Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, deja la dirección de su bufete
El letrado se licenció en Derecho por la UNED durante su ingreso en prisión y en 2004 fundó junto a su esposa el bufete Boye-Elbal & Asociados, de Madrid. Foto: EP

Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, deja la dirección de su bufete

El cese fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el pasado 6 de marzo
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12/3/2020 09:52
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Actualizado: 07/6/2022 16:44
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Gonzalo Boye Tuset, letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont y a quien recientemente ha fichado el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, ha dejado la dirección de su bufete, Boye-Elbal & Asociados, de Madrid.

Boye renunció como administrador solidario del despacho -ubicado en la calle Pilar de Zaragoza, en el barrio de Salamanca- el pasado 28 de febrero, según informa El Confidencial.

El cese fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el pasado 6 de marzo, y en la actualidad sólo figura la esposa de Boye, Isabel Elbal, como administradora de la sociedad.

Este letrado chileno de nacimiento se licenció en Derecho por la UNED durante su ingreso en prisión, en el centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid).

En 1996 fue condenado a 14 años y 8 meses de cárcel por el secuestro en 1988 del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA, concretamente como autor responsable de un delito de detención ilegal.

El secuestro se prolongó 8 meses y finalizó con la liberación del empresario tras el pago de un rescate millonario.

El letrado cumplió seis años de cárcel. Quedó en libertad en diciembre de 2002.

El mes pasado, la Audiencia Nacional ordenó embargar a Boye y realizar una investigación patrimonial al no haber afrontado la indemnización que le impuso el tribunal por aquella condena, una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 1,2 millones de euros.

Boye se incorporó en 2014 al equipo jurídico que defiende al exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) Edward Snowden, acusado por el Gobierno de Estados Unidos de espionaje, un delito por el que podría ser condenado a entre 30 años de cárcel y cadena perpetua, así como de violar el acuerdo de confidencialidad con un libro autobiográfico.

Snowden huyó a Hong Kong en 2013 tras filtrar a Wikileaks abundante documentación de la NSA. Posteriormente, se refugió en Rusia, donde podrá permanecer hasta 2020.

En febrero de 2015 el letrado protagonizó un documental sobre su vida ‘Boye’, de Sebastián Arabia, que fue estrenado en julio de 2016.

Boye pasó a formar parte de la defensa de Carles Puigdemont a finales de 2017, cuando éste ya se encontraba en Bélgica huido de la Justicia. También es abogado de su sucesor en el cargo, Quim Torra.

A finales de febrero trascendió que Josu Ternera lo ha fichado como abogado para que le represente en la causa en la que está procesado por un delito de lesa humanidad. De momento, sólo lo representará en esta causa, según ha publicado Europa Press, que ha informado que es abogado de Ternera desde el 20 de febrero.

Otro de los clientes de Boye es el rapero Valtònyc, también huido de la Justicia en Bélgica, que fue condenado por la Audiencia Nacional a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas no condicionales en sus canciones.

Ha defendido también al líder de Def con Dos, César Strawberry, a quien el Tribunal Constitucional ha anulado recientemente su condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo al considerar que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión.

Boye también ha sido abogado del histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias ‘Sito Miñanco’.

Sito Miñanco fue juzgado en octubre de 2018 por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. En este juicio estuvo representado por Boye.

Ramón Prado Burgallo, «Sito Miñanco», en una foto reciente.

En enero de 2019, el narcotraficante gallego fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a 4 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, y a una multa de 6 millones de euros con la responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de un año de prisión.

Cabe recordar que el pasado 21 de octubre, la Policía Nacional registró el despacho y el domicilio en Madrid de Boye.

La magistrada de la Audiencia Nacional Maria Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, autorizó la entrada y registro de varias dependencias, incluida la de este abogado, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales.

Boye declaró el 23 de octubre ante Tardón como investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a Sito Miñanco.

A su salida de la Audiencia Nacional informó que la Fiscalía Antidroga había solicitado que se le impusiera que compareciera quincenalmente en sede judicial o policial y que la magistrada había decidido no adoptar medidas cautelares de restricción de su libertad.

El letrado ha dicho que no tiene «relación alguna con el blanqueo» ni con la «organización criminal relacionada con el narcotráfico» liderada por ‘Sito Miñanco’.

Entonces incidió en que tanto él como su socia y defensora en este asunto, Isabel Elbal, que además es su pareja, estaban “muy tranquilos”.

“La gente puede disparar lo que quiera contra mí, pero evidentemente lo que no van a encontrar es ningun indicio de criminalidad porque no lo hay”, zanjó.

EN ENERO DENUNCIÓ UN ASALTO A SU DESPACHO

El pasado 17 de enero, el letrado denunció ante la Policía que habían entrado a su despacho y que le habían hecho destrozos importantes de material informático y mobiliario.

No echó de menos documentos ni otros enseres. Denunció destrozo de cables, mobiliario y material informático como su servidor.

En Twitter colgó imágenes del estado en el que se lo encontró:

Dijo que los “‘ladrones’ no se llevaron los ordenadores, pero que parece que sí les interesaba su servidor. “¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Mi casa, mi familia o yo?”, se preguntó.

RECIENTEMENTE FIGURABA OTRA VEZ COMO PROFESOR DE CURSOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ICAM

Gonzalo Boye figuraba recientemente como profesor de un curso del turno de oficio sobre derecho penitenciario en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que estaba previsto que se realizara del 16 de marzo al 1 de abril, según el programa, aunque finalmente ha sido suspendido.

Boye formaba parte del profesorado que lo iba a impartir, un total de 12 personas.

El curso fue suspendido «por falta de alumnos»no se cubrió la inscripción mínima, de entre 10 y 15 alumnos, según han informado a Confilegal fuentes del ICAM.

Cabe recordar que en septiembre de 2018, este letrado presentó su renuncia como profesor en el Centro de Estudios del ICAM, del que es colegiado, como consecuencia de “los acontecimientos” que habían culminado con la interposición de una querella en él por parte de diversos colegiados, según explicó entonces en la carta de renuncia, que colgó en Twitter.

La querella fue presentada por la asociación de juristas Movimiento 24DOS.

En septiembre de 2018, el entonces eurodiputado Enrique Calvet también denunció a Boye ante el ICAM en relación a la demanda presentada ante un Juzgado de Bruselas por cuatro abogados en nombre de Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’.

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