Edmundo Bal podrá ejercer de portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, gracias a la renuncia de Rivera. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Ciudadanos exige al Gobierno que aclare si ha filtrado el escrito de la Abogacía del Estado a ERC
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30/12/2019 00:00
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Actualizado: 30/12/2019 00:00
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El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una batería de seis preguntas al Gobierno, a través de la Mesa del Congreso de los Diputados, exigiendo que aclare si ha filtrado el escrito de la Abogacía del Estado a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), con el fin de facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Una filtración de la que dio noticia ayer por la tarde primero la Cadena SER y después el diario ABC.
«Las noticias publicadas aventuran la posibilidad de una filtración de información absolutamente inadmisible en un Estado de Derecho que se precie, y que sugieren la posibilidad de la intervención en este proceso del Gobierno en funciones, como único posible conocedor de la opinión de la Abogacía del Estado con anterioridad a su publicación oficial», dice el texto, que suscribe en nombre de Ciudadanos el diputado –y abogado del Estado en servicios especiales–, Edmundo Bal.
ERC HA CONFIRMADO QUE ESTÁN AL TANTO
Ciudadanos también se refiere en su texto al hecho de que miembros de ERC han confirmado haber accedido al contenido del escrito de la Abogacía del Estado.
«Cabe mencionar, además, que algunos de los miembros de Esquerra Republicana que han accedido a esa información filtrada son precisamente parte en el citado proceso ante el Tribunal Supremo, razón por la cual deviene aún más incomprensible que tengan conocimiento del escrito de la contraparte con antelación», añade la formación naranja.
TODAS LAS PREGUNTAS
«Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
«1.- ¿Ha facilitado el Gobierno en funciones dicha información a los responsables políticos de Esquerra Republicana?
«2.- En tal caso, ¿por qué motivo?
«3.- En caso contrario, ¿tiene el Gobierno en funciones conocimiento sobre el modo en que Esquerra Republicana ha tomado conocimiento de la opinión de la Abogacía del Estado antes la publicación oficial de la misma?
«4.- ¿Tiene el Gobierno en funciones intención de asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales de sometimiento a la Ley y al Derecho por parte del cuerpo de Abogados del Estado, sin que puedan existir interferencias de ningún tipo?
«5.- En tal caso, ¿qué medidas pretende implementar a tal fin?
«6.- ¿Tiene el Gobierno en funciones conocimiento de que se haya producido algún tipo de injerencia o presión a la Abogacía del Estado con objetos meramente políticos o de otro tipo?».
ERC puso como condición al PSOE, para abstenerse en la votación de investidura –y hacer posible la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno– que la Abogacía del Estado, en su escrito de alegaciones, reconozca la inmunidad de Junqueras, como eurodiputado, y solicite su puesta en libertad, así como que solicite la nulidad del juicio a los responsables del «procés» por considerarlo «injusto».
LA CUESTIÓN PREJUDICIAL
El tribunal que juzgó y condenó a los 12 altos cargos del gobierno autonómico catalán que permitieron y auspiciaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que Junqueras resultara elegido como eurodiputado en las elecciones del pasado 26 de mayo.
El juicio terminó el 12 de junio y Junqueras fue proclamado eurodiputado el 13 de junio. El presidente de ERC se encontraba entonces en prisión preventiva.
La Sala no permitió que dejara la cárcel para jurar o prometer como diputado europeo y accediera así a la inmunidad que conllevaba tal situación al entender que los serios hechos por los que fue enjuiciado –rebelión y malversación– eran demasiado graves como para dejarlo en libertad.
Además, existía el peligro de que se fugara, como antes hicieron Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsati, Meritxell Serret y Lluis Puig, actualmente prófugos, en búsqueda y captura.
El pasado 19 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que Junqueras adquirió la inmunidad desde el momento de su proclamación como eurodiputado, el 13 de junio, y que debió ser puesto en libertad entonces.
INELEGIBILIDAD SOBREVENIDA
Sin embargo, la condena posterior, el 14 de octubre, por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, dejaba sin efecto esa condición por «inelegilidad sobrevenida».
El artículo 6.2 a) de la de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen General, dispone que son inelegibles «los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena».
Precisamente, esa es la argumentación jurídica que tanto Ciudadanos como PP han presentado ante la Junta Electoral Central que, el próximo 3 de enero, tiene que estudiar el caso para informar después al Parlamento Europeo sobre si Junqueras puede ser considerado eurodiputado o no.
El tribunal del «caso procés» emplazó a las partes –el abogado defensor de Junqueras, el Ministerio Fiscal, la acusación popular de Vox y a la Abogacía del Estado–, el pasado 19 de diciembre, el mismo día que el TJUE hizo pública su sentencia, para que dieran sus puntos de vista sobre lo que se debía hacer.
La fecha límite es el 2 de enero próximo, aunque podría extenderse hasta el 3.
No está prevista ninguna respuesta por parte del Supremo para antes del 7 de enero.
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