Condenado a dos años y tres meses de cárcel un agente de movilidad de Las Palmas por pedir dinero a cambio de quitar multas
Ha sido sentenciado por cohecho continuado
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21/1/2020 10:09
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Actualizado: 21/1/2020 13:12
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La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un agente de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -en condición de funcionario- a dos años, tres meses y un día de prisión por haber pedido dinero a cambio de no tramitar el boletín de denuncia correspondiente.
Ha sido sentenciado por un delito de cohecho continuado con atenuantes, las previstas en los artículos 21.7 en relación con los artículos 20.2 y 21.1, y 21.5 del Código Penal.
Además, lo inhabilita para ejercer de agente de movilidad o funcionario de Policía Local o cualquier empleo o cargo público relacionado con la seguridad vial durante cinco años.
El condenado es Claudio Iván Domínguez, de 39 años.
La Audiencia de Las Palmas (Sección Sexta) ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad durante cuatro años condicionada a aportar en el plazo de dos meses la certificación de sometimiento a tratamiento de rehabilitación, la no comisión de nuevos delitos durante cuatro años y no abandonar la rehabilitación hasta la finalización de la misma.
La sentencia, fechada a 2o de enero, está firmada por el magistrado Carlos Vielba Escobar, presidente del tribunal del jurado.
Contra ella no cabe recurso alguno. Es firme.
En el juicio, el agente de movilidad mostró su conformidad plena con las conclusiones modificadas de las acusaciones.
Por conformidad de las partes se declara probado que el condenado, desde el 1 de septiembre de 2016 desempeñaba su labor como agente de movilidad, ostentando la condición de funcionario interino del Ayuntamiento.
«Aprovechándose y abusando de la autoridad que su empleo público le otorgaba, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito», al menos entre los días 20 y 23 de febrero de 2017, y en el desarrollo de su jornada laboral, que se producía en la vía pública, donde se dedicaba al control y seguimiento del tráfico rodado en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, con facultad de denunciar infracciones, se dirigió a varios conductores a los que exigió la «entrega de cierta cantidad de dinero a cambio de no tramitar» el boletín de denuncia correspondiente.
En la sentencia se recogen seis casos probados en los que solicitó a los conductores 50 euros por quitarles la multa, si bien alguno se negó a ello.
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