El Gobierno de Turquía ha cifrado este lunes en más de 3.900 el número de jueces y fiscales cesados desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, achacado por Ankara al clérigo Fetulá Gulen, quien reside en el exilio en Estados Unidos.
«El número de jueces y fiscales cesados desde el 15 de julio (de 2016) es 3.926», ha indicado el ministro de Justicia turco, Abdulhamit Gul, quien ha denunciado que el país hace frente a un grupo terrorista encabezado por Gulen.
Así, ha indicado que este grupo se ha infiltrado en las instituciones del Estado «desde hace 40 años». «Sabemos que no es corrector decir que hemos completado la lucha contra este grupo terrorista en 40 días», ha señalado, según la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconoció en abril que hay más de 30.500 personas encarceladas en Turquía acusadas de mantener vínculos con la red de Gulen. El Gobierno turco considera a los seguidores del clérigo una organización terrorista.
Ankara considera que en el Ejército y otras instituciones estatales hay infiltrados de la red de Gulen, antiguo aliado de Erdogan que ha negado su participación en el golpe y que desde 1999 vive en el estado norteamericano de Pensilvania.
Mientras los críticos de Erdogan aseguran que la asonada militar es un pretexto para aplastar a la oposición, las autoridades turcas insisten en que estas medidas son necesarias para combatir las amenazas a la seguridad nacional.
La UPF otorgó el premio “Jesús Vicente Chamorro” a Murat Arslan, juez turco encarcelado desde 2016
El juez Murat Arslan lleva en prisión en Turquía tres años. Desde 2016. Recientemente fue condenado por un tribunal de Ankara a 10 años de cárcel por «pertenencia a organización terrorista».
Este juez fue relator del Tribunal Constitucional turco. En 2017 recibió el Premio Vaclav-Havel, que concede la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en reconocimiento a su gran profesionalidad.
Por ello, el pasado mes de mayo, el Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en su última reunión, decidió conceder el premio “Jesús Vicente Chamorro” 2019 a Murat Arslan, en reconocimiento a su independencia judicial y a su lucha por la justicia.
A Arslan se le acusa en Turquía de pertenecer a la comunidad de Fethullah Gülen, el predicador exiliado en Estados Unidos a quien las autoridades consideran el cerebro del fallido golpe de estado contra el régimen de Erdogan del 15 de julio de 2016.
El juez, era presidente de la Asociación de magistrados independientes Yarsav, la única organización turca que estableció lazos con sus homólogos de otros países.
Pruebas falsas
Las agencias internacionales, consideraron que no se había probado ningún hecho terrorista a Arslan y que todo el caso se montó sobre la base de algunas aplicaciones encontradas en su teléfono móvil.
Entre ellas, se encontraba un servicio de mensajería instantánea llamado Bylock, que las autoridades de Ankara describían como “la principal forma de comunicación de los conjurados”.
El juez negó haberse descargado esa aplicación y la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y la Libertad (Medel) afirmó en un comunicado, tras conocerse la sentencia, que “todo el procedimiento judicial carece de trasparencia y no tiene nada de procedimiento legal regular”.
El proceso, según ellos, estuvo repleto de irregularidades: aseguran el principal testigo de cargo de la acusación es anónimo y otros muchos testigos se han desdicho de sus primeras declaraciones.
