El PP ha presentado hoy una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) contra el presidente catalán, Quim Torra, por un presunto delito de usurpación de funciones, al permanecer en el cargo cuando ha perdido su acta de diputado autonómico.
«Y cuantos otros conforme al Código Penal se entendieran concurrentes por el tribunal», añade.
«Ya que Sánchez no lo hace por miedo a sus socios, lo hacemos nosotros», ha señalado la formación de Pablo Casado en Twitter.
El PP denuncia que Torra se «empecina» en mantener el cargo «en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto» de Cataluña, «actuando de facto» como presidente.
El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, magistrado en servicios especiales, y consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, lo desgrana en este vídeo.
🔵 Ya que Sánchez no lo hace por miedo a sus socios, lo hacemos nosotros:
📄 Presentamos una querella por usurpación de funciones contra Torra.
▶ Lo explica @EnriqueLopezJIV pic.twitter.com/N31aj8LvRK
— Partido Popular 🇪🇸 (@populares) February 5, 2020
El PP indica que «la situación provocada» por Torra produce «una grave perturbación del orden constitucional, ya que las funciones que se están ejerciendo ilegalmente son las de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no es un funcionario cualquiera, y que además de acuerdo con la Constitución es el representante del Estado en dicha comunidad».
Destaca que «la continuidad en la delictiva actuación del querellado, asumiendo funciones que no le corresponden, perjudica gravemente los intereses de todos los catalanes y de España como nación, y es gravemente contraria a la Constitución, por lo que debe ponerse fin de inmediato a tan ilícito proceder».
El PP manifiesta que «es preciso adoptar las cautelas que procedan para que tan grave perturbación del orden constitucional no continúe por más tiempo, generando una falsa apariencia de legalidad en la actuación de quien de manera consciente, deliberada y dolosa se sitúa al margen de la Constitución y manifiesta con absoluta jactancia que pretende continuar hasta el final en tan ilícita conducta, con desprecio absoluto por el cumplimiento de la ley».
El partido que preside Casado es consciente de la «situación paradógica» porque los hechos que denuncia se refieren a la «realización de funciones públicas por quien ha perdido el derecho al cargo que ostentaba, lo cual supondría también la pérdida del aforamiento» ante el TSJCat.
Apunta que como Torra sigue ejerciendo el cargo «de forma espuria», entiende que el TSJCat «sigue siendo el competente en tanto no se produzca formalmente el cese en el cargo, que el querellado se niega a aceptar».
«La usurpación de funciones produce una apariencia de formalidad legal de los actos del querellado que objetamos de modo radical y que es preciso deshacer de inmediato, pero produce el efecto procesal del mantenimiento de su aforamiento, lo que el querellado sin duda no objetará», añade.
Tras relatar los pasos dados en el ámbito judicial que han derivado en la retirada del acta de diputado del Parlamento catalán a Torra, el PP señala en la querella que la pérdida de esta condición «comporta automáticamente el cese como presidente de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152.1 de la Constitución Española y el artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Denuncia que desde que se le retiró el acta de diputado, y «aún conociendo tal circunstancia», Torra presidió la reunión del Consejo de Gobierno de la Generalitat celebrado el pasado 29 de enero y en la que se aprobó el proyecto de Presupuestos de la comunidad.
Además, censura que «continúa realizando declaraciones públicas en calidad de presidente ‘de facto’, como la declaración institucional» del mismo 29 de enero en la que anunció una próxima convocatoria de elecciones autonómicas.
También apunta que en la querella que mañana está prevista la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Torra, este último «en calidad de presidente de la Generalidad, cargo que no puede ejercer ya legalmente».
Afirma que tanto las funciones ejecutivas como las de mera representación, así como las declaraciones públicas que Torra continúa realizando en calidad de presidente ‘de facto’ de la Generalidad, «sin encontrarse legitimado para ello», resultan de una indudable trascendencia política y social, además de «nulas, y por tanto ineficaces, desde el punto de vista administrativo, además de su indudable relevancia penal».
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