Delgado establece que durante el estado de alarma los fiscales utilicen sistemas de videoconferencia u otros similares

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado hoy una instrucción a la Carrera Fiscal para la utilización de sistemas de videoconferencia u otros similares durante la prestación de los servicios de guardia y otros esenciales con ocasión de la pandemia por coronavirus.

El decreto dice así: «Los fiscales que se encuentren prestando servicios esenciales o de guardia, de acuerdo con la juez o magistrado competente y cuando resulte necesario para garantizar la salud de los asistentes y la suya propia, deberán agotar todas las posibilidades de comunicación telemática que la legislación procesal dispensa y la flexibilidad de la situación impone, en orden a la toma de declaración de las personas detenidas y a la celebración de comparecencias de medidas cautelares, evitando en lo posible el traslado de aquéllas o incluso el desplazamiento» del fiscal a las dependencias judiciales, «asegurando siempre y en todo caso los derechos de la persona detenida y de su defensa letrada de acuerdo con la legislación procesal».

La fiscal general del Estado recuerda que con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, el Gobierno declaró el estado de alarma en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, «con suspensión de los plazos procesales, a excepción, en el orden penal, de los procedimientos de habeas corpus, servicio de guardia, actuaciones con detenido, órdenes de protección, actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, y cualesquiera medidas cautelares en materia de violencia sobre la mujer o menores (DA 2a)».

Añade que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado 14 de marzo la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales, salvo de los servicios esenciales, debiéndose mantener los edificios judiciales abiertos y operativos a estos efectos.

Delgado recuerda que el pasado 14 de marzo ella dictó un decreto en el que, en coordinación con el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, determinó los servicios esenciales que debían mantenerse en la Administración de Justicia.

Apunta que sin perjuicio de lo anterior, el 10 de marzo dictó otro decreto en el que impartía determinadas Instrucciones a fin de asegurar la prestación del servicio público y la protección de la salud de los fiscales.

En él determinó la generalización del teletrabajo y la presencia efectiva del Ministerio Fiscal en el servicio de guardia, “evitando en lo posible todos los desplazamientos” y “potenciando el uso de medios telemáticos (videoconferencias)”, debiendo velar los fiscales jefes por su cumplimiento “en el marco de su capacidad directiva y auto- organizativa”.

Delgado destaca que nuestro ordenamiento jurídico prevé expresamente el uso de sistemas de videoconferencia u otros similares que permitan la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes.

Recuerda que el artículo 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) determina, cuando así lo acuerde el juez o tribunal, la posibilidad de realizar actuaciones judiciales mediante este tipo de sistemas de comunicación telemática, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa.

También alude a los artículos 325 y 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permiten la intervención en el procedimiento de investigados, encausados o testigos a través de dichos sistemas telemáticos por razones de utilidad, seguridad u orden público.

Añade que el artículo 306.4 de la LECrim faculta expresamente y en todo caso la intervención telemática del Ministerio Fiscal durante la fase sumarial del procedimiento penal, que el 520.2.c contempla la posibilidad de facilitar a la persona detenida que se comunique con su asistencia letrada por teléfono o por medio de videoconferencia, y que el 123.5 permite que la asistencia del intérprete a la persona investigada se preste por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación.