En un último intento a la desesperada, el fiscal decano de Talavera trata de que no derriben su chalet
El fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y su chalet, construido está levantado sobre una zona próxima -y prohibida- a un cauce fluvial.

En un último intento a la desesperada, el fiscal decano de Talavera trata de que no derriben su chalet

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19/10/2019 01:30
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Actualizado: 19/10/2019 08:28
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Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de la Sección de Talavera de la Reina, ha hecho un último intento a la desesperada, ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), para impedir el derribo del chalet que posee en la localidad de Pepino, a 8 kilómetros al norte de la ciudad en la que trabaja, presentando un escrito en el que solicita la legalización de la construcción.

El mencionado escrito fue presentado por su esposa –y copropietaria–, María García García, el 10 de septiembre pasado, según ha informado la CHT a Confilegal.

Esto ha dado lugar a la apertura del expediente preceptivo, y a la paralización del derribo del chalet hasta su resolución.

«Con fecha 10/09/2019, Dª. María García García ha presentado escrito solicitando la legalización de la vivienda objeto del expediente sancionador referenciado. Dicha solicitud ha dado lugar a la incoación del correspondiente expediente de autorización de obras en zona de policía de cauces, por lo que la obligación de reponer impuesta en la resolución sancionadora queda suspendida y supeditada a la resolución que se dicte en el expediente mencionado», dice la información facilitada por la Confederación.

Con la presentación de dicho escrito reconocen implícitamente que sabían que la casa había sido levantada en terreno prohibido y, por lo tanto, ilegal.

Detalle de uno de los planos del chalet del fiscal decano que figuran en el Ayuntamiento de Pepino.

Sede central de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en Madrid, que ahora tiene la última palabra sobre la construcción ilegal del chalet del fiscal decano de Talavera.

EL TSJCLM INFORMÓ A LA CHT DE LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA

La CHT también informa que el 22 de julio pasado el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCLM) les remitió la sentencia firme, por la que  desestimaban el recurso interpuesto por la esposa del fiscal decano, confirmando la orden de derribo del chalet. 

Una sentencia que se había convertido en firme 7 días antes, el 15 de julio, al haber renunciado el fiscal decano y su esposa a recurrirlo ante el Tribunal Supremo ante la certeza de que sería confirmada.

El origen de dicho fallo fue el recurso contencioso-administrativo que María García García interpuso ante el TSJCLM tanto contra la resolución de la CHT de 6 de marzo de 2009 como el requerimiento de cumplimiento de demolición de 31 de octubre de 2017.

«Dictados ambos en el expediente sancionador D-30681 (D1556/2007), que fue tramitado por los siguientes hechos: ‘Limpieza del cauce del Arroyo Berrenchín y obras de construcción de una vivienda en zona de policía del citado cauce, en T.M. de Pepino (Toledo), sin autorización administrativa de este Organismo'», dice la CHT.

Tras conocer el desenlace de la sentencia, la Confederación Hidrográfica del Tajo remitió un oficio, el 30 de julio, a María García García, dándole un plazo de 30 días para que repusiera las cosas «a su estado anterior», de acuerdo «con lo establecido en el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas , salvo que sean legalizadas las obras autorizados los trabajos denunciados a instancia del interesado”.

Dicho de otra forma, la CHT le dio 30 días para que demoliera el chalet voluntariamente. 

Situación del chalet del fiscal decano de Talavera de la Reina en Pepino.

EL ÚLTIMO INTENTO

Frente a esa orden final, la mujer interpuso el mencionado escrito ante la CHT, el 10 de septiembre, pasado, diez días después de que prescribiera el plazo para llevar a cabo la orden de demolición, solicitando la legalización de la vivienda.

El problema que presenta una posible autorización es que parte del chalet está construido dentro de la zona de servidumbre –los cinco metros que distan desde el cauce del arroyo– y el resto en la zona de policía –100 metros desde el mismo cauce–. 

«Por su ubicación, la vivienda de la parcela número 237 de la segunda fase de la Urbanización El Gran Chaparral se encuentra parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público hidráulico del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y plenamente tanto dentro de la zona de policía como de la de riesgo de inundación«, dice el informe elaborado por Ecologistas en Acción en abril de 2016  y que fue la base de su denuncia, en 2017.

En el mismo especifica, de forma muy clara, que el chalet «se encuentra construido sobre el margen izquierdo del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y a una distancia no superior a los 3 metros de los límites del citado margen».

Información que coincide con el informe que el jefe del Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico –que firma como CHTA 8357– de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo, fechado el 7 de febrero de 2018, en la que afirma que parte del chalet invade la zona de servidumbre en un metro.

«El cimiento de la vivienda más próximo al cauce del citado arroyo, se encuentra a una distancia determinada, que en aquel momento se estimó en unos 5 metros, del cauce, en su margen izquierda. Se consideró que la obra respetaba la zona de servidumbre casi en su totalidad. No obstante, se apreciaba que en el extremo que en la foto se observa más alejado, unos 5 metros del muro futuro no la respetaban, acercándose a unos 4 metros aproximadamente. Los 5 metros finales del muro formaban un chaflán que iba desde los 5 metros a los 4 metros de distancia al cauce, invadiendo así ese tramo del muro la zona de servidumbre», escribe el funcionario.

El chalet del fiscal decano fue construido en la zona de servidumbre y en la zona policía del cauce del Arroyo Berrenchín, dentro de la franja de 100 metros.

NO SE PUEDE CONSTRUIR EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE

El artículo 10 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, dice que en los márgenes de los cauces, sin la previa autorización, solo “podrán realizarse en caso de urgencia trabajos de protección de carácter provisional”.

Podrán convertirse en permanentes exclusivamente en la zona de policía siempre que se ponga en conocimiento del organismo de la cuenca –la Confederación Hidrográfica del Tajo– «en el plazo de quince días, al objeto de que éste, a la vista de los mismos y de las circunstancias que los motivaron, pueda resolver sobre su legalización o demolición de conformidad con el artículo 78”, sin que en ningún caso dicha legalización está previsto que pueda extenderse a la zona de servidumbre.

Dicho de otra forma, cualquier construcción que se halle en la zona de servidumbre hay que demolerla, por ilegal. 

Y en lo relativo al resto de la construcción, también. Porque el plazo de quince días de que disponían para solicitarlo, prescribió en 2009, hace 19 años. 

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