actividad que pretenda menoscabar la imagen de España; la actuación del Ministerio no es censurable», sentenció Fernández.
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