El curso del turno de oficio sobre derecho penitenciario en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en el que participaba Gonzalo Boye, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha sido suspendido «por falta de alumnos».
Ayer al mediodía, el director del mismo, el abogado Carlos García Castaño, coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del ICAM, señaló a este diario que el curso estaba «en stand by”.
«Hasta que no tengamos el número de alumnos correcto no sabemos si se va a dar o no, y luego determinaremos lo relativo a Gonzalo Boye”, indicó.
Según han informado después a Confilegal fuentes del ICAM, no se ha cubierto la inscripción mínima, de entre 10 y 15 alumnos, por lo que ha tenido que suspenderse.
«Algo que no es habitual porque la mayor parte de los cursos tienen mucho éxito», apuntan las mismas fuentes.
Y explican que cuando se suspende, se pide al director que lo replantee para otra fecha, éste le da una vuelta al curso y lo saca de nuevo.
Este curso estaba previsto que se realizara entre el 16 de marzo y el 1 de abril.
El letrado Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y a quien recientemente también ha fichado como letrado el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, formaba parte del profesorado que lo iba a impartir, un total de 12 personas, entre ellas el director.
Cabe recordar que en septiembre de 2018, Boye presentó su renuncia como profesor en el Centro de Estudios del ICAM, del que es colegiado, como consecuencia de “los acontecimientos” que habían culminado con la interposición de una querella en él por parte de diversos colegiados, según explicó entonces en la carta de renuncia, que colgó en Twitter.
La querella fue presentada por la asociación de juristas Movimiento 24DOS.
Acabo de presentar mi renuncia como profesor en el Centro de Estudios del @icam_es ante todo coherencia y dignidad #Seguimos pic.twitter.com/9KL4l35eRK
— Gonzalo Boye (@boye_g) September 6, 2018
En septiembre de 2018, el entonces eurodiputado Enrique Calvet también denunció a Boye ante el ICAM en relación a la demanda presentada ante un Juzgado de Bruselas por cuatro abogados en nombre de Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’.
En la misiva de renuncia, Boye recordó que llevaba muchos años impartiendo clases de Derecho procesal en cursos de procesal-penal del Departamento del Turno de Oficio del ICAM y en el Máster de acceso a la Abogacía que organizan desde la corporación madrileña.
Según señalan a este diario fuentes del ICAM –que ratificaron el malestar interno por la inclusión de Boye como profesor–, la formación del Colegio de Abogados de Madrid se desarrolla sobre todo en tres carriles: el del Centro de Estudios, el del área de secciones y el del turno de oficio.
También indican que los directores de los cursos son quienes proponen a los ponentes y que la capacidad del Centro de Estudios para “vetar” es escasa o nula.
Boye es socio fundador junto a su esposa, Isabel Elbal, del bufete Boye-Elbal y Asociados, de Madrid.
Pasó a formar parte de la defensa de Carles Puigdemont a finales de 2017, cuando éste ya se encontraba en Bélgica huido de la Justicia. También es abogado de su sucesor en el cargo, Quim Torra.
Otro de los clientes de Boye es el rapero Valtònyc, también huido de la Justicia en Bélgica, que fue condenado por la Audiencia Nacional a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas no condicionales en sus canciones.
Ha defendido también al líder de Def con Dos, César Strawberry, a quien el Tribunal Constitucional ha anulado recientemente su condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo, al considerar que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión.
Boye se licenció en Derecho por la UNED durante su ingreso en prisión. En 1996 fue condenado a 14 años y 8 meses de cárcel por el secuestro en 1988 del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA, concretamente como autor responsable de un delito de detención ilegal.
El secuestro se prolongó 8 meses y finalizó con la liberación del empresario tras el pago de un rescate millonario.
Boye cumplió seis años de cárcel. Quedó en libertad en diciembre de 2002.
El mes pasado, la Audiencia Nacional ordenó embargarle y realizar una investigación patrimonial al no haber afrontado la indemnización que le impuso el tribunal por aquella condena, una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).
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