La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del próximo martes, 4 de febrero, a un hombre acusado de hacerse pasar por funcionario de la embajada de EE UU experto en temas de seguridad y embolsarse 200.000 euros.
La Fiscalía pide 3 años de cárcel por estafa agravada.
Además, reclama que se le imponga una multa de 3.000 euros (10 meses a una cuota diaria de 10 euros) y que indemnice a la víctima, F. A. A., con 200.000 euros.
El acusado es Jesús Ramón Coello Gutiérrez.
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, «tras la apariencia de ser funcionario de la embajada de EE UU», en concreto en Homeland Security, «entabló amistad con F. A. A., el cual era socio junto con J. L. G. de la empresa Consultores e Instaladores de Seguridad, dedicada a temas de seguridad».
Dice que dicha relación, con el paso del tiempo, se convirtió en una relación de «confianza total» de F. A. A. hacia el acusado.
De acuerdo al relato del Ministerio Público, Jesús Ramón Coello, «a sabiendas de no ser cierto y con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, ofreció a F. A. A. la seguridad de las bases militares de EE UU en España, concretamente de la base militar de Rota, y le hizo creer que le reportaría unos 8 o 9 millones de euros por un periodo de 5 años.
El fiscal explica que F. A. A, “en la creencia de ser real dicho proyecto”, creó una empresa llamada Lion Professional Security SL, creó un grupo de colaboradores formado por E. C., J. C., A. B. y R. P. de C., elaboró un informe servicio de seguridad, denominado Housing US, «entregó al acusado diversas cantidades de dinero a fin de pagar tasas, tributos y otros aspectos» y «realizó regalos consistentes en perfumes, bolsos o plumas a las personas que estaban gestionando el proyecto, puesto que así se lo aconsejó el acusado».
«Las entregas de dinero eran en mano y en efectivo», detalla.
El proyecto de la seguridad de las Bases Militares de EE UU en España no llegó a materializarse «alegando el acusado como motivos del retraso que las condiciones en el país habían cambiado como consecuencia del cambio de presidente» en EE UU y que él está sometido a una vigilancia por el Comité de Ética.
La Fiscalía apunta que F. A. A. vendió, por motivos ajenos al presente procedimiento, la empresa Consultores e Instaladores de Seguridad, y que al tener problemas con el pago de la venta, concretamente al no poder hacer efectivo un aval entregado como garantía de pago, «el acusado, bajo la apariencia de conocer un despacho de abogados americano y a sabiendas de no ser cierto, se ofreció a ayudarle con los trámites judiciales que se hubieran de realizar en EE UU ya que la sede de la empresa compradora se encontraba en ese lugar».
Informa que F. A. A. le entregó para este fin alrededor de 16.000 euros.
El fiscal informa que la cantidad total entregada por F. A. A. a Jesús Ramón Coello «no ha podido ser determinada», pero que no es inferior a los 200.000 euros.
