Un total de ocho consejerías de la Comunidad de Madrid en la etapa investigada por el ‘caso Púnica‘ por presunta financiación ilegal del PP de Madrid se apoyaron en una cláusula «falaz» con el cocimiento de sus máximos responsables para desviar presuntamente más de cinco millones entre 2006 y 2008.
Así consta en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputa a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González por presuntos delitos de malversación, cohecho, fraude, falsedad electoral y prevaricación.
Según el juez, los dirigentes de la formación y del Ejecutivo madrileño habrían estado desde 2003 y hasta al menos 2011 utilizando fondos públicos para pagar deudas, sufragar actos de campaña y engordar una supuesta ‘caja B’.
Entre las herramientas para el desvío, el juez detalla el ‘modus operandi’ de la citada cláusula y especifica que se aplicó en las entonces consejerías de Presidencia; Sanidad; Transportes; La Mujer; Economía; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Hacienda; Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
Además, apunta que también desvió indiciariamente un importante flujo de fondos desde entidades públicas.
Algunas de ellas eran el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO) y Campus de la Justicia, y desde otras administraciones locales.
DESVÍO DE DINERO EN LAS CONSEJERÍAS
En cuanto al desvío de fondos públicos, el juez señala que el consejero de Presidencia de aquella época Francisco Granados aprovechó la próxima inauguración de la Casa de Madrid en Argentina para desviar «desde su Consejería dinero público, por una cantidad total de 230.648,24 euros».
Lo hizo «al amparo de la adjudicación a las empresas del investigado Horacio Mercado de contratos menores, para la organización de los eventos, y bajo la cobertura de la firma de un convenio de patrocinio entre la Casa de Madrid en Argentina y la Fundación Arpegio».
Granados también desvió «ilícitamente» fondos de la Agencia Madrileña para la Emigración a través de la facturación «falaz de las sociedades OVER, TRACI, ABANICO y LINK durante los años 2008 y 2009 ascendió a la cantidad de 124.219,86 euros».
En lo que respecta a la Consejería de Empleo y Mujer, fue en este caso su consejero José Gúemes quien, «siguiendo los dictados del plan preconcebido adjudicó en el año 2005 un contrato, bajo el concepto de:
‘Promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional de la Consejería de Empleo y Mujer durante los años 2005 y 2006′, a la mercantil Over, que desviaría fondos de su Consejería por un importe de 199.991,40 euros + IVA».
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS
Igualmente, la Consejería de Sanidad aprovechó para el desvío la puesta en marcha del denominado ‘Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007’, que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud y en la que se ‘confirió la cobertura oportuna para introducir, en los pliegos de las licitaciones de los contratos la cláusula ideada indiciariamente por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela.
En este apartado, el juez señala que el importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.883.286,70 euros. Mientras que los pagos a las constructoras alcanzó los 1.190.481,83.
Al igual que ocurriese en la Consejería de Sanidad, también desde esta Consejería se aprovecharía la existencia del Plan de construcción de nuevas carreteras para introducir la cláusula del 1% en los pliegos de licitación de las obras.
Dentro de este plan, la antigua Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio se valió para hacer el desvío de la Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), dando lugar a un quebranto a los fondos públicos de 923.736,3 euros. EP.
