Investigan en Lérida una trama por cobrar a inmigrantes por denuncias falsas de violencia de género
Los 'Mossos d'Esquadra' estiman que unas 40 mujeres podrían haber presentado denuncias falsas en Lérida; aunque sólo se han podido acreditar una veintena. Foto: EP

Investigan en Lérida una trama por cobrar a inmigrantes por denuncias falsas de violencia de género

Captaban a mujeres marroquíes que ejercían la prostitución para que las presentaran para conseguir ayudas y papeles, a las que cobraban unos 3.000 euros, de los que entre 500 y 600 iban para los hombres que se dejaban denunciar, han informado los 'Mossos'
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17/9/2019 09:45
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Actualizado: 17/9/2019 10:04
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida investiga a una organización criminal dedicada a captar a mujeres marroquíes que ejercían la prostitución para que presentaran denuncias falsas de violencia de género para que consiguieran ayudas públicas y permiso de residencia, y a cambio les cobraban unos 3.000 euros.

En la causa hay más de una veintena de personas investigadas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).

Detalla que esta organización presuntamente se dedicaba a utilizar a mujeres para presentar denuncias falsas «con la intención de aprovecharse de las ayudas a las víctimas que ofrece la Administración pública», llamadas renta activa de inserción.

Por parte de los ‘Mossos’ se ha constatado que esta organización cobraba a las mujeres. Los investigadores no tienen constancia de qué se hacía con las ayudas que éstas recibían.

Los ‘Mossos d’Esquadra’ estiman que unas 40 mujeres podrían haber presentado denuncias falsas en Lérida, de las cuales se han demostrado 20 denuncias, según ha informado a Confilegal el jefe de la unidad de investigación de los ‘Mossos d’Esquadra’ en Lérida, Jordi Fadurdo.

Explica que según la investigación, las mujeres pagaban a los cabecillas de la red, un hombre y una mujer también marroquíes, unos 3.000 euros, de los que entre 500 y 600 iban destinados a los hombres que se dejaban denunciar falsamente.

Los supuestos agresores denunciados, en su mayoría también marroquíes, eran casi todos clientes de prostíbulos.

Fadurdo relata que a los investigadores les llamó la atención la coincidencia de muchas denuncias en Lérida de mujeres que contaban que acababan de llegar a la localidad desde Huelva, que tenían hijos en su país de una pareja anterior y presentaban denuncia contra su pareja actual de la que, en muchas ocasiones, solo conocían el nombre.

«Como las mujeres no sabían ni a quién estaban denunciando tenían muy pocos datos del supuesto agresor, como el nombre o el número de teléfono. A veces no sabían ni dónde vivía», apunta Jordi Fadurdo.

Además, señala que todas las mujeres iban acompañadas en el momento de presentar la denuncia del mismo hombre y la misma mujer, supuestos cabecillas de la trama, de los que las denunciantes decían que eran amigos o familiares.

También comprobaron que éstos las acompañaban a las organizaciones sin ánimo de lucro, a oficinas de atención a las víctimas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña y a las oficinas de atención a extranjeros de la Subdelegación del Gobierno, donde pedían la documentación y las ayudas económicas.

DENUNCIÓ QUE LE HABÍAN ACUSADO FALSAMENTE Y QUE ESTABA EN PRISIÓN

El jefe de la unidad de investigación de los ‘Mossos d’Esquadra’ en Lérida informa también que durante la investigación detectaron que uno de los hombres denunciado estaba cumpliendo pena de prisión a raíz de la denuncia y que presentó una denuncia diciendo que él no había sido agresor ni conocía a la mujer que le denunció.

Con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno, los ‘Mossos’ concluyeron que tanto a las supuestas víctimas como a los supuestos agresores se les podía investigar por presunta simulación de denuncia falsa, y a la trama por presunta organización criminal y denuncia falsa.

Los agentes investigan ahora la razón por la que las mujeres contaban al presentar la denuncia que acababan de llegar de Huelva, por si el caso pudiera tener vinculaciones en esta provincia andaluza.

Dos de los investigados ya han pasado a disposición judicial y han quedado en libertad con obligación de comparecencia periódica el 1 y el 15 de cada mes, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
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