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La justicia anula la sanción impuesta a la cabo constitucionalista por la Dirección General de los “Mossos”

Eran 7 meses de suspensión de empleo y sueldo y pérdida de destino Inma Alcolea en una foto tomada el pasado mes de marzo, en Madrid, donde fue distinguida con la condecoración "Reconocimiento al Mérito y al Sacrificio", por su defensa de la Constitución y el Estado de Derecho en el marco del Acto y Simposium del Grupo GEES Spain. En la foto aparece con sus dos hijos menores. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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Andrés Maestre Salcedo, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 15 de Barcelona, ha anulado la sanción de 7 meses de empleo y sueldo –falta grave– que le impuso el director general de los “Mossos d’Esquadra” a la cabo Inmaculada Alcolea el 27 de febrero de 2018 por unos comentarios menos menospreciativos sobre Carles Puigdemont publicados en su página de Facebook por su madre anciana. 

Dicha sanción conllevó la pérdida de su destino en la Unidad Regional de Policía Administrativa de Girona, ciudad en la que tiene su domicilio, y su adscripción a otros, en Arenys de Mar –a 63,3 km de distancia– y a Figueres –42,1 km–.

“Previamente al caso que ahora se judicatura, la recurrente no había sido objeto de sanción disciplinaria alguna”, subraya la sentencia. Una carrera de 21 años sin una mácula.

La cabo Alcolea, muy crítica con la Dirección de la Policía Autonómica durante –y después– del “procés” y defensora de la Constitución, había alegado desde el principio de la apertura del expediente que ella no había sido la autora de los comentarios en su página de Facebook sino su madre, de 83 años.

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Y que lo hizo sin su conocimiento.

A la señora se le había estropeado su portátil Mac. Mentras se lo arreglaban utilizó el suyo.

A lo largo de siete publicaciones –entre noviembre y diciembre de 2016–, la madre de la cabo escribió que “los de la CUP son unos guarros” y criticó al gobierno de la Generalitat y de modo específico, a su presidente, Carles Puigdemont, al que recordó que no era licenciado universitario.

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“Es un muerto de hambre sin oficio ni beneficio”, publicó la anciana. 

El magistrado Maestre Salcedo admite en su sentencia que esa es la verdad judicial –la División de Asuntos Internos de los “Mossos” consideraba que habían sido suyas– y, por lo tanto, anula la sanción impuesta por el director general de la policía autonómica a la cabo Alcolea, reponiéndola en su destino. 

El pasado mes de junio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), en funciones de apelación, había levantado provisionalmente la sanción, ahora anulada por el Contencioso-Administrativo 15 de Barcelona, impuesta por la División de Asuntos Internos en nombre del Director General de los “Mossos”.

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UNA SENTENCIA INJUSTA

La cabo Alcolea, aunque contenta con el desenlace, considera que es injusta.

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“El magistrado reconoce en su sentencia que, en mi caso, se ha producido una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24 de la Constitución española. Sin embargo, no condena en costas a la Dirección General de los ‘Mossos’, a la Generalitat ni se me indemniza”, explica Alcolea.

Yo me he gastado, hasta ahora 20.000 euros –sin IVA–. Dinero que he tenido que pagar de mi bolsillo. A la Generalitat, sin embargo, le ha salido gratis. Por ello, digo que es una sentencia injusta. A Josep Lluis Trapero, mayor de los ‘Mossos’ no lo suspendieron cuando comenzaron las investigaciones sobre su persona por ‘sedición’. A mí, sí. Es evidente que aquí hay una doble vara de medir“, añade.

Inmaculada Alcolea en suma, no está contenta: “Porque me han destrozado la salud, la economía y la profesión. La persecución contra mi persona desde la División de Asuntos Internos comenzó el 13 de enero de 2017 y sigue durando hasta ahora”.

La cabo de la policía autonómica ondeando, muy orgullosa, la bandera de su país. Foto: Twitter.

EL CASO “GENESTAPO”

A la cabo constitucionalista le resta otro frente judicial, también contra los “Mossos d’Esquadra”. Por llamar «Genestapo» a la cúpula de la Consejería de Interior del gobierno autonómico catalán.

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La sanción, en este caso es de 5 meses de empleo y sueldo.

Sanción que también le ha sido suspendida cautelarmente. Fue el pasado mes de abril.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Barcelona, María Isabel López Montañez, tomó esa decisión.

La vista ha sido fijada para el 20 de octubre de 2020. 

Según el auto de la magistrada, una suspensión como esa podía producir perjuicios de difícil o imposible reparación, sin entrar en el fondo del asunto, es decir, la validez jurídica de la sanción administrativa recurrida, que le corresponderá a un tribunal cuando llegue el momento.

Alcolea, que es licenciada en derecho, tiene a su vez, interpuestas varias denuncias. Algunas contra compañeros, como Albert Donaire, líder del grupo “Mossos per la Independencia”, reconvertidos ahora en “Mossos per la República”, al que la misma Dirección General que sancionó a la cabo no le ha impuesto sanción alguna.

También tiene otra demanda interpuesta contra una persona por el uso ilegítimo de imágenes de sus hijos.