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La Abogacía ante la crisis del COVID-19

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. Foto: Carlos Berbell
| | Actualizado: 20/03/2020 0:27

España padece una situación que no habíamos imaginado ni en la peor de nuestras pesadillas.

Y la Comunidad de Madrid se está llevando, hoy por hoy, y con terrible diferencia, la peor parte.

Desde hace apenas una semana, los ciudadanos, en el ámbito personal pero especialmente en el profesional, nos enfrentamos a una durísima paradoja: de un lado, la lucha por no paralizar por completo un país con los consiguientes daños, entre otros, el económico para las familias; de otro, el deber y la responsabilidad de colgar el cartel de ‘cerrado’ para hacer prevalecer, como ninguna otra causa, la salud y la propia vida de cada uno de nosotros.

Aún así, el Estado de Derecho debe seguir funcionando, también en circunstancias excepcionales.

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En su engranaje, los abogados desempeñamos un papel crucial, haciendo posible el sagrado ejercicio del derecho de defensa, que en modo alguno puede quedar suspendido o amputado.

Precisamente por ello, y como  primer responsable institucional de la Abogacía madrileña, me he visto obligado, nos hemos visto obligados, corporativamente, a responder a la dramática crisis del COVID-19 desde tres criterios fundamentales.

En primer lugar, desde el sentido de la urgencia.

En segundo término, desde la eficacia.

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En tercera instancia, desde la presión y, al mismo tiempo, la lealtad para con las instituciones locales, autonómicas y nacionales.

Sólo así percibimos que podremos ayudar, que podremos salir de este tan adverso atolladero, como gremio, juntos y alineados.

COMITÉ DE CRISIS 

A través de un Comité de Crisis que delibera y toma decisiones sin reservas y sin tregua, y que se reúne cada 24 horas, el Colegio de Abogados de Madrid no ha parado de tramitar solicitudes y aprobar medidas para la mejor salvaguarda de los derechos y los intereses de 77.000 compañeros y compañeras.

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Requerimos al CGPJ la dispensa del uso de togas y a todas las autoridades pertinentes para que facilitaran a cada letrado medios de protección individual.

Estamos prestando soporte, en estos compases aciagos, a los letrados y letradas a través de las dependencias colegiales abiertas: las oficinas de enlace de Plaza de Castilla, Albarracín y Móstoles, y la central de Serrano 11, previa cita.

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El equipo directivo del Colegio, su Junta de Gobierno y personalmente y a diario su Decano, están manteniendo interlocución permanente con todas las autoridades judiciales y policiales para la mejora de las circunstancias del ejercicio profesional.

Estamos sistematizando el conjunto de la información recibida y comunicándola en tiempo real a través de todas las plataformas de las que disponemos: página web, redes sociales y un mailing ordenado para dar toda la difusión posible, entre otras, a las resoluciones dictadas por Juzgados y Tribunales.

No bajaremos ni un instante la guardia. Mantenemos a un equipo permanente de Defensa de la Abogacía para la atención telefónica de cuantas dudas y consultas se vienen planteando.

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COMUNICACIONES ABIERTAS 

Está abierta plenamente la comunicación con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, la Audiencia Nacional, el Juzgado Decano de Madrid, la Delegación del Gobierno, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el Presidente de la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial, con el fin de interesar la práctica de actos judiciales y la asistencia a personas detenidas de forma telefónica o mediante videoconferencia.

La casuística a la que nos enfrentamos, en muchos de sus parámetros, resulta inédita, y no es fácil de gestionar.

El Colegio está amparando a los compañeros cuando se está produciendo cualquier conflicto, no justificado, entre la protección de la salud y requerimientos que reciben de las autoridades judiciales o policiales para la realización de cualquier actividad que implica presencia física.

Así lo seguirá haciendo.

Nuestra mirada está puesta con especial énfasis en quienes ya se anticipa que peor lo pasarán.

FUNDACIÓN CORTINA 

De ahí que hayamos acordado que la Fundación Cortina, esencial en su función de canalizar las prestaciones asistenciales en el seno de la Corporación, en la medida de sus posibilidades económicas, atienda aquellas solicitudes de ayuda debidamente justificadas de los colegiados y colegiadas que, como consecuencia del mazazo del coronavirus, puedan verse en una situación de necesidad.

La Junta de Gobierno estudia ya posibles fórmulas para incrementar los fondos de la Fundación, ampliando así la protección de las personas más afectadas, independientemente del tiempo que llevan de ejercicio profesional.

En paralelo, y como medida adicional de refuerzo, valoramos poner ‘Espacio Abogacía’, el «coworking» del ICAM, a disposición de manera gratuita de aquellos compañeros que atraviesen especiales dificultades.

Hemos trabajado y trabajamos, en fin, para mantener, como hemos hecho hasta ahora, los servicios de guardia enteramente operativos, evitando así que se limiten o laminen derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva o la asistencia letrada a detenidos; y lo hicimos desde el minuto uno de ésta tan adversa contingencia.

Es encomiable la tarea que están llevando a cabo quienes, desde el Turno de Oficio, no están parando para asegurar el derecho de cada ciudadano de acceso a la Justicia: cuentan con todo nuestro aliento y respaldo.

Es en momentos de crisis cuando se demuestra el verdadero compromiso de las personas, con las organizaciones y con la sociedad.

Es ahí cuando se descubre la genuina fuerza, al medirse frente a un obstáculo mayúsculo.

La Abogacía institucional no va a escatimar ni un solo gramo de su energía ni de sus capacidades en la lucha diaria para que el Estado de Derecho, en la decisiva porción que nos corresponde, mantenga su vigor y prevalezca.

Creemos profundamente en lo que significamos.

Hagámoslo valer.