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Origen de la conformidad y la aplicación de la doctrina Alford y el alegato “Nolo contendere”

David Díaz Villasante, autor de esta columna, es abogado del despacho Lawyou.|David Díaz Villasante, abogado de Lawyou.
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Los abogados penalistas, dentro de las diferentes estrategias de defensa disponibles y plausibles, somos muy conscientes de la importancia que puede tener el pacto de conformidad y asunción de hechos con la acusación como una forma válida, y a veces incluso necesaria, para dar una salida beneficiosa y provechosa a los intereses de nuestros clientes en el pleito penal.

Ya en el año 1989 se introdujo en nuestro sistema penal, al unísono con la creación del procedimiento abreviado, el incentivo de la conformidad como instrumento del proceso penal por el que la parte acusada por su propia voluntad, o bien todas las partes del proceso de consumo y común acuerdo, concluyen el pleito de manera prematura.

Posteriormente la reforma introducida por la Ley 38/2002 y la Ley Orgánica 8/2002, las dos de 24 de octubre, contuvieron como objetivo la actualización de las leyes procesales con la realidad social del momento, situando entre sus objetivos la agilización de los procedimientos y el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y flagrantes e incentivaban también la instauración aquellas fórmulas de salida prematura del procedimiento que, sin merma o menoscabo de derechos, y en la cobertura dentro del estricto marco de legalidad que la Constitución impone, facilitasen una resolución más rápida, menos traumática y, en suma, menos costosa en todos los sentidos del conflicto penal.

Incorporando con ello la posibilidad de conformidad del acusado, que, en sus diversas modalidades, permitía evitar la celebración del juicio oral e incluso la propia investigación sumarial de los hechos, generalmente con la contrapartida de una modificación a la baja de la pretensión punitiva.

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SUPERVIVENCIA DE UNA LEY PROCESAL DECIMONÓNICA 

Las cifras de conformidades alcanzadas, crecientes año tras año, constituyen uno de los pulmones de oxígeno que explican y permiten la supervivencia de nuestra ley procesal decimonónica.

En síntesis, se podría aducir que la conformidad con los hechos entre defensa y acusación supone la evitación de un juicio y la promulgación de una sentencia condenatoria contra el acusado, previamente pactada entre acusación y defensa, que conllevaría una reducción punitiva de la pena significativamente menor que la que podría ser impuesta si la sentencia condenatoria deviene después de un plenario sometido a contradicción entre las partes y el Juzgador considera finalmente culpable al acusado a la luz de la valoración de las pruebas practicadas en el acto del juicio.

“Si vos es optimus reus poena pacta”. Si eres culpable mejor pacta la pena.

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Con mayor razón aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico se puede pactar una pena inferior a los dos años de prisión susceptible de ser suspendida por mor de lo establecido en el artículo 80 del Código Penal y en fase de plenario el riesgo de condena de pena privativa de libertad supera este límite punitivo, lo que abriría indefectiblemente las puertas de la prisión al acusado corriendo un riesgo que puede evitar mediante el pacto de conformidad.

LA CONFORMIDAD, RECOGIDA DE UNA MANERA TIMORATA Y VACILANTE EN LA LEY

En puridad de derecho, la institución de la conformidad penal se encuentra recogida en nuestra legislación de una manera timorata y vacilante, apareciendo regulada expresamente dentro del Título III bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denominado “Proceso por aceptación de decreto” (artículo 803) resultando ésta una iniciativa “ab initio” del Fiscal y en el artículo 801 de la citada Ley de Ritos Penal dentro del Capítulo III, llamado de las Diligencias Urgentes ante el Juzgado de Guardia, escueta regulación ésta que no empecé para que las conformidades puedan darse en otros procedimientos distintos dentro del proceso penal.

Todo ello supone una herramienta útil, como digo, para que la Administración de Justicia puede ver colmado su último fin con la condena al autor del delito y el resarcimiento a la víctima y el acusado, a su vez, se beneficie de una pena pactada que se presenta muy inferior a la que le sería impuesta en caso de condena.

