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Los funcionarios interinos esperan que el TJUE les rescate de un régimen laboral del siglo XVIII

En vísperas del fallo del TJUE del próximo mes de marzo, plataformas de interinos muestran su malestar en redes sociales ante las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda DíazImagen de la manifestación de interinos que tuvo lugar en Madrid el pasado 15 de febrero. Foto: Plataforma de interinos/as.
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La comparecencia televisiva el pasado domingo de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, despertó infinidad de comentarios en redes sociales de colectivos de personal interino de las distintas administraciones. Profesionales que llevan año encadenando contratos con merma de derechos existentes.

Días antes, miles de interinos se manifiestaron en Madrid contra el «abuso» laboral del Estado.

La manifestación, convocada por el colectivo de empleados públicos en abuso de temporalidad, partió de la Plaza de Cibeles sobre las 11.30 horas con el lema ‘Contra el abuso de la temporalidad, ¡fijeza ya!’ y finalizó en la Puerta del Sol después de tres horas de protestas con una multitudinaria asistencia.

Ahora los cerca de 800.000 interinos que se encuentran en esta complicada situación esperan que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del próximo 19 de marzo resuelva esta rocambolesca situación existente.

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No es un tema sencillo, pero sorprende la dejadez de las distintas administraciones públicas abusando de esta figura de interinos.

Javier Arauz es abogado del Estado y lleva desde el 2014 ocupándose de asuntos relacionados con los funcionarios interinos en España.

Considera «lógico» el malestar de los cientos de profesionales que mostraron su queja el domingo en redes sociales tras la intervención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un programa de televisión en el que aseguró que “son casos muy sangrantes donde tienen la presión del despido libre siempre”.

Su bufete representa dos casos que han llegado al TJUE en forma de cuestión prejudicial.

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Cinco odontólogas temporales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y un informático también de este organismo, que llevaba 19 años de servicios continuados. “Un panorama que reflejaba los abusos que se dan en nuestro país”.

Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 8 y 14 de Madrid elevaron sendas cuestiones prejudiciales en 2017 y 2018 al TJUE, que el pasado mes de octubre hacía público las conclusiones de la abogada general, quien recomendaba la fijeza a la administración española en estos temas como medida de solución del conflicto.

“Frente a la fijeza da como alternativa una posible indemnización pero en España no está prevista con lo cual la única posibilidad es dicha fijeza”, indica Arauz.

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Su despacho gestiona unas 6.000 reclamaciones y demandas sobre este tipo de empleados públicos, por una Directiva que debería haberse traspuesto en el 2001.

Apunta que “puede haber 800.000 interinos que se encuentren en esta situación”.

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Ahora espera que la sentencia del TJUE prevista para el próximo 19 de marzo vaya en esa dirección. “Europa no puede admitir este tipo de discriminaciones a nivel de empleo. Tendrá que aplicarse la sentencia y solventar este problema de estos trabajadores públicos”.

En su opinión, en estos últimos cinco años, la bolsa de interinos en administraciones locales y ayuntamientos ha crecido de forma notable. “En las comunidades autónomas el porcentaje de interinos puede llegar al 35% y la temporalidad en los Ayuntamientos puede llegar al 80%. Esto ha hecho que en algunos lugares no se convoquen oposiciones desde hace años».

Este experto considera que estos profesionales “se encuentran sometidos a un régimen laboral del siglo XVIII. Están discriminados en sus puestos de trabajo respecto a los fijos y sujetos al despido libre y gratuito. Hay interinos que con 30 años encadenando contratos pueden ser despedidos sin indemnización ni compensación alguna. Es algo impensable”.

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Arauz revela que el caso español es prácticamente único, porque “en los países del norte de Europa es impensable porque la precariedad pública o privada esta prohibida. En los países del mediterráneo hubo problemas, pero los han ido solucionando. Por ejemplo en Grecia, Portugal o Italia les han hecho fijos para evitar estos abusos de la temporalidad”.

El abogado Javier Arauz de Robles en una instantanea tomada el 5 de mayo pasado, cuando intervino en la vista oral ante el TJUE.

Sin embargo, este fenómeno de los interinos ha ido creciendo en los últimos años. “Estos profesionales han respondido muy bien en la administración. Están en los sectores clave del servicio público; en sanidad se encuentran en los servicios de urgencia. El 99% de los médicos de los hospitales de Madrid son interinos. A nivel educativo, estos docentes están en los colegios con problemas en los extrarradios, por ponerle varios ejemplos”.

El perfil de estos profesionales está definido. “ Un 70% son mujeres, tenemos casos de diez años y otros que se van a jubilar siendo interinos, con la precariedad en el empleo que ello supone”. Recuerda que en Madrid el SERMAS contrataba médicos por la noche, que eran dados de alta a las nueve de la noche y de baja a las nueve de la mañana y así 365 días, “una estratagema para ahorrarse la Seguridad Social”.

Sobre la posibilidad de asimilar esta bolsa de interinos, Arauz cree que el problema es menor de lo que se piensa porque es personal que “ya está trabajando, solo habrá que cambiar su régimen laboral, hay muchos que llevan trabajando años. La gran mayoría están bien formados y es un colectivo que han demostrado su capacidad. Es más económico contar con ellos que tener que formar a gente nueva”, indica Arauz.

Para este jurista, es posible que estos profesionales, siguiendo una resolución del Parlamento Europeo de 31 de mayo del 2018 que dice que la precariedad en el empleo implica un daño evidente “puede generar angustia y seguridad. Creo que tienen derecho a una compensación por daños morales en una situación de explotación clara».

Diez recursos de casación en el Supremo

Otro abogado que conoce bien el tema de los funcionarios interinos es Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, despacho ubicado en Vigo, quien nos explica que la administración puede tener cerca de tres millones de trabajadores, “de este total casi un 28% son temporales, entre eventuales, interinos por contrato por obra, personal laboral o estatutario. Estaríamos hablando de cerca de 800.000 temporales”.

Valero que lleva distintos casos sobre esta problemática reconoce que tiene diez recursos de casación en el Supremo sobre otros tantos temas de interinidad. “Las administraciones han pasado de ir a los Tribunales Superiores de Justicia a apurar el tema en el Supremo, con lo cual los asuntos se dilatan en el tiempo”.

Este experto recuerda que para una declaración de fraude debe haber una sentencia judicial en firme. “Es de presumir que no pocos estén en fraude por su antigüedad o porque han encadenado de forma continuada contratos como interinos”. Este fraude supone que estos profesionales ocupen una plaza con menos derecho que si fueran trabajadores fijos .

Las casuísticas son muy dispares, todas ellas rezuman temporalidad, apunta, «puede haber casos en sanidad con nombramientos eventuales en el mismo centro de salud con contratos cada seis meses o en una comunidad autónoma a ese profesional se le hacen varios contratos por obra. Cada caso es diferente porque cada contrato tiene sus propias exigencias y muchas comunidades autónomas tienen formulas de contratación distintas”.

Sobre el fallo del TJUE del 19 de marzo , Valero recuerda que “es importante, pero hay que darse cuenta que Europa ha dictado con anterioridad decenas de sentencias parecidas sobre España y diferentes tipos de fraude y abuso. No creo que aporte nada que no sepamos. Lo único que plantea es si la sanción frente al fraude y al abuso debe ser la fijeza del trabajador”.

En cuanto a esta fijeza, señala que “la cuestión es que la directiva europea establece cuándo hay un tipo de abuso pero no establece la sanción. No entra en este aspecto. Esto es algo que deberían dictar los jueces nacionales. Habrá que ver realmente si cambia el ‘status quo’ existente”.

Sobre el contexto en el que nos movemos, este experto recuerda que la administración ha preferido incrementar estas bolsas de interinidad con contratos no muy regulares. “Hay que ir caso a caso hasta que no tengamos un cambio legislativo que aclare esta situación”.

Fabián Valero, abogado laboralista.

Sobre este tipo de abusos, Valero recuerda que España se lleva la palma sobre este tema, aunque hay otros focos en países vecinos como Portugal, Grecia o Italia. “La Directiva 1999/70 se ha traspuesto en el ámbito del personal laboral, con modificaciones en el articulo 15 del Estatuto de los trabajadores. El problema es la incorrecta transposición en el personal estatutario y funcionario”.

Para este jurista la gran pregunta es “que sabiendo que en la administración pública el acceso es mediante un proceso selectivo si se puede dar la condición de fijo sin ninguna oposición. Habrá que ver si el TJUE entra en el tema y fija cuál es la sanción efectiva y suficiente para el tipo de incumplimiento”. Este abogado tiene sus dudas sobre que el TJUE vaya tan lejos.

Sobre las conclusiones de la abogada general, Valero recuerda que es un fraude tener a una persona durante mucho tiempo como interina que debe ser sancionado, “pero no se mete en la fijeza de ese profesional realmente. No entra en detalle en cuanto a sanción concreta”.

En su opinión, “habrá que ver el desenlace de la sentencia del TJUE realmente y quien es competente para esa fijeza que se pide desde muchos colectivos. En estas circunstancias será necesario una sentencia que señale que esa persona fue víctima de un abuso y que hay un fraude declarado. Creo que habrá que pelear cada asunto en los juzgados”, concluye.