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El Constitucional advierte por tercera vez a Torrent que incurrirá en responsabilidades penales si ignora sus resoluciones

El presidente del Parlamento catalán dice que desoirá los avisos del TC porque en la Cámara catalana "se debe poder hablar de todo", y califica de "intentos de censura" las impugnacionesEl presidente del parlamento autonómico catalán, Roger Torrent (ERC). Foto: EP.
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha lanzado hoy un nuevo aviso al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Mesa sobre “las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir” si ignora sus resoluciones.

Lo ha hecho a raíz de admitir a trámite los tres últimos incidentes de ejecución de sentencia que el Gobierno ha presentado contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán en los que se reiteran la disposición a debatir sobre el derecho de autodeterminación, la pretendida soberanía del pueblo catalán o la reprobación a la Monarquía.

Ordena al Parlamento catalán que en un plazo de tres días remita las actas de la sesión de la Mesa de 22 y 29 de octubre, así como los informes y documentos relativos a los citados acuerdos y la resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por varios grupos parlamentarios.

Una vez se reciban estos documentos solicitados, se dará traslado a Fiscalía y a la Cámara catalana para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.

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Por su parte, Roger Torrent ha señalado en una comparecencia ante los medios en el Parlamento catalán que desoirá los avisos del Constitucional porque en la Cámara catalana “se debe poder hablar de todo”, y ha tildado de “intentos de censura” las impugnaciones.

“En el Parlamento de Cataluña se debe poder hablar, debatir y votar de todo”, ha manifestado, y ha asegurado que ni él ni la Mesa impedirán debatir y votar la propuesta de resolución de ERC, JxCat y la CUP sobre de respuesta a la sentencia del ‘procés’.

Ha afirmado que la Mesa de la Cámara catalana “no puede censurar ningún debate” y que no puede limitar los temas de los que quieran hablar, opinar y votar los grupos parlamentarios porque son asuntos que, según ha afirmado, interesan al conjunto de la ciudadanía de Cataluña.

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Asimismo, ha señalado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tenía la oportunidad de desjudicializar el conflicto con Cataluña y sacarlo de los tribunales, pero que “ha optado por la vía del PP”.

“El presidente Sánchez está superando incluso la dinámica absurda, ineficaz y peligrosa desde un punto de vista democrático” del anterior Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, ha dicho Torrent.

El Pleno del TC se ha reunido a las 10.00 horas de urgencia para estudiar si admitía o no a trámite los recursos que el Consejo de Ministros acordó presentar el pasado jueves.

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Uno de ellos es contra la admisión a trámite por la Mesa del Parlamento catalán el pasado 22 de octubre de una propuesta de Junts, ERC y la CUP en la que se rechaza la sentencia del Tribunal Supremo del ‘procés’, así como el acuerdo de la misma Mesa de 29 de octubre en el que se rechazó las solicitudes de reconsideración que presentaron PSC, Cs y PP.

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Por la invocación del artículo 161.2 de la Constitución por parte del Gobierno, el Constitucional ha dejado en suspenso la vigencia del apartado 11 de la referida propuesta de resolución impugnada, en cuanto a que expresa que el Parlamento catalán “reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados” la “reprobación de la Monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”.

El Gobierno señala que los acuerdos del 22 y 29 de octubre incumplen sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2015, 2018 y 2019 relacionadas con la independencia de Cataluña y la Monarquía, así como dos recientes providencias del Constitucional, notificadas los pasados 10 y el 16 de octubre, en las que ya advirtieron a Torrent, al secretario general Xavier Muro i Bas, y a los demás miembros de la Mesa (Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros), de su deber de impedir cualquier actuación que ya haya sido suspendida o anulada por este tribunal.

En la segunda de ellas el Constitucional también advirtió a Torra y demás miembros del ejecutivo autonómico.

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