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Las cuatro asociaciones de jueces anuncian que volverán a recurrir ante la Sala de lo Social del Supremo

La Ley, en el centro, flanqueada por la Justicia -a la izquierda- y el Derecho -a la derecha-, conjunto escultórico del Tribunal Supremo, obra de Miguel Blay. Confilegal.
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La respuesta de las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– a la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tumbando su demanda de conflicto colectivo contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y 11 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, ha sido de unánime rechazo, por una parte.

Y por otra, de anuncio: Volverán a recurrir ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, cuyo Pleno falló el 24 de junio pasado que la jurisdicción social es la competente para resolver la demanda de las cuatro asociaciones. 

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Y no la contencioso-administrativa, que es la que un tribunal dividido –2 votos a 1–, considera que es la competente.

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«El voto particular –y disidente– de la magistrada Emilia Ruiz-Jarabo Quemada, recuerda con toda claridad que la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del pasado 24 de junio ‘es de obligado acatamiento'», afirma Manuel Almenar, presidente de la APM. 

«A mi juicio, la sentencia se aparta de una manera grosera tanto de la forma como del espíritu de dicha sentencia, que dictó que la competencia para resolver nuestra demanda pertenecía al orden social y no al contencioso-administrativo», añade.

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«No queda más remedio que volver a recurrir ante la Sala de lo Social del Supremo. Esto se parece, cada día más al día de la marmota», señala Almenar.

Una sensación que también comparte Raimundo Prado, portavoz de la AJFV. 

«Un día de la marmota en toda regla, así es. La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional viene a decir lo contrario a lo que dictó la Sala de lo Social del Supremo, el órgano que es la cúspide de esa jurisdicción. A pesar de eso, el tribunal de la Audiencia Nacional vuelve a decir que el CGPJ es un órgano administrativo. Marea la perdiz sin entrar en el fondo«, cuenta.

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«Volveremos a recurrir. Y es una pena, porque se está dando la sensación de la justicia no es nada eficaz y que funciona mal», afirma.

Carlos Preciado, de JJpD, el miembro del Secretariado que ha llevado esto, no alberga ninguna duda: «El Supremo ya se pronuncio por la adecuación del procedimiento y dijo que le correspondía a la jurisdicción social».

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«Será sonrojarte que la Sala de lo Social del Alto Tribunal vuelva a dictar una segunda declaración de nulidad, como la del Pleno del pasado mes de junio. Un litigio, sobre estas cuestiones, se podría haber resuelto. La cuestión de fondo, que es una fijación de las cargas máximas de trabajo, sigue sin resolverse y ello implica que los problemas siguen sin resolverse. Personas que están sobrecargadas de trabajo en juzgados saturadísimos y sin medios lo sacan adelante, muchas veces, a costa de su salud», dice Preciado.

Precisamente, la magistrada disidente, Ruiz-Jarabo, en su voto particular, hace referencia a esa situación: «se podría lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución, obligando a los justiciables a acudir por dos veces al Tribunal Supremo para conseguir la reiteración de una misma resolución por el mismo Tribunal». 

A Concepción Rodríguez, presidente de la Comisión Gestora de FJI, no le ha sorprendido la sentencia de la Sala de lo Social  de la Audiencia Nacional.

«Por supuesto que FJI recurrirá, otra vez, ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El fallo es incomprensible. El Pleno de la Sala de lo Social del Supremo ser pronunció alto y claro: la competencia es de la jurisdicción social. ¿Por qué este tribunal se sale de los raíles jurisprudenciales?«, se pregunta Rodríguez.

Los cuatro representantes de las asociaciones tienen muy presente que el presidente, tanto de este tribunal como del anterior, ha sido Ricardo Bodas. Que cuando dictó la primera sentencia estaba optando, en el proceso de selección abierto, a una plaza de magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, cuya elección le correspondía al Pleno del CGPJ –institución que es parte en este pleito–, y que no consiguió.

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Y que en esta segunda ocasión, Bodas también está inmerso en dos procesos de selección.

En una opta -otra vez- a una nueva plaza vacante d mesa misma Sala, y en otra, a la renovación en la Presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

En ambos casos, le corresponde al CGPJ decidir sobre su destino.

Preciado reconoce que Bodas es miembro de JJpD y que está inmerso en esos dos procesos de selección.

«Ese es un dato objetivo que es cierto y que es verdad. No voy a hacer interpretaciones de ningún tipo, pero si el Supremo vuelve a darnos la razón y tenemos que volver a esa misma Sala, no tendremos más remedio que recusarle», concluye.