De izquierda a derecha: Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales; Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales; y Teresa Peramato presidente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.
No hay unanimidad entre las asociaciones fiscales sobre cómo el CGPJ encara la crisis del coronavirus
La AF y la APIF se muestran críticas con las directrices, mientras que la UPF considera que son "ajustadas" en este momento y "coherentes" con las de las autoridades sanitarias
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11/3/2020 20:14
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Actualizado: 29/11/2021 14:38
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La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) disienten de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) sobre las directrices acordadas hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar el servicio público judicial, adaptado a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Tanto la AF como la APIF se muestran críticas.
«A nosotros, como fiscales, nos afectan directamente los acuerdos que se adopten porque somos parte. Ante esa situación tan excepcional que se está produciendo en Madrid, el CGPJ debería adoptar medidas estrictas«, señala a Confilegal la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Pone ejemplo las que se adoptaron en su momento en las últimas jornadas de huelga de jueces y fiscales.
«Está claro que los juzgados de guardia deben seguir funcionando, pero habría que adoptar medidas de salubridad para hacerlo en las condiciones adecuadas», indica.
Dexeus añade que como los juicios en los que el investigado esté en situación de prisión preventiva no podrán suspenderse, lo adecuado sería que se estableciera un sistema de turnos para limitar el número de juzgados que debiera atender estas causas, así como el número de funcionarios y fiscales.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) considera «absurdo que se deje en manos de los jueces, que son más de 5.000, cada uno con su criterio, y que no son médicos, la decisión caso por caso de qué hacer con su respectivo juzgado».
Así lo ha señalado a este diario el presidente de APIF Juan Antonio Frago, fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña.
Por otro lado, Frago indica que «tampoco el mecanismo de suspensión deja mucho margen al juez del caso concreto, porque eso pasa por la aprobación de la sala de gobierno y luego por la Comisión Permanente del CGPJ», y destaca que «en muchos casos no va a dar tiempo material para tramitarse».
Asimismo, señala que para una decisión de tal magnitud entiende que «los grandes cuerpos implicados -abogados, procuradores, fiscales, policía judicial, entre otros- no estén coordinados entre sí».
Por su parte, a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) le parecen «muy lógicas, muy coherentes» las medidas adoptadas por el CGPJ.
La presidenta de la UPF, Teresa Peramato, fiscal ante el Tribunal Constitucional, manifiesta que «son instrucciones muy concretas y, además, sometidas a la modificación de acuerdo con las circunstancias que se vayan dando y de acuerdo a las instrucciones que se den por parte del Ministerio de Sanidad o por las autoridades sanitarias».
Apunta que «lógicamente no son medidas inamovibles porque las circunstancias son variales y, por lo tanto, se tendrán que adaptar a cada una de las circunstancias».
Peramato no ve «ningún inconventiente a ninguna de las directrices, como son diferenciar entre dos escenarios, aquel en el que hay una situación detectada de enfermedad, con unas medidas mucho más concretas y más radicales, y que en el otro, que es donde nos movemos ante el riesgo de contagio, con medidas como por ejemplo el teletabrajo, la videoconferencia o espaciar los señalamientos para evitar que haya contagio entre las personas que puedan acudir, evitar que las audiencias se llenen de gente que pueda promover ese contagio, y darle la posibilidad a los abogados de no utilizar toga porque como ellos las intercambian tienen la posibilidad de transmisión».
«Tanto los fiscales como los jueces tenemos nuestras propias togas, cosa que no ocurre con los letrados», apunta.
La UPF también entiende que no se suspendan todos los señalamientos.
«No tiene sentido adoptar una medida general de suspensión de la actividad de la administración de justicia porque tenemos que partir de que estamos prestando un servicio público y lo tenemos que hacer con responsabilidad, siguiendo por supuesto las directrices que nos den las autoridades sanitarias y que se fijen por quienes tienen que hacerlo: Consejo General, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y, por supuesto, la Fiscalía General del Estado», argumenta.
La presidenta de la UPF también considera «absolutamente lógicas» las instrucciones que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dado a Carrera Fiscal, y recuerda que las medidas de este decreto también se adaptarán a nuevas circunstancias si se produjeran.
DECRETO DE DELGADO EN RELACION AL COVID 19 10.03.2020
«Tenemos que partir de que la administración de Justicia no se puede paralizar y de que somos un servicio público, que tenemos que hacer esa prestación de servicio público garantizando los derechos de los ciudadanos, que tienen que quedar salvaguardados, pero siendo también ejemplo de funcionamiento y responsabilidad. Somos unos funcionarios trabajadores al servicio público y tenemos que ser también conscientes de que tenemos que ser ejemplo y no producir una alarma más allá de lo que se ajuste a la realidad», manifiesta Peramato.
«En mi opinión, estas medidas son ajustadas en este momento y son coherentes con las directrices de las autoridades sanitarias. Y avanzaremos con lo que nos vayan diciendo», añade.
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