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El juez abre una investigación sobre Chaves y Zarrías por el préstamo de 3,7 millones a una empresa

Y sobre otras 13 personas: ocho exaltos cargos y cinco directivos de la compañíaAnticorrupción ha solicitado la declaración de 15 personas como investigadas, de las cuales 10 son exaltos cargos y las otras cinco directivos de la compañía, por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos.
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El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado abrir diligencias previas -una investigación- sobre expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y otras 13 personas por un préstamo de 3,7 millones de euros concedido en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

El juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana, atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó que estas 15 personas -10 exaltos cargos y cinco directivos de la compañía- declararan en calidad de investigados por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos.

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Entre los exaltos se encuentran el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; Salvador Durbán, expresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después llamado Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; y cinco personas relacionadas con la citada empresa.

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Anticorrupción pidió al juez Vilaplana que abriera una nueva pieza separada para investigar el citado préstamo que, «en cualquier caso, no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA».

El magistrado señala que los hechos relatados por la Fiscalía «podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y que «resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión» a Campocarne Andalucía de un préstamo «puente» de 970 millones de pesetas -5,8 millones de euros-, otorgado por el antiguo IFA, aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999 y formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999.

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Apunta que, a través de este préstamo, «podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos», una operación que no «tendría vinculación alguna con el denominado procedimiento específico ni con las indebidas transferencias de financiación articuladas en virtud del mismo -a los fines indicados- en favor de IFA/IDEA».

El magistrado indica que los hechos investigados en esta nueva pieza separada «no habrían prescrito» teniendo en cuenta que, «a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido, ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA».

El juez Vilaplana acuerda solicitar distinta documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta para que la aporten «a la mayor brevedad posible».

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Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, «sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente».

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE.

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Recientemente, Vilaplana también ha abierto juicio oral contra el exdirector de Trabajo Francisco en una pieza separada de los ERE donde se investigan las denominadas pólizas individuales.

Por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.

Le ha impuesto una fianza de un 1.100.000 euros.

El Ministerio Público ha solicitado siete años de prisión para Guerrero, y 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta por un supuesto delito continuado de prevaricación, en concurso medial con un supuesto delito continuado de malversación.

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