La asociación Foro Judicial Independiente, que preside Concepción Rodríguez, denuncia que esta actuación de la ministra "excede de las funciones propias del poder ejecutivo e invade a las competencias del poder judicial, afectando gravemente al principio de separación de poderes vital, en un Estado social". Foto: Carlos Berbell
FJI muestra su rechazo a las ‘injerencias’ de la ministra de Justicia en el caso Juana Rivas
Delgado envió el pasado 9 agosto una carta a su homólogo italiano para mediar en favor de la condenada
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10/10/2019 12:56
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Actualizado: 10/10/2019 16:35
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Foro Judicial Independiente (FJI) ha denunciado hoy las «injerencias» de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en el caso Juana Rivas, tras conocer que en agosto envió una carta a su homólogo italiano para «interceder» en favor de esta condenada por sustracción internacional de sus dos hijos, cuya custodia le fue retirada por la Justicia italiana.
Esta asociación, que preside Concepción Rodríguez González del Real, ha destacado en un comunicado que esta actuación de la ministra «excede de las funciones propias del poder ejecutivo e invade a las competencias del poder judicial, afectando gravemente al principio de separación de poderes vital, en un Estado social».
Según ha informado El Mundo, Delgado envió una misiva al ministro de Justicia italiano, Alfonso Bonafede, para informarle de la preocupación de la condenada e interesarse por la situación de los dos menores, a quien Rivas intentó por todos los medios legales el verano pasado que no volvieran a Cerdeña tras su periodo vacacional con ella
Indica que fuentes del Ministerio, que han confirmado el envío de esta carta, han detallado que Delgado la envió a Bonafede para transmitirle «que el Ministerio ha tenido conocimiento de la preocupación de Juana Rivas por el bienestar de sus hijos por determinados hechos que podrían haberse producido en Carloforte -lugar de residencia de los niños con el padre- y que podrían haber provocado una situación de riesgo para los menores».
También señalaron, según el citado diario, que el Ministerio de Justicia tuvo conocimiento de esta «preocupación» ante la petición de protección internacional realizada por Rivas el pasado verano ante la Delegación de Gobierno de Andalucía, al intentar que sus hijos no regresaran a Carloforte -una copia de dicha petición llegó también a un juzgado de Granada, que la desestimó-.
Europa Press ha publicado este mediodía que fuentes del Departamento de Justicia argumentan que la misiva fue «puramente informativa», para expresar la preocupación de la propia Rivas por la situación de sus dos hijos menores de edad, y que no tuvo «intención mediadora» por parte de la ministra.
La madre de Maracena (Granada) condenada a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos. Foto: EP
Juana Rivas fue sentenciada a 5 años de cárcel porque en julio de 2017, instada por una juez a entregar a sus dos hijos al padre para que volviera con ellos a Italia, desapareció un mes con ellos y no volvió hasta casi un mes después.
Esta condena, impuesta por el magistrado Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, fue ratificada el pasado marzo por la Audiencia Provincial de Granada.
Esta sentencia también condena a Rivas a ser privada de la patria potestad seis años y a indemnizar a su expareja con 12.000 euros por daño moral.
El equipo jurídico de Juana Rivas presentó en mayo un recurso de casación ante el Tribunal Supreno alegando que actuó por una «causa justificada» como fue «proteger a sus hijos» y no para perjudicar a su expareja, el italiano Francesco Arcuri. Fue admitido a trámite.
La defensa solicita que en el caso de que se mantenga la condena la pena sea reducida a dos años de prisión.
También pide, de forma subsidiaria y para el caso de que no proceda su libre absolución, que se aprecie un único delito de sustracción de menores, ya que con independencia de los hijos que se tenga, el acto cometido conllevaría únicamente la existencia de un delito.
Además, ha reclamado al Tribunal de Menores de Cagliari (Italia) que se tomen medidas urgentes de protección para sus hijos.
El Tribunal de Cagliari concedió en marzo la custodia exclusiva de los dos hijos al padre, con quien han vivido desde agosto de 2017, en la isla de Carloforte, desde que se los entregó.
El pasado mayo trascendió que la Fiscalía italiana había archivado por falta de pruebas las ocho denuncias que Rivas ha presentado en los últimos años por presunto maltrato contra su expareja, incluyendo la que realizó en julio de 2016 por presunta violencia de género tras salir de Italia con sus hijos y en la que se basó para no devolverlos al padre.
Ese mes, Rivas presentó una nueva denuncia contra su expareja, por supuesto maltrato a los niños.
El Tribunal de Menores de Cagliari celebra hoy la vista en la que abordará ese recurso urgente interpuesto por Rivas contra Arcuri.
Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas. Foto: EP
‘LO APORTADO NO ACREDITA EL MALTRATO NI HACIA ELLA NI HACIA LOS MENORES’, DICE PIÑAR
En el juicio en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada Rivas alegó que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte (Italia) porque “no quería vivir más” bajo “las torturas” de su expareja y que, ya en España, no le entregó a los niños, pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban “escapando del maltrato” y quería protegerlos.
El magistrado Manuel Piñar advirtió durante la vista oral que ésta no era una causa de malos tratos, pero hizo referencia a este asunto en su sentencia.
El juez Piñar sostiene en ella que a lo largo del procedimiento Rivas ha aportado comunicaciones e informes periciales que no acreditan el maltrato ni hacia ella ni hacia los menores, mientras que los peritos que han actuado en la causa sí lo han descartado. Indicó que también concluyeron que la restitución de los niños al contexto paterno no suponía “un grave peligro para su integridad física o psíquica”.
Tampoco dio credibilidad a la denuncia que Rivas presentó por malos tratos en julio de 2016 en Granada, que fue emitida a Italia, “porque ningún jurado ha declarado la veracidad de los mismos”.
Además, el juez advirtió que “predicar a los cuatro vientos que una persona maltrata, tortura y aterra a su familia, e incluso, que ha golpeado al hijo mayor, cuando no hay una condena firme, ni siquiera una investigación en trámite, y arengar a una multitud irreflexiva y visceral, para hacerla cómplice de ese escarnio” es “una afrenta que muestra una voluntad dañina y lesiva de elementales derechos como el honor o el de presunción de inocencia”.
Argumentó que esto conlleva daños, “no solo de tipo de moral, en cuanto que se ha atacado la dignidad y honor de la persona y su imagen, sino también de naturaleza económica incuantificable, pues la sensibilidad social que hay sobre la lacra del maltrato, ha llevado a muchas personas a aislar al maltratador convicto; a señalarlo y rehuirlo a la hora de una oferta de trabajo, de un negocio y de muchos otros aspectos de la vida social”.
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