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Hasta aquí se podría decir que todo va bien, pero, ¿qué pasa cuando el letrado entiende que a su cliente le interesa la conformidad por existir un importante elenco de pruebas de cargo en su contra que acercan peligrosamente la posibilidad de condena cuantitativamente mucho mayor que si mediara un pacto pero el encausado no quiere aceptar la autoría de los hechos, bien porque no es el autor de los mismos o bien porque, aun siéndolo, en su fuero interno se considera exento de culpa, ya sea  tan sólo con una justificación ética o moral, (legítima defensa, cumplimiento debido, ausencia de dolo o intención, etc…)?

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O más aún, ¿si considera que, aun asumiendo la pena y la condena, los hechos no acontecieron exactamente de la manera relatada por la acusación o incluyen éstos dentro del relato acusatorio una connotaciones de evidente descrédito o deshonra para el acusado que no se ajusta del todo a lo que realmente aconteció?

E incluso, ¿si el Fiscal acusa por más de un delito y el acusado sólo ha cometido alguno o algunos de los delitos objeto de la acusación?

Entonces empieza a cojear el sistema porque obliga al acusado a aceptar unos hechos que no puede reconocer por no ser del todo exactos si realmente quiere beneficiarse de una pena pactada ante un riesgo más que plausible de una condena mayor que no quiere o no debe asumir, si se sometiese a la defensa directa en el juicio oral.

INTERESES PUNITIVOS 

Cierto es que  en muchas ocasiones priman en los clientes sus intereses punitivos que los morales o personales a la hora de acudir a la solución que más le puede beneficiar desde el punto de vista práctico, pero no siempre es así.

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Resulta un hecho notorio, y así lo vivimos asiduamente los abogados penalistas, que el Juzgador de nuestro ordenamiento jurídico no acepta ninguna fórmula aséptica o intermedia de reconocimiento de los hechos que no pase por una asunción expresa e inequívoca de autoría y del relato de la acusación sin paliativos ni matizaciones, impidiéndose con ello un gran número de acuerdos en conformidad que decaen y se podrían llevar a efecto si se permitiese una fórmula más permisiva en la manera de prestar el reconocimiento del acusado.

Sin embargo y, por el contrario, el derecho penal anglosajón, que a la postre tiene más arraigado el concepto de restitución moral a la víctima que el nuestro, aprovisiona al acusado de dos herramientas básicas paliativas de este problema: La doctrina Alford y el alegato “Nolo contendere”.

LA DOCTRINA ALFORD: SOY CULPABLE NO LO HICE 

La doctrina Alford, denominada también Declaración de Alford o Petición de Alford  (en inglés «I’m guilty but I didn’t do it», Soy culpable pero no lo hice​ o «Alford doctrine»)​​ es un tipo de declaración aplicable en la justicia criminal estadounidense​ en virtud de la cual un acusado responde a cargos penales no admitiendo culpa, sino su inocencia, respecto al acto por el que se le acusa.

Bajo esta petición, el acusado admite y asume que existen suficientes evidencias como para probar su culpabilidad ante un juez o jurado más allá de una duda razonable y acata una sentencia condenatoria pactada, no porque sea necesariamente el culpable del hecho, sino porque no quiere correr el riesgo de asumir una hipotética condena más grave derivada del juicio.

Esta doctrina debe su nombre a la sentencia del caso del Estado de Carolina del Norte contra Henry Alford en el año 1970 habiéndose configurado hoy en día como una declaración de culpabilidad que contiene una protesta de inocencia.

El acusado se declara culpable sin tener que admitir específicamente la culpa misma manteniendo una proclama de inocencia.

