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VOX se querella contra Sánchez y Delgado por tráfico de influencias

También ha presentado una querella contra los tres abogados del Estado que firmaron el informe sobre Junqueras, Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey. Foto: VOX
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VOX ha presentado se ha querellado hoy contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exministra de Justicia, Dolores Delgado -a quien el Ejecutivo propondrá como nueva fiscal general del Estado-, por supuesto tráfico de influencias.

Por presuntamente haber presionado a la Abogacía en relación a la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por el ‘procés’, caso en el que el partido de Santiago Abascal ejerció la acusación popular.

También ha presentado otra contra los abogados del Estado que firmaron el informe sobre Junqueras, Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey, por supuestos delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y deslealtad.

La querella contra Sánchez y Delgado la ha interpuesto ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y la ampliará esta tarde tras conocerse hoy que el Gobierno propondrá a la exministra de Justicia como nueva fiscal general del Estado.

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La otra la ha presentado ante los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Según ha informado VOX en un comunicado, en la querella ante el Alto Tribunal VOX expone «los hechos acaecidos para lograr el apoyo suficiente para que Sánchez formara Gobierno, para lo que resultaba imprescindible la abstención del partido separatista ERC, del que es líder el condenado Oriol Junqueras».

VOX denuncia en el escrito que «tanto Sánchez como Delgado actuaron deliberadamente omitiendo las funciones encomendadas a la Abogacía del Estado, torciéndolas a su propio interés, como superiores jerárquicos de los mismos».

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Dice que el objetivo de esta actuación fue “cumplir las expectativas y mandatos políticos trasladados por el Gobierno de España, por conducto de Delgado, en la expectativa de una recompensa futura, o por temor a un hipotético cese”.

VOX afirma que «entre el 20 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020, periodo en el que se negociaba la formación del nuevo Gobierno, por parte de los miembros del Ejecutivo en funciones y de la entonces ministra de Justicia se dieron instrucciones políticas a la Abogacía General del Estado, para que el escrito de alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo se adaptara a las exigencias de ERC para que Sánchez formara Gobierno».

Apunta «en la querella que estas directrices se han cumplido, tal y como han denunciado los propios abogados del Estado».

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VOX también argumenta que «ERC tuvo conocimiento del escrito realizado por la Abogacía del Estado antes de que se hiciera público» y que por ello, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso ya ha solicitado los borradores y comunicaciones realizados para la confección del escrito definitivo; «peticiones que aún no han sido respondidas».

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El partido de Santiago Abascal sostiene en la querella que el pasado 30 de diciembre, los abogados del Estado Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey remitieron al Tribunal Supremo el escrito de alegaciones, y que éste «contenía las indicaciones políticas dadas por la entonces ministra de Justicia, que satisfacían las exigencias de ERC».

Explica que debido a estas circunstancias,  también ha presentado otra querella contra «los tres abogados del Estado que remitieron las alegaciones al Supremo dictadas por Delgado», por supuestos delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional.

Asimismo, VOX denuncia que «la Abogacía del Estado continúe intentando que se cancelen las órdenes de detención de otros encausados por rebelión que se encuentran en este momento fugados de la Justicia y fuera del territorio español».

«Esta actitud contraviene los intereses de España, chocan, de hecho, con las posteriores resoluciones dictadas por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, donde se pone de manifiesto la inconsistencia de la posición mantenida por la Abogacía del Estado, al no responder a criterios técnico-jurídicos, sino a instrucciones políticas recibidas», concluye.

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