En realidad se trata de un acto del acusado dirigido a la premisa de “soy inocente  pero acepto la condena pactada porque no quiero correr el riesgo de ser condenado a una pena mayor en un juicio posterior en el que luche por mi declaración de no culpabilidad y ello habida cuenta el alto riesgo de ser declarado culpable por el elenco de pruebas de cargo existente en mi contra”.

Este sería el principal motivo pero podría verse concretado en otros similares como: “soy inocente  pero acepto la condena pactada porque por mi estado de salud actual, de edad y económico y social no podría  soportar la duración y dureza de un juicio penal en el que luche por mi declaración de no culpabilidad” (caso del Estado de Carolina del Norte contra Michael Peterson), o “soy inocente pero acepto la condena pactada porque no quiero hacer pasar a  mi familia por la vergüenza y escarnio de un juicio en el que luche por mi declaración de no culpabilidad”.

EL ALEGATO «NOLO CONTENDERE» 

Por otro lado y en cercana conexión, en el  ordenamiento jurídico de Estados Unidos, el término latino “nolo contendere” (también utilizado en inglés como «no contest», que puede traducirse como «no quiero contender», «no voy a contestar» o «no refuto los cargos»), se refiere a una  situación en la que, en el seno de un  proceso judicial penal, la parte acusada no aporta un argumento o explicación que se pueda usar para probar que no es culpable o responsable de algo.

Ni se declara inocente ni tampoco culpable.

En puridad de derecho se trata de un alegato adicional al de culpabilidad o no culpabilidad en virtud del cual el  encausado acepta que se dicte sentencia, pero sin aceptar su culpabilidad, simplemente no va a discutir la acusación.

OBSTÁCULOS A LA APLICACIÓN DE AMBOS EN ESPAÑA

En cualquiera de los casos y salvando las diferencias, constato algunos obstáculos insalvables para que nuestra legislación penal instaure un sistema de conformidades penales de la defensa con la acusación que implante las fórmulas antedichas a modo de permitir una conformidad intermedia en la que el acusado asuma la  pena únicamente por la razón de esquivar el riesgo de una condena superior en un juicio pudiendo acatar ambas fórmulas solamente por esta causa pero manteniendo, a la vez, un alegado de inocencia, y ello principalmente en lo que respecta al respeto constitucional que nuestra Carta Magna proyecta en los derechos del investigado penal y en un rango, ya de índole inferior, en relación con los artículos 5 y 10 del Código Penal.

Respecto a la primera, el ordinal 2º del artículo 10 de la Carta Magna establece que: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Estos Tratados hacen depender, a modo de “ita et evincunt, quod nullam controversiam”, la imposición de una pena en el seno del proceso criminal a la inevitable existencia probada o reconocida de una autoría del hecho.

Y el propio Código Penal  Español en los citados artículos 5 y 10  respectivamente establecen que: “No hay pena sin dolo ni imprudencia” y “son delitos las acciones y omisiones penadas en la ley”.

De tales  preceptos se evidencia la difícil tarea de imponer una condena y una pena a quien no se reconoce autor de los hechos aunque asuma tal condena voluntariamente por cuestiones de oportunismo personal ante el horizonte de una probable condena cuantitativamente superior que la que  de forma pactada acepta defendiendo su inocencia en un juicio contradictorio posterior.

Si bien la decisión del acusado es voluntaria y consciente adoptándola en defensa y provecho de sus propios intereses en el proceso, esta postura choca escandalosamente con las normas esenciales de imposición de una condena penal condicionadas a la existencia de un acto u omisión y un hecho típico, pues si el investigado no se reconoce autor de los hechos está negando implícitamente la comisión del mismo por ningún acto u omisión que pueda hacer generar de su comisión u omisión una condena por la perpetración de un hecho típico, según impone el citado artículo 5 del cuerpo penal sustantivo español.

El asunto es, a mi entender, merecedor de un estudio más profundo y no deja de contener un poso de interés patente y ello toda vez que, como he expuesto al principio, ocurre con relativa frecuencia en el devenir diario de los procesos penales de nuestro ordenamiento penal.